A siete años de clamar justicia, las familias de los jóvenes Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O tocaron las puertas de tres administraciones de Veracruz, todas de distintos partidos. Aseguran que ninguna ha podido responder por las desapariciones forzadas en Tierra Blanca.
El 11 de enero de 2016 marcó la vida de José Benítez, padre del joven que llevaba su mismo nombre y apellido. Como cada año, este miércoles 11 de enero, el hombre tomó valor para dar entrevista y exigir justicia por su hijo, detenido y desaparecido por policías estatales, junto con otros cuatro jóvenes de entre 27 y 16 años.
La desaparición de los cinco jóvenes se registró durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa; sin embargo, la investigación no ha tenido resultado, a pesar de que pasó por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional (PAN) y ahora se encuentra con Cuitláhuac García Jiménez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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“Estamos peor que nunca…de la chingada”, dijo José en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva este 11 de enero del 2023. Aunque fueron detenidas 21 personas por el caso Tierra Blanca, incluido un integrante del CJNG que fue asesinado, de los 20 que quedan ninguno tiene sentencia.
De los encarcelados ocho son expolicías y 12 civiles, pero no hay una garantía de su estadía tras las rejas, tal como se prometió por las administraciones estatales y federales, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.
Benítez lamentó que desde el 2019 no tengan atención del Estado ni la Federación. Si bien en aquel año hubo una disculpa pública tras la presión mediática del caso y la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el padre expresa sentirse con desesperanza e impotencia por la indiferencia de las autoridades de tres gobiernos estatales y dos federales por los que ha atravesado desde la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca.
En las recientes acciones por buscar justicia en el caso, José denunció que el juez José Arquímedes Gregorio Luna, pide a los familiares presentarse en oficinas de Boca del Río cuando podrían hacer videoconferencias. José Benítez calificó el acceso a la justicia como un privilegio, pues la mayoría de los padres y madres son de escasos recursos, lo que dificulta los traslados desde Playa Vicente. También pidió en la entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva que se atienda su solicitud de audiencia con la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
¿Qué se sabe del caso de Tierra Blanca?
Los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, regresaban del puerto de Veracruz, tras festejar el cumpleaños número 27 de Mario Arturo Orozco, uno de los desaparecidos. En su camino decidieron parar en un puesto de tacos en Tierra Blanca, donde fueron detenidos por policías estatales.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, ocho elementos de la Policía Estatal bajo el mando de Marcos Conde Hernández privaron de la libertad a los jóvenes y los entregaron a sujetos señalados como integrantes de la delincuencia organizada, para que después, en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan fueran asesinados y triturados.
En ese rancho fueron identificados los restos de al menos 300 personas, incluido un pedazo de tibia de Bernardo Benítez y sangre de Luis Alfredo González. El exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseveró que la desaparición de cuerpos en este lugar fue sistemática durante varios años. Es por esto por lo que familiares de los jóvenes piden un castigo ejemplar para las personas involucradas en el caso, pero dicen que la impotencia solo crece y pierden la esperanza.
La postura del gobernador Cuitláhuac García a casos de personas desaparecidas parece indiferente, pues este 11 de enero el mandatario canceló la disculpa pública que daría a familiares de ocho policías municipales desaparecidos desde hace 10 años en Úrsulo Galván.
11 de enero es la fecha que duele e indigna a las esposas y madres de los elementos de seguridad desde el 2013, mismo día, con tres años de diferencia, que José Benítez supo por última vez de su hijo cuando salió a celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos.
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