La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) dictaminó que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió omisiones en las investigaciones sobre el enfrentamiento de grupos de civiles armados y elementos de seguridad que dejó 20 muertos en el municipio de Jesús Carranza, en el sur de Veracruz, en 2016.
Derechos Humanos encontró que los agentes ministeriales que se encargaron de integrar la investigación cometieron omisiones y que personal de la dirección de Servicios Periciales vulneraron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Los enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en el que murieron 20 personas y dos resultaron lesionadas se registraron entre el 3 y el 5 de diciembre de 2016, durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En aquel entonces el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) era Jorge Winckler Ortiz, quien se encuentra prófugo desde el 3 de septiembre de 2019, cuando diputados locales de Veracruz lo removieron de su cargo para sustituirlo por Verónica Hernández Giadáns.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el pasado 31 de marzo la recomendación 66/2022 a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, para que se continúen las investigaciones del caso por presuntas violaciones en contra de 36 víctimas.
Según la CNDH, la queja que motivó la recomendación fue presentada el 22 de diciembre de 2016 junto con evidencia de notas periodísticas que narraban los hechos ocurridos entre el 3 y 5 de diciembre de ese año en las comunidades de Suchilapa del Río y Casa Blanca, ubicadas en Jesús Carranza.
Durante tres días consecutivos desde el 3 hasta el 5 diciembre de 2016, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno se enfrentaron a presuntos integrantes de una organización criminal en el municipio de Jesús Carranza, en el sur del estado.
Los tres enfrentamientos, registrados durante el primer mes de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares dejaron un saldo de 20 personas muertas, 66.6 kilogramos de cocaína decomisados y 28 armas de fuego de uso exclusivo de fuerzas federales.
De acuerdo con la narración de hechos de la recomendación emitida por Derechos Humanos, seis de las 20 personas fallecidas fueron identificadas. Las cenizas de cinco de ellas y el cuerpo de una mujer fueron entregados a sus familiares.
El resto de los cuerpos fueron inhumados en una fosa común del cementerio de Acayucan, municipio que también se ubica en la zona sur del estado de Veracruz.
La queja que recibió la CDNH también contenía información sobre la postura del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien aseguró que los hechos de violencia fueron a causa de “la estricta aplicación de la ley en el combate a la delincuencia y el salvaguardo de la seguridad de los veracruzanos”.
“Sin embargo, extraoficialmente se indicó que la mayor parte de las personas fallecidas presentaban el tiro de gracia, lo que explicaba su incineración.”, argumenta la CNDH en un comunicado.
La CNDH encontró irregularidades en las carpetas de investigación uno, cinco y siete que integró la fiscalía veracruzana administrada en ese momento por Jorge Winckler Ortiz.
De acuerdo con el órgano, el funcionario que inició la carpeta de investigación número uno no dio seguimiento a oficios que él mismo emitió, en los que solicitó que se verificara si las dos víctimas lesionadas contaban con antecedentes penales u órdenes de aprehensión.
También ordenó revisar si los vehículos que se utilizaron en los hechos tenían reporte de robo y constatar si las pruebas de rodizonato de sodio, es decir, de pólvora, que se tomaron a los fallecidos eran negativas o positivas, sin embargo, finalmente no dio seguimiento a sus solicitudes.
En la carpeta de investigación se encontró que el fiscal segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XX Distrito Judicial de Jesús Carranza tampoco dio seguimiento a los oficios que giró para esclarecer los hechos del 4 de diciembre de 2016.
Los elementos de la fiscalía omitieron realizar criminalística de campo, secuencia fotográfica y la elaboración de la mecánica de hechos. Tampoco se aplicó la prueba de Walker en la vestimenta de una de las víctimas para verificar si tenía pólvora y las necropsias presentaron errores de redacción.
Además, nueve de las víctimas continúan en calidad de desconocidas y de dos no hay constancia de que sus cuerpos fueran entregados a sus familiares.
La CNDH revela que el encargado de la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos notificó el 26 de septiembre de 2019 a la Visitaduría General de la FGE sobre las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación uno.
El 1 de noviembre de 2020, la Visitaduría General envió el expediente al Órgano Interno de Control, que lo concluyó y lo archivó por prescripción.
Derechos Humanos solicita a la fiscal Verónica Hernández Giadáns que se repare el daño a las víctimas que resultaron lesionadas y a los familiares de las personas que fallecieron, así como otorgarles atención psicológica y tanatológica.
La FGE también deberá continuar con las investigaciones de las carpetas uno, cinco y siete del caso para esclarecer los hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de diciembre de 2016 e identificar a las nueve personas que se encuentran en calidad de desconocidas para que sus restos sean entregados a sus familiares.
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