XALAPA, VER. - Hay detenidos y presuntos autores intelectuales con órdenes de aprehensión. Antes no se les tocaba ni con una notificación”, dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el 24 de enero de 2022, al negar un pacto de protección con las personas que planearon el asesinato de la periodista María Elena Ferral.
El crimen de la corresponsal del Diario de Xalapa y fundadora del portal web Quinto Poder de Veracruz cumple dos años este 30 de marzo. Ferral fue acribillada al salir de una notaría de Papantla, en el norte del estado, y murió tras horas de agonía en un hospital de Poza Rica.
A la fecha, seis personas permanecen detenidas por el caso; hombres considerados “sacrificables” en las filas de la delincuencia al ser los presuntos autores materiales. El resto —presuntos autores intelectuales—, están prófugos.
El 24 de enero de 2022, ALIANZA DE MEDIOS MX publicó el reportaje La red política y criminal que asesinó a Elena Ferral, donde se expuso cómo personas de alto perfil político-económico arraigadas en el norte de Veracruz, usaron a policías y a reporteros en la logística del crimen. Ellos se hacían llamar el Grupo del Totonacapan.
En ese reportaje se exhibió la estrecha relación política entre el presunto artífice de todo: Basilio Picazo Pérez y la responsable de investigar el asesinato de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales). Ambos políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuitláhuac García reconoció la existencia de esa red de complicidades y su relación con el caso Ferral, pero defendió el trabajo de la Fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
“La fiscal sabía de las complicidades y solicitó una orden de aprehensión con un juez (…) Lo peor hubiese sido que por la prominencia política que tiene Picazo se hubiera creado un pacto político, porque eso es lo que se hacía antes. Hoy él es prófugo de la justicia”, aseveró el 24 de enero pasado.
Pero un mes antes de esas declaraciones de García Jiménez, un juez federal concedió un amparo a otro de los presuntos autores intelectuales, Ernesto Zavala.
La autoridad determinó, el 15 de diciembre de 2021, que la orden de aprehensión en contra del presunto involucrado quedaba sin efectos hasta ese momento, debido a errores básicos cometidos por un juez local y un fiscal subordinado de Marcela Aguilera.
ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó la postura de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las acciones que implementaron después del amparo concedido a Ernesto Zavala, sin embargo, no hubo respuesta.
Ernesto Zavala, 3 meses sin preocuparse por orden de captura
De acuerdo con la carpeta de investigación 016/PC/2020, Ernesto “Neto” Zavala sería dueño de una moto marca Cargo que fue empleada para asesinar a Ferral. Ese vehículo que utilizaron dos pistoleros, confirmaron fuentes ministeriales, estaba a nombre de Lucía Pérez Cano, su esposa.
Lucía Pérez y Ernesto Zavala son dueños de las tortillerías “Lucy”, negocio ubicado en Papantla. El delegado de la Fuerza Civil en esa región, con distintivo “Apolo”, dijo en una declaración ministerial que “las motocicletas de la Tortillería Lucy las paraban sus elementos porque había menciones de que ellos distribuían droga en esos vehículos”.
El 24 de abril de 2020 (a un mes del crimen) la Fiscalía a cargo de Marcela Aguilera, solicitó con un juez local una orden de aprehensión contra “Neto” Zavala por su probable participación intelectual.
Los meses transcurrieron y no había noticias de los presuntos autores intelectuales. En calidad de prófugo, Neto Zavala tuvo tiempo para promover el juicio de amparo 148/2020.
Los abogados del sospechoso alegaron que la Fiscalía no solicitó de manera oral la orden de aprehensión en su contra, violentando así el principio de oralidad que demanda el nuevo sistema de justicia penal. El fiscal a cargo de la investigación optó por hacerlo vía correo electrónico.
La solicitud vía correo se dio debido a que el juez que obsequió la orden de aprehensión se excusó para presentarse a la audiencia debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo anterior fue desechado por el un juez federal, al exponer que ni fiscalía ni el juez local recurrieron a un medio de grabación que diera certeza de legalidad en ese acto.
En la sentencia del juicio de amparo se dejó sin efectos la orden de aprehensión contra Ernesto Zavala, hasta que la Fiscalía solicite una nueva audiencia y haga el trámite respetando el principio de oralidad.
Rabia e impotencia porque el estado me abandonó: Hija de Ferral
María Fernanda Ferral, lamentó en entrevista vicios detectados en el proceso del caso de su madre, María Elena. Y advirtió que, como familia afectada, siguen en espera de la justicia que prometió la administración de Cuitláhuac García.
“A dos años sigo esperando la justicia que se prometió desde el principio. La familia no ve nada claro. Ha habido muchos vicios en este proceso y no sabemos qué está pasando”, dijo la heredera del portal Quinto Poder de Veracruz y ahora jefa de familia.
