XALAPA, VER.- El gobierno del Estado había hecho un acuerdo con la empresa Comtelsat, encargada de la instalación del Sistema de Videovigilancia que inició en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Cuitláhuac García Jiménez asegura que dicha empresa ha incumplido al acuerdo.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se sentó a negociar nuevamente con los representantes de la empresa para llegar a un nuevo arreglo, que les obligarán a cumplir, adelantó el gobernador García Jiménez.
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Recientemente la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) confirmó que el caso de las denuncias por las cámaras de videovigilancia sigue su curso legal, y comentó que como parte de la investigación se vinculó a proceso al entonces secretario de Seguridad, Jaime Téllez Marie.
Además, se confirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal en noviembre del 2022, en la que exige el reintegro de 333 millones de pesos de recursos federales que se usó para pagar a la empresa Comtelsat.
Al ser cuestionado por el avance de operación del sistema, el gobernador García Jiménez ofreció dar una conferencia de prensa para dar a conocer la información sobre lo que fue el programa estrella en el gobierno de Yunes Linares y que derivó en al menos tres denuncias penales.
“Yo pedí se presionara a la empresa para cumplir el acuerdo que habíamos logrado hace un año y medio (…) no ha cumplido; lo que pasa es que a la empresa se les dio una parte de dinero, ellos dicen que no todo, que por eso también exigen, pero se demostró que sí hubo un contrato en el que se establecieron ciertas clausulas que debía cumplir la empresa”.
García Jiménez comentó que se buscó hacer funcionar algunas cámaras que se necesitaban, que es el 30 por ciento, pero no se ha avanzado más, “entonces volvimos a llegar a un acuerdo y vamos a buscar que se cumpla”.
El mandatario descartó que Téllez Marie esté vinculado a proceso, como lo anunció la titular del Orfis. García Jiménez dijo que "se trata de persona de nivel más bajo" y debe acudir a firmar de manera periódica a Pacho Viejo.
El Estado, dijo, buscó negociar con la idea de hacer funcionar las cámaras y evitar un juicio que les pudiera llevar años, sin embargo, el Orfis, la SSP y la ASF tienen denuncias contra la empresa xalapeña. El sistema estatal de videovigilancia tuvo un costo total de mil 40 millones de pesos, que se pagaron con recursos estatales y federales.
fm