XALAPA, VER. - Como parte del proceso de fiscalización de recursos públicos, el área jurídica del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ha presentado al menos 25 denuncias penales por daño patrimonial en los ejercicios 2018 a 2022.
El presunto daño patrimonial corresponde a la administración del exgobernador, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos.
“De la pasada administración se presentaron 25 denuncias aproximadamente, son OPD´s, Tecnológicos, Fideicomisos. Hemos estado en contacto para las ratificaciones de las denuncias y la integración de los expedientes”.
En entrevista, en el informe de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, planteó que las querella implican un daño patrimonial por 150 millones de pesos que no se justificaron de los años 2018 a 2022; y se analizan expedientes para proceder legalmente de la cuenta 2023. En octubre de este 2024 se aprobó la Cuenta Pública del 2023, por lo que los entes aún están en posibilidad de justificar el manejo financiero de los recursos públicos.
"Ya llevamos más de 20 denuncias presentadas y bueno pues seguiremos todavía, ya que, si no contamos con los elementos para cerrar un expediente, pues no asumimos nosotros una responsabilidad en esos términos y presentamos las denuncias que correspondan. Ya tenemos varias”, confirmó en una breve entrevista.
Reconoció que no todas las denuncias tienen que ver con daño patrimonial, en algunos casos se trata de la presentación de documentos apócrifos, y otras más porque no se justificó el correcto manejo financiero de 150 millones de pesos.
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La funcionaria del ORFIS comentó que a ellos no se les notifica cuando se judicializan las denuncias, no obstante, cada vez que les piden información ellos presentan documentación adicional para que se pueda proceder contra los responsables del mal manejo financiero.
La mayoría de las denuncias se presentaron luego de que no se logró cerrar los expedientes para justificar el manejo financiero de los recursos públicos en los ejercicios fiscales de los primeros cuatro años del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
“La ley señala de siete años para justificar) las observaciones (…) pero no necesitamos agotar todo ese tiempo, necesitamos revisar cada año, con los informes que tenemos que entregar al Congreso”.
A la fecha, dijo, varios alcaldes y exfuncionarios municipales y estatales han entregado información de justificación del manejo financiero, de no concretarse se presentarán nuevas denuncias.
mb