XALAPA, VER.- La Xiqueñada es ilegal, aunque autoridades y los organizadores “le cambien el nombre”. Activistas exponen que se trata de un espectáculo en el que se maltrata a toros y que les genera sufrimiento, algo prohibido en la Ley para la Protección de los Animales en Veracruz.
El presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental, José González Martínez, criticó que, con el argumento de que es una “capea”, actualmente las autoridades justifiquen este evento.
“Llámenle como le llamen, tenemos una Ley (…), y no está sujeta a capricho”, argumentó el también integrante de Movimiento Conciencia Internacional, organización que no descarta amparos contra la Xiqueñada de este 2022.
Cabe destacar que, debido a la intervención de jueces federales, las corridas en sitios emblemáticos como la monumental plaza de toros de la Ciudad de México han sido suspendidas.
En Veracruz la Ley ya impide organizar la Xiqueñada, donde se sueltan toros de lidia para ser toreados por el público, no obstante, los animalistas también podrían proceder vía amparo para cancelar el evento programado para el 22 de julio.
RECHAZO MUNDIAL
El activista y abogado pertenece desde hace algún tiempo al movimiento que tiene presencia en países de América Latina e incluso en Europa.
La página web de la organización destaca que tiene como objetivo "el respeto, cuidado y justicia para con los animales en sus diferentes especies y variedades, así como por la erradicación del abuso, el maltrato, la tortura y la muerte de las que son víctimas”.
De entre sus actividades en la mayoría de los países destacan las encaminadas a la erradicación del maltrato, buscando alternativas para la abolición de las corridas de toros o eventos como la Xiqueñada.
En México, la organización fundada en 2012 tiene presencia en casi todas las entidades federativas y para el caso de Veracruz, la presencia mayor es en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Desde ahí se han promovido proyectos de reformas a los reglamentos y leyes enfocadas al bienestar animal.
Con esas cartas, el abogado es enfático en el llamado enérgico al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general, Verónica Hernández, reclamando que las leyes no estén sujetas a sentimentalismos o conveniencias.
“El artículo 28 nos habla sobre las cuestiones que debemos observar en cuanto a la materia de protección animal; en su fracción décima nos prohíbe todo acto, hecho u omisión que pueda causar dolor y sufrimiento y ponga en peligro la vida del animal y pueda afectar su bienestar.
{"quote":"“En este punto es concreto, aunque le hayas cambiado el nombre, los espectáculos con animales vivos, en este caso, capea, tenga el nombre que tenga, está prohibido por la Ley para la Protección Animal del Estado de Veracruz”, destaca."}
Y no es la única norma que regula la prohibición de estos actos. El abogado señala que el propio Código Penal regula el maltrato animal, siendo el estrés al que son sometidos estos animales, una de esas formas de maltrato.
En su opinión lo anterior incluye no solo la Xiqueñada, también las corridas de toros, como la que igualmente se organiza en Xico como parte de las fiestas patronales en honor a María Magdalena, eventos que para el abogado revelarían que el estado de derecho no se respeta en la entidad.
{"quote":"“La acción es la misma y está como una falta administrativa y un delito ambiental, por lo tanto, exhortamos a las autoridades a que hagan uso y observancia de la norma que en este momento está vigente”, agrega."}
José González criticó que en pleno 2022 se quiera “jugar al vivo” y cambiar el nombre a actos que cuando menos desde el 2016 ya están prohibidos por las normas veracruzanas.
Pero no solo Veracruz ha prohibido los eventos con toros. En la Ciudad de México un juez federal concedió un amparo recientemente para detener las corridas en la Plaza México.
Claudia Leonardo, integrante del Movimiento Conciencia, considera que los toros reciben un trato degradante al ser utilizados para un espectáculo y dichos actos violan el derecho a un medio ambiente sano.
Ella no descarta que al igual que en la capital del país se busque el amparo y protección de la justicia federal para lograr detener estas actividades, programadas para el 22 de julio.
{"quote":"“Las organizaciones van a buscar medios legales (…); puede proceder en caso de que se esté violando alguna Ley”, dijo la activista al ser cuestionada sobre el tema."}
Y es que, en su resolución, el juez Jonathan Bass señala que conceder la suspensión definitiva para detener las corridas de toros en la Ciudad de México, no vulnera el orden público ni afecta el interés social, sino que, por lo contrario, “permitiría que las autoridades ejercieran sus facultades legales para evitar la contravención al derecho a un medio ambiente sano que ocasiona la muerte injustificada, los tratos crueles y los sufrimientos innecesarios de los toros de lidia”.
En la capital del país, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se ha mostrado activa en la defensa de la llamada Fiesta Brava. De hecho, interpuso un recurso de queja contra el amparo de la organización civil para que este sea desechado.
Luego, afirmó que la impugnación solamente se hizo como mero trámite desde la Consejería Jurídica de su gobierno y más bien se manifestó porque se haga una consulta ciudadana al respecto.
En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ha definido ninguna posición a favor o en contra, sino que le ha dejado esa responsabilidad a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que asuma su responsabilidad en la parte punitiva que representa un espectáculo con animales.
El alcalde, Luis Yoval Maldonado, anunció que para esta Xiqueñada se soltarían unos 24 toros, pero el gobernador dijo que “son temas que ve la instancia ministerial”.
"Yo no sé todavía del evento, no hemos tenido ninguna solicitud. Recuerden que el tema lo supervisa la Fiscalía", expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema el pasado 7 de julio.
DEBATE
Frente a la postura de González Martínez está la de Francisco Franco, el empresario que ha declarado públicamente que se hará cargo del evento de tauromaquia en Xico con motivo de las fiestas a María Magdalena.
Y es que debido a que el artículo 2 de dicha ley detalla que están libres de sanciones los espectáculos de tauromaquia, carreras de caballos, jaripeos, charrerías, entre otros; el empresario sostiene que no se trata de prohibir por prohibir.
De ahí que justificándose en esa excepción a la norma reguladora y en que por primera vez desde la llegada del covid-19 se podrá realizar el evento, está dispuesto a tomar la responsabilidad de la organización y realización de la corrida de toros.
{"quote":"“Sí tenemos la advertencia de que cualquier problema legal es nuestra responsabilidad y como tal, la asumimos”, señala al respecto."}
No sería esta la primera vez que el empresario rindiera cuentas ante la autoridad. En 2018 la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) lo detuvo acusándolo de haber permitido el ingreso de menores a las corridas de toros.
Finalmente salió sin ser acusado de manera formal, pues no se pudo confirmar que incurriera en delito alguno, por lo que todo quedó en una falta administrativa.
Cuatro años más tarde, advierte incluso que, si el gobierno estatal o las autoridades municipales pretenden detener la celebración de la fiesta taurina, serán estas las que incurran en un delito.
{"quote":"“Las corridas de toros están excluidas de la Ley de Protección Animal. Podrían ellos incurrir en un delito si suspenden el evento”, refiere."}
Pero José González Martínez no opina igual e insiste que la ley debe aplicarse sin distingo alguno.
Y en este punto, responsabiliza por igual al gobernador y al presidente municipal de Xico de hacer valer la norma, independientemente de las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que, si bien no tienen programada actividad alguna para bloquear los eventos, sí se mantendrán vigilantes de la postura de la autoridad veracruzana sobre la protección de los animales.
“Estos actos que generan violencia ya no pueden seguir; si no cumplen o es omiso, tendremos que cuestionar si se viola o no nuestro derecho a un medio ambiente sano”, enfatiza.
mb