XALAPA, VER.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a elementos de la Fiscalía General del estado de Veracruz y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, por los actos de violaciones a los derechos humanos a la libertad, legalidad y seguridad jurídica por la detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida en agravio de seis personas, actos de tortura en agravio de cuatro personas y la privacidad del domicilio de una persona, en el municipio de Río Blanco.
En la recomendación emitida con número de folio 88VG/2023, se detalla de manera puntual las observaciones y análisis de las pruebas de los hechos ocurridos en junio del año 2021 en las instalaciones de la Bodega Comercializadora Maga, ubicada en la calle Reforma, del municipio Río Blanco, en la zona centro de Veracruz.
Se acreditó que a través de videos, testimonios y peritaje, que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y amenazadas si no firmaban declaraciones en las que se les autoinculpaban, así mismo qué elementos ministeriales simularon que las víctimas habían sido detenidas en flagrancia.
LOS HECHOS
En un video difundido por el empresario José Antonio May González señaló que integrantes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) torturaron a trabajadores al ingresar a las instalaciones de la Bodega Comercializadora Maga, en Río Blanco, en junio del 2021.
Detalló que los elementos entraron a su propiedad con el argumento que había una persona privada de su libertad, en dicha grabación responsabilizó a Hugo Gutierrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de aquel entonces, a Rodolfo Astudillo Medina, director de la UECS y a José Arturo Santiago Zavaleta, delegado de la SSP en la zona, de lo que pudiera sucederle.
“Policías llegaron a la empresa a hacer una revisión con el argumento que había un secuestrado, se metieron sin orden de cateo”, dijo el empresario.
RECOMENDACIONES
Por estos hechos, la CNDH emitió una serie de recomendaciones que deberá cumplir también el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giádans, en conjunto y por separado.
Cuiltáhuac García Y Verónica Giádans, deberán:
Colaborar con el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Veracruz para el registro Estatal de Víctimas de 7 personas.
Brindar a las víctimas, en caso de que se requiera, atención psicológica gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible bajo su consentimiento por las violaciones a derechos humanos.
Colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en el seguimiento de las carpetas de investigación por los hechos y observaciones de la recomendación.
Girar instrucciones a fin de que sean devueltos los bienes a su propiedad y en caso de no hacerlo, se pague su valor actualizado.
Designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
A su vez, a Cuitláhuac García deberá diseñar e impartir, dentro del plazo de seis meses,” un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y legalidad, así como la prevención de tortura y otros tatos o penas crueles, inhumanos o degradantes (…) además elementos de la SSP de Veracruz adscritos al municipio de Río Blanco, Veracruz, involucrados en los presentes hechos, el cual deberá ser efectivo para prevenir sucesos similares a los del presente caso”
A la par, Verónica Hernández Giádans deberá “. Diseñar e impartir dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y a la legalidad, así como para la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigido a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR8, AR9 y demás personas servidoras públicas que hayan participado en los presentes hechos adscritas a la Delegación Regional de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz; el cual deberá ser efectivo para prevenir sucesos similares a los del presente caso”.
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