XALAPA, VER.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado un total de 79 denuncias penales contra el gobierno de Veracruz, por el presunto desvió de recursos públicos. Las querellas se acumulan desde el año 2006 al 2018.
En el paquete de querellas del 2022, la última que se interpuso fue el día 24 de noviembre del año 2022, e involucra a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador en el bienio 2018-2022. Fue la primera que presentó la ASF contra el panista.
La denuncia 1139 corresponde al ejercicio fiscal 2018, en base a la auditoría 1583-GB-GF, en la que se observó el mal manejo de 349 millones 775 mil pesos que se destinaron al Sistema Estatal de Videovigilancia que se presentó como el programa estrella del gobierno de Yunes Linares.
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Esa es la segunda denuncia que se presenta contra el panista, pues el 9 de marzo del 2019, el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar el presunto desvió de mil millones de pesos, que se invirtieron en el Sistema de Videovigilancia.
Por qué presentó la denuncia de la ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La revisión reveló que el contrato y sus convenios modificatorios se estableció un periodo de ejecución de 252 días con fecha de conclusión al 16 de agosto de 2018, sin que en a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos.
Incluso, estaba pendiente finiquitar el contrato, y para ese momento era necesario que el gobierno del Estado aplicara las penas por el incumplimiento del mismo, por lo que tras la revisión de la ASF se inició el proceso de rescisión de contrato.
Por su parte, la Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, se integró el expediente número OICSSP/DTyA/095/2019.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pagó mil 44 millones 523 mil pesos de diversas fuentes de financiamiento por el sistema; de ese total, 349 millones 775 mil pesos provenían de la federación.
Cuando se dio seguimiento al contrato que firmó el estado con la empresa Comtelsat se verificó que los convenios no estipularon la cantidad de bienes adquiridos por fuente de financiamiento; además, en las facturas emitidas por el proveedor no se registraron los números de series y de identificación de los bienes.
Como parte de las visitas físicas de los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín y del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5) de Veracruz, se verificó que se careció de la entrega formal de los bienes.
Las autoridades no identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos del equipo; además, el funcionamiento de las cámaras instaladas no fue optimó, ya que la mayoría no funcionaron correctamente o no recibían la señal.
Por todo lo anterior, y después de un año que se pidió el reintegró del dinero que se transfirió al Estado, la ASF presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre del año 2022.
mb