XALAPA, VER. - El trabajo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Romero Cruz, así como el de Joana Bautista, directora administrativa del Poder Judicial, fue observado en el año 2021 por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Según las auditorías de legalidad, desempeño y deuda pública, que realizó el Orfis al Poder Judicial, se observaron irregularidades en la adjudicación directa de contratos; hay deficiencias en la operación de las ciudades judiciales de Martínez de la Torre, Papantla y Tuxpan; y se dio un aumento en el gasto de servicios personales, de pago de nómina, de más de 350 millones de pesos.
Si bien, el Orfis no reportó daño patrimonial, sí reconoce que la documentación que se presentó fue insuficiente para solventar las observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia.
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El Poder Judicial se vio obligado a implementar un plan de austeridad, pues a mitad de 2021 ya se habían gastado el presupuesto anual y tuvieron problemas para el pago de nómina. En su momento, la magistrada Concepción Flores Saviaga alertó del gasto excesivo en nómina, lo que se confirmó en la revisión financiera.
En diciembre de 2020, el Congreso de Veracruz aprobó un presupuesto para el Poder Judicial -para el año 2021- de mil 614 millones 280 mil pesos y, según la auditoría, terminaron gastando mil 874 millones 659 mil pesos.
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El mayor aumento de gasto se reportó en el pago de nómina y prestaciones a los trabajadores. Se habían presupuestado mil 124 millones 865 mil pesos y terminaron pagando mil 476 millones 560 mil pesos. En solo un año se incrementó la nómina en 351 millones 695 mil pesos, lo que generó un déficit presupuestal.
Ciudades judiciales se construyeron con Tabla roca y se filtran
Respecto de la revisión de cuatro Ciudades Judiciales, se detalló que en Martínez de la Torre, Papantla y Tuxpan se presentaron áreas de oportunidad para mejorar la supervisión con la finalidad de mantener la estructura digna, eficiente y funcional, además de verificar los espacios de acuerdo con su objetivo de creación, ya que no se encontraron en función.
En el caso de Martínez de la Torre, la auditoría detectó que se reventó una tubería del privado del Juez 4to y se inundó el área de la segunda planta y afecta la sala de audiovisual.
“Se gotea y no se cuenta en el área ningún tipo de ventilación, la solución que dieron los ingenieros que fueron tiempo atrás fue que se hicieran unos abanicos de papel”, reporta la auditoría.
En Papantla, la revisión permitió identificar que existe humedad en el área de proyectista, cuando llueve penetra el agua en pared y techo; en la parte trasera del edificio, existen riesgos de deslaves, y caída de piedra, gran parte del inmueble se edificó con tabla roca.
En Tuxpan, la supervisión permitió a los trabajadores denunciar que los aires acondicionados gotean; los ventanales se cimbran; se ha dado el quiebre de cristales y hay áreas privadas en las que se dan filtraciones en época de lluvias.
Por lo que respecta a Medellín, se identificó que la supervisión sea fortalecida en relación con el cuidado del inmueble.
El Orfis detectó que los centros de impartición de justicia se han vuelto insuficientes, afectando la capacidad de atención a la población, buscando una mejora en su infraestructura y que cuenten con centros de impartición de justicia dignos, eficientes y funcionales que permitan a los habitantes del Estado el debido acceso a la justicia.
Joana Bautista, violó la ley al adjudicar obras de manera directa
Durante el ejercicio 2021 se reportan 6 obras adjudicadas mediante contrato por un monto total de 13 millones 912 mil 69 pesos, de esas se reportó una obra contratada a través del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, y las otras cinco se asignaron de manera directa.
Aunque el Poder Judicial justificó los montos, el Orfis le señaló que esos no correspondían a lo que establece la ley.
Se observó el contrato ADJ-PJE/DP/001/2021 de fecha once de enero del año 2021 por siete millones 440 pesos para el saneamiento de las instalaciones del Poder Judicial; el ADJ-PJE/DP/001/2021 por Adjudicación Directa celebrado en fecha 6 de enero de 2021, relativo al Contrato Abierto de Prestación de Servicios para la entrega de correspondencia con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
Así como el PJE/DP/003/2021 por Adjudicación Directa, de fecha 11 de enero del año 2021, celebrado con la empresa Elevadores OTIS, S. de R.L. de C.V., por un importe de 898 mil pesos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores ubicados en los edificios A, B y C de la Ciudad Judicial de Xalapa y elevadores del único edificio de la Ciudad Judicial de Veracruz.
Y el ADJ-PJE/DP/006/2021 celebrado con la empresa denominada Efectivale, S. de R.L. de C.V. de fecha 10 de marzo del año 2021 por un importe de ocho millones de pesos para la prestación del servicio para el suministro de vales de gasolina y tarjetas electrónicas recargables, pues se detectaron una serie de inconsistencias.
En todos los casos, la dirección administrativa argumentó que se aprobaron por el Consejo de la Judicatura, aunque la revisión del Orfis se refería a que no se contaba con la aprobación del subcomité de contrataciones.
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