Xalapa, Ver. – Como incorruptible y profesional calificó Andrés Manuel López Obrador a Regina Martínez Pérez, excorresponsal de Proceso en Veracruz. Esa ocasión (19 de noviembre de 2020), el presidente se comprometió a reabrir el caso del crimen de la periodista, estrangulada el 28 de abril de 2012 en su vivienda de Xalapa.
La promesa levantó expectativas y una ligera esperanza de saber la verdad sobre el asesinato de la periodista considerada por sus colegas como un símbolo en Veracruz. Pero las palabras de Obrador cumplen un año y medio sin tener eco con las autoridades procuradoras de justicia.
“Si el presidente reconoce el periodismo de Regina, pero ni así se investiga a fondo su crimen, el panorama puede ser desesperanzador para los demás casos”, opina Jorge Morales Vázquez, extitular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
El asesinato de Regina es uno de 29 cometidos durante los últimos 17 años contra reporteros de Veracruz. A ellos se suman siete que permanecen desaparecidos. En la mayoría la impunidad persiste. Y “sin justicia nunca se detendrá el problema”, dice Norma Trujillo Báez, periodista y amiga de Martínez Pérez.
A los 48 años de edad, Regina fue encontrada muerta en el baño de su casa. Sus victimarios la golpearon salvajemente y además la asfixiaron. La periodista previamente había referido con amistades sentirse con miedo y ser objeto de espionaje.
Por estos hechos fue detenido José Antonio Hernández Silvia, apodado El Silva. Actualmente, purga una condena de 38 años en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, por los delitos de robo y homicidio doloso calificado. No obstante, él ha declarado que su confesión fue instruida por autoridades bajo sesiones de tortura a lo largo de un mes.
La extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (FGE) minimizó el crimen al catalogarlo como un asalto y también lo desvirtuó como un tema pasional presuntamente por la entonces vocera del gobierno de Javier Duarte, Georgina Domínguez, quien poseía un dominio sobre la prensa local. Ello, de acuerdo con una investigación de Forbidden Stories.
Pero la sentencia contra El Silva no es sinónimo de justicia, advierte Jorge Morales. “Porque en la misma teoría de la procuraduría hay una persona prófuga, José Adrián Domínguez Hernández, alias El Jarocho”.
El exfuncionario agrega que, tanto la Fiscalía general de Veracruz como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debieron tomar en serio el llamado de López Obrador y reabrir el caso, porque la actividad periodística de Regina nunca fue considerada como una línea de investigación.
El trabajo de la excorresponsal de Proceso es descrito por Norma Trujillo como un emblema que deben considerar las nuevas generaciones de periodistas. Sus coberturas eran definidas por temas sociales, conflictos sindicales, abusos contra campesinos e indígenas, así como presuntos nexos de la clase política con la delincuencia organizada.
Las pesquisas de un crimen que tres gobiernos han ignorado
Jorge Morales recuerda que, tras el crimen de Regina Martínez, el entonces procurador de justicia en Veracruz, Amadeo Flores, se negó investigar el trabajo periodístico de la víctima debido a que, entonces, ninguna ley lo obligaba a hacerlo.
Desde que Regina fue designada como corresponsal de Proceso en Veracruz, en 2000, siguió con lupa las administraciones de los priistas, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa (sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa).
“Regina era una periodista que no se metía a prácticas malas, siempre se mantuvo al margen del poder, de corrupciones. Ella buscaba y tenía sus fuentes, es decir, sus reportajes no eran inventados”, comparte su amiga Norma Trujillo.
“Veracruz, un sangriento Estado feliz” (Proceso 3/12/2006), donde denunció el aumento de asesinatos en la entidad o “Alcaldes bajo la extorsión de los Zetas” (Proceso 21/9/2008), donde acusó a Herrera de abrir la puerta de Veracruz al sanguinario cartel, son algunas de sus publicaciones.
Pero Jorge Morales agrega un reportaje que en su momento firmó Jenaro Villamil —actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión— que pudo ser atribuido a Regina por las numerosas fuentes que manejaba. El texto se tituló Dos regresos peligrosos, publicado en la edición #1849 el 8 de abril de 2012, 20 días antes del crimen.
En el texto se exponían dos nombres y presuntos nexos criminales: Reynaldo Escobar, exalcalde de Xalapa (2001-2004), secretario de gobierno con Fidel Herrera y procurador de justicia con Javier Duarte. Pero también el de Alejandro Montano Guzmán, exsecretario de Seguridad Púbica en el gobierno de Miguel Alemán.
