XALAPA, VER. - Rafael Atilano ganó un laudo para volver a trabajar en TAMSA tras haber sido despedido injustamente hace 6 años. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo dado de baja perdió un brazo al laborar para otra compañía.
Por esta razón, el Centro Industrial de Tenaris en México, uno de los más grandes del mundo en la fabricación de tubos de acero, se niega a darle la oportunidad de recuperar un empleo.
Rafael comparte que el personal jurídico le dijo “no nos sirves”, al proponerle su liquidación y negarle el acceso a la fábrica una vez que le quitaron su credencial.
El hombre de 35 años radica en Soledad de Doblado y aunque acudió a los cursos de capacitación para ser reinstalado actualmente le niegan el acceso afirmando que no hay ninguna vacante para personas con discapacidad.
“QUIERO UNA OPORTUNIDAD”
En entrevista el obrero recuerda que hace cinco años se encontraba trabajando de manera normal en la empresa AVISER S.A. de C.V., compañía perteneciente a Bachoco.
“Estaba en una tolva de alimentos y el operador no se percató que yo estaba limpiando la máquina, la activó y me agarró el brazo derecho casi a nivel de codo y la trituró”, cuenta.
Y aunque los arreglos laborales como compensación al suceso se hicieron con arreglo a la Ley, el bajo salario que percibía, aunado a que no perdió “todo el brazo”, no le permitió que se fuera a casa con una pensión digna.
Rafael continuó su litigio para volver a TAMSA tras haber sido despedido de forma injustificada hace 8 años, en 2014.
Así, precisa que el 18 de febrero de este año fue reinstalado, sin embargo, por azares del destino se enfermó de coronavirus covid-19 y tuvo que estar en un aislamiento de 7 días.
A su retorno a la planta, continuó con sus cursos de capacitación de manera normal, hasta este miércoles 23 de marzo cuando alrededor de las 13:00 horas lo mandaron a llamar de la oficina de la apoderada legal de la empresa, de nombre Rosario. Ahí empezó otro calvario.
“Llegando a la oficina de la apoderada legal vi que había otras dos personas. Cuando iba llegando vi que estaba también un licenciado que se llama Roberto Guevara que es de Relaciones Labores. Estuvimos los cinco ahí en la reunión”.
Rafael cuenta que la primera persona que tomó la palabra era un personaje desconocido para él, al que luego identificó como José Aurelio Cadillanos Pereda, otro apoderado legal que le indicó que le harían una serie de preguntas para saber qué hacía en su área antes del despido y de perder el brazo.
Inicialmente, pensó que era bastante humanista que la empresa se “preocupara” por la condición que ahora acarreaba y buscaran juntos una propuesta adecuada para el desempeño de sus labores.
Sin embargo, en medio de la narración solicitada, los apoderados legales lo presionaban, hostigaban e insistían una y otra en que mejor aceptara su liquidación “de una vez”.
“Estaba muy insistente a que me liquidara. Sería ya un finiquito y no me estaban respetando los años que no estuve”, critica al recordar que antes de ser despedido laboró 12 años, de los cuales cuatro fueron de planta o con base.
Entre los cuestionamientos, le solicitaban que respondiera solo sí o no, principalmente a preguntas sobre si podría realizar los trabajos asignados al área donde se desempeñaba; responder que tendría que intentarlo para conocer la respuesta, más hacía enojar a los abogados de la empresa.
EMPRESA SE DESLINDA
Rafael cuenta que, al finalizar la entrevista, le dieron a firmar el acta que contenía lo expuesto en la reunión y no encontró irregularidad alguna, pues se sujetaba a lo manifestado por él.
Sin embargo, a la par le entregaron una hoja en la que se señalaba la aceptación de que no podía ser reinstalado por su condición, que el sindicato no tenía responsabilidad sobre él y que la empresa quedaba deslindada.
