XALAPA, VER.- La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, pasó de tener una carrera encumbrada en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a enfrentar denuncias en la administración de Cuitláhuac García Jiménez de parte de exfuncionarios que ella mantuvo en prisión y que hoy intentan llevarla ante la justicia y hasta separarla del cargo.
Con la llegada de la administración actual, todos los procesos que judicializó Sosa Jiménez contra duartistas, una veintena al menos, terminaron por caerse en tribunales. Jueces federales concluyeron, además, que su actuar fue extralimitado al conceder medidas cautelares de prisión preventiva justificada.
Esos movimientos fueron calificados por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, como una estrategia de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, para mantener la impunidad en los casos contra duartistas y culpar a su administración como la responsable de quedar en libertad.
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Por parte del exgobernador, fue el exfiscal Jorge Winckler, quien salió a dar la cara afirmando que efectivamente, con la llegada al poder de García Jiménez a finales de 2018, las puertas del penal de Pacho Viejo se abrieron “de par en par” para dejar salir a los duartistas, con quienes siempre se ha acusado un pacto de impunidad entre éstos y la llamada “4T”.
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En medio de esa guerra mediática y judicial quedó Alma Aleida Sosa. Apenas un mes y medio después de iniciar el gobierno actual, la jueza fue re adscrita en el municipio de Ozuluama, colindante con el estado de Tamaulipas, el más alejado del Poder Judicial y considerada zona de castigo entre trabajadores del Poder Judicial.
Sin embargo, con amparos ella logró revertir la decisión que entonces fue tomada por Edel Álvarez Peña, quien aún fungía como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y que fue vista como una forma de congraciarse con el recién llegado gobernador.
Hoy, pese a todo, volvió a estar vigente mediáticamente y sigue desempeñando su cargo en el juzgado del Puerto de Veracruz.
POLÉMICAS
Durante la época de Miguel Ángel Yunes Linares, la jueza Alma Aleida Sosa determinó que había elementos pertinentes y suficientes, aportados entonces por la Fiscalía General del Estado para iniciar procedimientos, entre otros, contra el exfiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, por desaparición forzada y Arturo Bermúdez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, por los mismos hechos.
Igualmente llevó los procesos que la Fiscalía de Jorge Winckler abrió en contra el extitular de Salud, Juan Antonio Nemi Dib; el extitular de la Secretaría de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino y el propio Javier Duarte de Ochoa por presuntos hechos de corrupción.
Sus determinaciones llevaron a que dichos exservidores públicos pasaran largas temporadas privados de su libertad como parte de las medidas cautelares dictadas por Sosa Jiménez, pese a que más tarde se comprobó que algunos de los delitos no ameritaban la prisión preventiva.
Precisamente una de las polémicas se abrió después de que el exfiscal Bravo Contreras dejara el penal de Pacho Viejo y emprendiera una batalla jurídica en su contra.
Entre los argumentos del acusado por desaparición forzada de personas, está una supuesta confesión de parte de Sosa Jiménez quien le habría dicho, de acuerdo con Bravo, que mantenerlo en prisión era una orden del entonces presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.
Con esa postura, la denunció por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y asociación delictuosa.
La denuncia de Bravo fue improcedente y se determinó el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, no paró ahí. El exfiscal también la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente desacatar una suspensión definitiva en su favor, que impedía que pudiera ser detenido.
De ese caso, recientemente algunos medios de comunicación informaron que Aleida Sosa había sido detenida tras liberarse una orden de aprehensión emitida por un juez de Distrito.
“Obviamente es falso, es información, considero, es pagada por la persona que me quiere afectar. Si existe o no un procedimiento en el fuero federal se atenderá, pero no es motivo de una detención.
“Será cuestión de que un juzgador insista en caso de que exista algún tipo de procedimiento penal en mi contra, pues fue en el ejercicio de la administración de justicia”, detalló en entrevista cuestionada al respecto.
SUPERA CASTIGO
Otra de las polémicas que rodean su vida profesional provino precisamente de la instancia donde desempeña sus labores.
A principios de 2019, Sosa Jiménez fue notificada de su cambio de adscripción de Pacho Viejo a Ozuluama, un municipio marginado a más de 300 kilómetros de Xalapa, colindante con Tamaulipas.
Por la determinación, la jueza se amparó y le fue concedida la suspensión temporal y luego definitiva para evitar que la segregaran a aquel distrito judicial.
Lo mismo ocurrió con la intención de enviarla al distrito de Misantla. El Juzgado Decimoctavo de Distrito determinó que habría un detrimento económico y social de ejecutarse el cambio, por lo que ordenó dejar sin efecto la determinación.
