LIMPIA PÚBLICA

Tras 15 años, terminan concesión con empresa de limpia pública en Poza Rica

La empresa privada P.A.S.A. dejó de dar servicio de limpia pública, el cual ahora será dado por el ayuntamiento

Escrito en VERACRUZ el

POZA RICA, VER.- Luego de haberle costado a los pozarricenses 740 millones, 319 mil, 822 pesos, a lo largo de quince años, finalmente en el primer minuto de este jueves culminó el contrato que firmó el ayuntamiento que encabezó el ex alcalde priísta, Pablo Anaya Rivera con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA). A partir de este 22 de junio el servicio de recolección de basura pasará a manos del gobierno municipal. 

Según el Contrato Administrativo para la Concesión del Servicio de Limpia en sus Etapas de Recolección, Reciclaje, Transporte, Transferencia, tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos, al que se tuvo acceso, en sus cláusulas segunda y tercera, el periodo pactado de 15 años terminó en el último minuto de este 21 de junio de 2023. El contrato se firmó el 5 de Mayo de 2008, con el aval de los entonces Síndico Único, Efraín Ortega Márquez, el regidor de la comisión Rodolfo Villa Salas y la mayoría de los ediles de la comuna 2008-2010.

El documento obtenido precisa en la cláusula segunda que la vigencia de 15 años es contada a partir de que inicia la prestación de los servicios; con posibilidad de suspenderse o rescindirse, más no de prolongarse. Por su parte, la cláusula tercera establece una obligación al concesionario para “iniciar los servicios pactados en el presente contrato a más tardar el día veintiuno de junio de dos mil ocho”, siendo esta la fecha que se tomó como inicio de operaciones.

Lo cierto es que esa misma cláusula, puntualiza que el servicio de disposición final de los residuos sólidos recolectados, se iniciaría en términos de un “segundo documento”, identificado como “segunda parte” del contrato, dicho contrato se firmó el 12 de septiembre del mismo año, casi tres meses después de que se había iniciado la recolección de toneladas de basura en toda la ciudad. 

Y es que, en ese entonces, el ayuntamiento encabezado por Anaya Rivera, se encontraba determinando la situación jurídica del sitio de disposición final, lo que se conocía popularmente como relleno sanitario propiedad del municipio de Poza Rica. En la primera cláusula del segundo documento, el ayuntamiento otorga a PASA la concesión para la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos y la construcción de un nuevo relleno sanitario para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos generados por el municipio, mismo que la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, nunca construyó.

Con base en la segunda cláusula del contrato complementario, el ayuntamiento entregó en comodato el terreno donde tenía el relleno sanitario de los pozarricenses, fijándole un periodo no mayor a 6 años o vida útil del mismo. Sin embargo, PASA extendió lo más que pudo la utilización del sitio para evitar gastar en la construcción de uno propio, de manera que la empresa incumplió durante quince años con la disposición final de los residuos sólidos, hecho que quedó comprobado el 18 de mayo de 2020, cuando la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), clausuró el relleno sanitario del municipio, que era operador por PASA.

A pesar de que se violaba la legislación ambiental, el ex alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, autorizó nueve días después de la colocación del sello de clausura, el pago de 4 millones 112 mil 887 pesos y 90 centavos a la empresa, con recursos provenientes del FORTAMUNDF 2020. Ignorando además las exigencias de la entonces edil comisionada en limpia pública, Gregoria Miguel Reyes, quien denunció que la empresa no cumplía con el reciclaje, separación y tratamiento de los residuos. 

Esta falta de cumplimiento de contrato, habría permitido la cancelación del contrato sin responsabilidad para el ayuntamiento, sin embargo, el ex alcalde morenista, no tuvo la convicción de hacerlo, de manera que desde entonces se siguió pagando de forma mensual poco más de 4 millones de pesos, por un servicio que, a lo largo de 15 años, fue deficiente.

mb