“¿Oiga y esto qué quiere decir?”, cuestionó sorprendido. Como respuesta, le indicaron que a partir de ese momento no podía ya ingresar a la planta.
“Ya no puedes ingresar, dame tu credencial del trabajo y por favor retírate. Si no quieres firmar el papel ya no puedes estar aquí”, le indicaron.
“Nada más me dijeron que por mi discapacidad no podía estar ahí en la empresa. Esas fueron las palabras de la señorita -Rosario-. Me dio a entender que yo era casi un problema, un tipo de riesgo al estar ahí en la planta”, dijo.
Agregó que dicha abogada insistía en cuestionarlo sobre sus pretensiones al volver a la empresa con esas “condiciones” y sostiene que se mostraba molesta por cada respuesta que daba a las preguntas.
Rafael confirmó que no plasmó su firma en los documentos al considerar que hay otras áreas de la empresa en las que puede desempeñar alguna labor, no necesariamente en la que estuvo antes de su accidente, pero ni así pudo conseguir que se retractaran de la intención de echarlo.
“Nada más es que ellos quieran, pero ya sabe, te discriminan. Te dicen ‘no tenemos otra área para ti’ porque eso fue lo que me dijeron, que no hay áreas disponibles, en una empresa tan grande”.
TAMSA VIOLA SU CÓDIGO DE CONDUCTA
Tenaris TAMSA es una empresa tan grande que presume una generación de 4 mil 450 empleos directos y más de 23 mil indirectos.
Pero eso no es todo, la empresa no solo niega la reinstalación de un exempleado ordenado por autoridad laboral, sino que además con la probable discriminación hacia Rafael, violaría su código de conducta.
Dicho código, disponible en la página web de la empresa establece en el apartado 5.16 los lineamientos del ambiente de trabajo.
“Promovemos un ambiente de trabajo saludable y seguro. Se prohíbe la discriminación ilegal y el acoso en las relaciones laborales. Tenaris respeta especialmente las leyes que rigen los derechos humanos y el trabajo”, señala.
Y expresamente tiene una cláusula para supuestos como el de Rafael: “todas las personas tienen el derecho a postularse para un empleo en Tenaris o a ser consideradas para un nuevo puesto según los requerimientos de los puestos vacantes y criterios de mérito, sin discriminación arbitraria alguna”.
Agrega además que todos los empleados, en todos los niveles, deberán colaborar para mantener un clima de respeto frente a diferencias personales, pues no se tolerará ningún tipo de abuso, acoso, coerción o “bullying”, ya sea sexual, físico, psicológico o de cualquier otra índole, precisamente lo que se ejerció en contra del trabajador.
A la fecha, Rafael no puede entrar a la planta pues le quitaron por la fuerza su credencial de trabajador e insistió que el plan de liquidación que le ofrecieron no contemplaba los 8 años de salarios caídos.
Por otro lado, la pensión que recibe de la planta donde sufrió el accidente que lo llevó a perder su brazo solamente es de 3 mil pesos mensuales, dinero que no le da para mantener a sus cuatro hijos y a su esposa, que tampoco tiene un trabajo estable.
“Ella -su esposa- me ayuda cuando puede y tiene chamba, pues no tiene un sueldo base”, lamenta.
El hombre no reprocha la condición que lo llevó a estar así y tan lo sabe, que está seguro de que puede desempeñar cualquier otro encargo, como una persona en silla de ruedas que hace 8 años, antes de que lo corrieran, también laboraba en TAMSA.
“Afortunadamente por el amor de mi familia no entré en depresión. Me siento capaz de realizar cualquier cosa. Solo quiero que me den una oportunidad para sentirme útil, no un inútil. Esa es mi inconformidad, si ya me habían aceptado, ¿por qué otra vez me vuelven a discriminar?”, cuestiona.
Este medio buscó una postura de la empresa de talla internacional, sin embargo, al cierre de la edición comentaron que se analizaría una respuesta a la situación del trabajador.
mb