XALAPA, VER. - Trabajadores del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) protestaron este martes por la omisión en el incremento de sus prestaciones, que debió resolverse desde el 2020.
“Desde el inicio de este gobierno hemos estado en austeridad dando nuestro mayor esfuerzo y dedicación”, señalaron.
Sin embargo, precisaron que, pese a ello, Román Meyer Falcón, titular de SEDATU y Plutarco García Jiménez, director en Jefe del RAN, “no tengan la voluntad” de revisar las condiciones de trabajo de los empleados.
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GANAN IGUAL QUE EN 2020
Los inconformes precisaron que desde el año 2020, las condiciones laborales debieron registrar un incremento a favor de los empleados, pero ello hasta la fecha no ha ocurrido.
“La situación económica del país y la inflación ya nos rebasaron; el sueldo más alto en esta dependencia es de 7 mil pesos quincenales de los cuales hay que descontar impuestos y deducciones de ley, créditos personales, créditos de vivienda”, acusaron.
Los empleados, apostados a las afueras del RAN y cargando cartulinas con diversas consignas señalaron que muchos de ellos son el único sustento de su familia y con los salarios que actualmente ostentan, no les alcanza.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Además, señalaron que el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional establece que las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de éste, se revisarán cada tres años.
“Por lo cual nosotros lo hemos solicitado desde el 2019 y a la fecha no quieren dar cumplimiento”, reprocharon.
Igualmente recriminaron que no se quieran incrementar las prestaciones cuando en las propias palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación significa “empleo, trabajo y bienestar”.
Respecto a la ley de Austeridad Republicana, cuya aplicación reclaman los trabajadores establece lineamientos de ahorros, sin embargo, la misma indica que esta debe aplicarse sin lesionar los derechos sociales, como el salario.
Así, el artículo 6 establece que para dar cumplimiento a los fines de dicha Ley, los entes públicos sujetarán su gasto corriente y de capital a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Ingresos de la Federación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a los objetivos señalados en la presente Ley y de acuerdo con las demás disposiciones aplicables en la materia.
Asimismo, el artículo 7 indica que la política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política.
Sin embargo, la propia ley señala que, para aplicar la política de la austeridad republicana de Estado, los entes públicos deberán “abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte”.
Igualmente, destaca que las medidas de austeridad republicana deben ser enfocadas de forma preferente en el gasto corriente “no prioritario en los términos de la presente Ley”, así como evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
mb