La orden, que fue vista como una oportunidad de Edel Álvarez Peña -quien buscaba la reelección en el cargo- para congraciarse con el gobierno morenista, fue tumbada por considerarse que no medió un procedimiento administrativo contra la jueza, que justificara la necesidad de enviarla a un sitio lejos del arraigo familiar que posee.
Pero no quedó ahí tampoco. Posterior al combate por la vía de amparo de las determinaciones de relegarla, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial inició el procedimiento administrativo sancionador 11/2020.
De dicho procedimiento, se determinó el 13 de mayo de 2021 suspenderla por seis meses de su cargo como jueza de control de Pacho Viejo.
Sin embargo, Sosa Jiménez logró una suspensión provisional al argumentar que no se encontraba desempeñando tal cargo al momento de determinar su suspensión, pues en ese momento se encontraba adscrita al Centro de Justicia para Mujeres.
También señaló el agravio que le propinaría ser suspendida de su cargo y por ende de sus prestaciones, en medio de una pandemia que la dejaba sin seguridad social y vulnerable, amén de no garantizarle un ingreso mínimo de subsistencia.
Con dos batallas ganadas al hilo, Sosa Jiménez no fue separada de sus funciones, que ahora desempeña en el puerto de Veracruz.
En entrevista reciente, llamó la atención su posición respecto a estos hechos. Primeramente, desmintió que tenga orden de aprehensión en su contra y destacó que se encuentra desempeñando sus funciones sin visos de acoso alguno e incluso reconoció el trabajo de Isabel Romero Cruz, presidenta del Poder Judicial.
Agregó que, si bien la administración pasada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz emprendió actos de acoso laboral en su contra, al pretender enviarla hasta Ozuluama o Misantla a impartir justicia, actualmente las cosas se han normalizado.
“Las políticas que se están utilizando actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz con nuestra señora presidenta obviamente han cambiado esas condiciones.
“Existe la encomienda para todos los que pertenecemos a esa honorable institución el hecho de brindar la mejor atención posible a la sociedad, al estado, a todos los veracruzanos y además evitar cualquier hecho de corrupción”, señaló.
Alma Aleida Sosa reiteró que ya no sufre acoso en su centro de trabajo o con sus superiores, pues recordó que las suspensiones otorgadas por jueces federales impidieron que fuera trasladada a otros distritos judiciales y logró recuperar su trabajo.
Actualmente se encuentra despachando en el juzgado de control de Veracruz, donde lleva casos de alto impacto como el de Yesenia “N”, acusada de matar a balazos y puñaladas a siete miembros de su familia.
“La cuestión de género se está garantizando en el caso particular”, agregó.
ESTIRPE JUDICIAL
Aleida Sosa es hija de Laurentino Sosa Capistrán, quien en su momento como juez estatal encarceló a Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz.
Acusado de presuntos desvíos de fondos públicos por más de 400 millones de pesos, el actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano fue encerrado en Pacho Viejo en 1994 por un año y tres meses, hasta que logró su exoneración de todos los cargos.
Sosa Jiménez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, siendo el primer lugar de la generación 1998-2002 con un promedio final de 9.8.
Cursó también un diplomado en Criminalística, impartido por el “Instituto Francisco de Vitoria” y tiene una Maestría en Psicología Jurídica y Criminología, en el Instituto Universitario de Puebla; grado que logró gracias a su promedio de diez.
Inició su carrera judicial como Secretaria de Acuerdos en la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores en el Estado, puesto en el que estuvo desde noviembre de 2004 hasta mayo 2006. También en la Comisión fungió como Consejero Vocal de junio de 2006 a julio de 2007.
Como Secretaria de Estudio y Cuenta estuvo adscrita a los juzgados Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, de octubre 2008 a enero 2010; al juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, de agosto a octubre 2008 y al juzgado Primero de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, de agosto 2007 a agosto 2008.
Su carrera como juez de primera instancia en el Poder Judicial empezó en 2010, tras haber aprobado satisfactoriamente el XIII concurso de oposición libre. Desde aquel año y hasta 2016 Sosa Jiménez pasó por los juzgados mixtos de Zongolica; el Primero de Huatusco; el de Papantla; el de San Andrés Tuxtla; el de Orizaba; el de Veracruz y finalmente en Pacho Viejo, en Coatepec.
Luego de eso, fue asignada como Juez de Control y Enjuiciamiento, pasando por los juzgados de Misantla, Pacho Viejo, el Centro de Justicia para Mujeres y el Centro Integral de Justicia zona Centro en el puerto de Veracruz, donde actualmente se desempeña, desde junio de este año.
Como docente, imparte cátedras en la Universidad Euro-Hispano-Americana, a nivel licenciatura, en materias como Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Seminario.
También es maestra frente a grupo en la Universidad de Xalapa, en la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial en Línea, donde imparte el módulo Teoría del Caso.
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