XALAPA, VER.- A dos años del crimen de Jonathan y Eduardo, menores de edad asesinados en la localidad La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, por policías de la Fuerza Civil, la Red Unidos por los Derechos señaló a la Fiscalía de Veracruz de ser cómplice de la impunidad y responsables de las omisiones para hacer justicia a los familiares.
En un desplegado publicado este domingo 2 de julio, fecha del aniversario luctuoso de este suceso, la Red Unidos por los Derechos Humanos, hace un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), organizaciones civiles, defensoras y defensores de DH para brindar apoyo a las familias de Amatlán.
Y es que señalan que, hasta el día de hoy, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, “protege de omisión y negligencia a los perpetradores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz”, pues hasta el momento, no hay personas detenidas por los crímenes.
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En el comunicado explicaron que tras el asesinato de los menores, mismos que se encontraban en el patio de la casa de un familiar, los policías de la Fuerza Civil amenazaron a familiares y vecinos de la zona mientras alteraban la escena del crimen.
“Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, amenazaron a las personas de la casa, los hicieron tirarse al piso, los torturaron y amedrentaron, mientras tanto modificaron la escena de su cobarde crimen, sembraron supuestos indicios, cambiaron plazas a los vehículos de la casa que lavaban los menores”
Tras esto, señalan que desde el primer día, la investigación ha sido sustentada con inconsistencias e irregularidades, asimismo, que se vulneraron los derechos de las víctimas y de sus familias, a pesar de que ya se acreditó en carpetas de investigación que el hecho fue un ataque directo en contra de los menores, no un enfrentamiento como lo habían manejado los elementos de seguridad.
Además, del reclamo de justicia, exigen al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que cumpla su palabra de que se haría justicia, para que los policías involucrados sean castigados por ambos crímenes de los menores de 13 y 15 años de edad.
“Exigimos al gobernador que cumpla su palabra, pues en declaración de noviembre de 2021 mencionó que se haría justicia a los menores, en lo que señaló “un daño colateral”. En dicha declaración presumió que la Fiscalía investigaría el hecho y se llevaría a los responsables ante la justicia, al día de hoy después de dos años del cobarde homicidio, lo que constatamos es que la fiscalía protege a los perpetradores”, señalaron.
Por último, piden a organizaciones civiles, de defensoras, defensores de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de derechos Humanos, que se pronuncien, organicen y brinden apoyo a las familias de Amatlán de los Reyes, en exigencia de justicia y verdad.
“A las familias de Eduardo y Jonathan les enviamos un abrazo fraterno y refrendamos nuestra solidaridad y apoyo para seguir exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición”, finalizan.
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