Fernanda Ferral asegura que la comunicación con la Fiscalía se ha cortado y, en consecuencia, no le informan sobre los avances para capturar a las 4 personas que aún están libres.
“Hay coraje e indignación. No me dicen qué investigan o qué operativos realizan; ni mi defensa sabe. No se puede hablar de que el caso está resuelto cuando no hay una sola sentencia y faltan detenciones. El caso en vez de avanzar, retrocede”, refirió.
Expuso que de seis personas que permanecen detenidas por el crimen, cuatro de ellas han conseguido -con amparos- que su proceso sea repuesto, es decir, que vuelva a iniciar. Mientras que los juicios de los otros dos detenidos no han pasado de la etapa intermedia.
Fernanda aseguró que a la fecha solo cuenta con un apoyo del estado por cinco mil pesos que ella divide en dos partes: 3 mil pesos para pagar la renta de un lugar donde vive como reubicada y 2 mil pesos para su manutención y la de su hermano menor.
“Los apoyos que se prometieron solo fueron por seis meses. Me reubicaron en un lugar que yo no conozco y donde no puedo trabajar abiertamente. Estoy endeudada y es difícil mantener a mi familia”, dijo la joven de 26 años de edad.
Agregó que, pese a los riesgos que pudiera implicar, ella volverá a la región de Papantla donde seguirá trabajando con el portal Quinto Poder de Veracruz. “Ya no aguato seguir en espera de que me cumplan. Solo dejo en claro que hago responsable al estado si algo me pasa”.
La operación del crimen de Ferral
El asesinato de Elena Ferral quedó registrado el 30 de marzo de 2020 en la grabación de un comercio de Papantla. La escena marcó el comienzo de una investigación que terminó por revelar nexos de 11 presuntos implicados con el Grupo Totonacapan, pero también la forma en que cada uno habría participado.
Uno de los sospechosos, quien aún no ha sido imputado por este asesinato, pero es investigado por la SSP, es Pedro Martínez Castillo, exdelegado de la Fuerza Civil en Papantla con el distintivo “Apolo”. Él, -confirmaron familiares de Ferral-, sostuvo una relación sentimental con la periodista, quien le envió su ubicación en tiempo real y avisó que realizaría una diligencia en la notaría de Papantla donde fue acribillada.
Otra persona actualmente detenida por el crimen de Ferral es Otoniel “N”, alias “El Loco”, quien que trabajó en la tortillería Lucy, propiedad de Neto Zavala.
Presuntamente él manejaba la moto Cargo que fue usada para cometer el crimen de la reportera. La persona que acompañaba a Othoniel “N” y que habría disparado un arma calibre 45, es Carlos “N”. Autoridades estatales lo relacionan con el asesinato de cinco personas (integrantes de una familia) acribillados el 3 de abril de 2020 en Papantla, sólo cinco días después del asesinato de Ferral.
Por la muerte de Ferral, Carlos “N” también fue capturado en un operativo en Poza Rica el 27 de abril de 2020. Junto a esta persona fueron detenidos: Alfredo “N”, alias “El Fello”, Nicasio “N” y Luis “N”, alias “El Coco”.
Una persona importante en la investigación, también prófugo, es Jaime Núñez Aróstegui, alias “El ingeniero”, quien, revelaron fuentes policiales, sería el dueño del arma que accionaron contra Ferral y es líder de un grupo de asaltantes y sicarios en esa región; además trabajó en el Ayuntamiento de Papantla en la dirección de Obras Públicas, en el gobierno de Mariano Romero.
La lista de prófugos la completa Luis Ángel “N”, alias “La Wicha”. Luis Ángel también es integrante del grupo presuntamente liderado por Jaime Núñez y está relacionado al multihomicidio de la familia en Papantla, del 3 de abril de 2020.
A estos nombres se suma el de Efraín Rivera, exregidor séptimo en Papantla. Él es un líder taxista que pertenece al grupo político de Picazo, quien impulsó su carrera. Rivera dirigió la comisión de Tránsito y Vialidad y fue detenido en flagrancia el 25 de abril de 2020 por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Un año después, el 15 de mayo de 2021, a Rivera le fue ejecutada una orden de aprehensión por el asesinato de Ferral cuando salía del penal federal de Villa Aldama. Esta acción fue gracias a la presión de Fernanda Ferral, quien no ha dejado de pedir justicia por su madre.
Después de más de 35 años de ejercicio periodístico, a sus casi 52 años, María Elena Ferral no tenía casa propia y era común que el dinero escaseara. Soñaba con comprar una casa junto al río Tecolutla, pero eso sólo podría ocurrir después de que su hija Fernanda se graduara como abogada, y su pequeño hijo Luis como médico. Pero ahora está muerta.
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