“Investigaciones de la Procuraduría General de la República, basadas en los testimonios de 14 testigos protegidos, señalaron a Escobar como uno de los responsables del crecimiento de La Compañía y de Los Zetas durante el gobierno de Herrera Beltrán”
“Montano, quien presume su origen humilde como “cargador de legumbres en el mercado de Jamaica” (Imagen Veracruz, 12 de mayo de 2011), es dueño de nueve inmuebles valuados en 93 millones 800 mil pesos, según una lista entregada a Proceso. Su residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa tiene un valor comercial de 20 millones de pesos y a nombre de su esposa aparece un terreno de 15 mil 500 metros cuadrados, donde se desarrolló el fraccionamiento La Toscana. El extitular de Seguridad Pública, dirigente local de la CNOP, es también presidente y director general del periódico Milenio El Portal”, se lee en el texto.
Jorge Morales lamenta que, pese a la petición de Obrador, estos contextos no han sido considerados por las autoridades. Norma Trujillo, en tanto, asegura que solo con una investigación escrupulosa se pueden aceptar los resultados, “algo que no ocurrido con Regina”.
Trujillo Báez precisa que la justicia no solamente ha sido una promesa del presidente, sino también de los últimos tres gobernadores de Veracruz. El actual mandatario morenista, Cuitláhuac García Jiménez, sostuvo el 7 de diciembre de 2020 que ayudaría en la investigación del crimen a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Javier Duarte también dijo que había justicia y Miguel Ángel Yunes Linares dijo que respetaría el nombre de la plaza central de Xalapa como parte de la libertad de expresión, pero tampoco hizo nada por el caso”, agrega Norma Trujillo.
Una verdad histórica fabricada
A los indicios que no se han tomado en cuenta, se suman otros que hoy forman parte de la verdad histórica en el crimen de Regina, mismos que fueron señalados como fabricados en una investigación periodística de 25 medios internacionales que se publicó en diciembre de 2020.
Dicha verdad histórica fue puesta en duda por Laura Borbolla, quien investigó ese caso desde la FEADLE y que además dio una entrevista para el Proyecto Cartel.
“Las manipulaciones, según Borbolla, comenzaron en la misma escena del crimen. La policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador y deterioró las huellas digitales encontradas en los objetos de la casa”, expuso. Además, hubo dos huellas localizadas en el domicilio de Regina que nunca fueron identificadas.
“Según la sentencia, el asesinato fue cometido por un ladrón de poca monta tras un intento de robo. Durante el juicio, El Silva confesó que fue a casa de Regina Martínez con un amigo común, José A. Hernández, apodado El Jarocho. Los hombres, supuestamente, exigieron a Regina que les entregara los objetos de valor y ahí comenzó una pelea que terminó cuando El Jarocho golpeó hasta la muerte a Regina. Posteriormente, huyó y jamás se ha vuelto a saber de él”.
Laura Borbolla nunca creyó en esta hipótesis. “Si hubiese sido un robo, todo hubiera sido un desorden. Además, varios objetos de valor seguían en la casa de Regina, entre ellos un elegante lector de CD, una impresora, una bolsa de mano y unos aretes de oro que estaban sobre la mesa”.
Otro funcionario señalado en el reportaje es Enoc Maldonado, director de investigaciones ministeriales en la administración de Javier Duarte. Maldonado ha sido acusado de alterar escenas del crimen ligadas a desapariciones, presuntamente cometidas por policías de Veracruz.
“Sentíamos que, por un lado, a mí me decía: ‘Sí, claro, fiscal; lo que tú necesites’. Yo me daba la vuelta y él les hablaba y les decía: ‘No le den nada’. Siempre fue esa la sensación con él”, refiere Borbolla en el reportaje.
Enoc Maldonado rechazó los señalamientos y sostuvo que la investigación se llevó a cabo correctamente y que, además, El Silva no fue torturado.
Proyecto Cartel también expuso que la versión oficial del crimen de Regina Martínez, así como la sentencia contra su probable asesino, fue replicada en redes sociales y por medios de comunicación, de dudoso origen, al servicio de los intereses del gobierno de Javier Duarte.
“El encargado de mover mediáticamente la sentencia fue El Golfo Veracruz con una noticia que decía ‘La PGJ esclarece el homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso’, que reprodujo repetidamente en Twitter.
Forbidden Stories descubrió que la mayoría de los perfiles que movieron la noticia eran falsos. Un análisis realizado por La Mesa de Trabajo contra la Desinformación, una asociación especializada en la identificación de campañas de Fake news, encontró que al menos 190 cuentas automatizadas (bots) fueron usadas en la operación”.
En ese escenario, este 28 de abril se cumplen 10 años del crimen de Regina Martínez. Un caso en el que el presidente Obrador prometió justicia, pero que, como la mayoría en Veracruz, son golpeados por la impunidad.
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