XALAPA, VER.- Obligar a alguien a pagar una aportación por inscripción, vulnerar el derecho a la educación, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir una recomendación a la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz (UPAV) y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.
En un comunicado, la CNDH informó del caso de una joven que cursaba el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social, a quién desde el 18 de mayo de 2019 se le negó el acceso a las instalaciones donde la UPAV imparte servicios educativos en de Tuxpan.
De acuerdo con la narración de hechos, la estudiante había promovido por escrito solicitudes de exención de pago por concepto de reinscripción al segundo trimestre en enero de 2019, mismas que le fueron negadas de manera verbal el 23 de marzo de ese año.
Posteriormente se le informó, por parte de la Universidad, que, si bien la falta de pago había ocasionado su baja, se habían generado adecuaciones para recibirla y regularizar su situación.
La joven regresó a la escuela pese a irregularidades administrativas cometidas por la propia institución y el 27 de abril de 2019 concluyó el segundo cuatrimestre, periodo durante el cual la víctima acudió de manera regular y presentó trabajos escolares.
Sin embargo, cuando pretendió cursar el tercer cuatrimestre, específicamente el 18 de mayo le negaron el ingreso a clases, con el argumento de que había sido dada de baja, aun y cuando realizó el pago de reinscripción, además de que sus calificaciones no existían.
Es decir, la UPAV no tomó en cuenta sus asistencias, trabajos y demás, pese a haber aceptado que volviera a la institución, vulnerando su acceso a la educación.
La joven víctima promovió una queja ante al Comisión Estatal, pero el organismo a cargo de Namiko Matzumoto determinó que en su investigación no se acreditaban violaciones a los derechos humanos, razón por la que la estudiante se inconformó y promovió un recurso de impugnación, debido a que el acuerdo resolutorio no estaba debidamente fundado y motivado.
De esta manera, la CNDH intervino y pudo encontrar evidencias que acreditan que la UPAV vulneró el derecho humano a la educación, pues se obstaculizó la permanencia de la víctima en sus estudios de licenciatura al condicionar el pago de una aportación voluntaria.
“Además se violó el derecho de petición y a una pronta respuesta, el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. La CNDH observó que, en la resolución de la CEDH de Veracruz, no se estudió el contenido fundamental del derecho humano de petición que hizo valer la víctima, y no verificó que se le hubiese proporcionado respuesta puntual y congruente con las peticiones formuladas a la Universidad”, señala la Recomendación 25/2022.
Se agrega que también se observó que la Comisión Estatal se limitó a argumentar que la autoridad responsable emitió una respuesta, sin que se analizara a fondo lo que implicaba la garantía y la efectividad de ese derecho.
Igualmente, se constató que la UPAV tampoco aportó evidencias tales como listas oficiales de asistencia o algún otro registro o documento de carácter oficial, ni constancias en las que se asentara el motivo de la baja; pruebas que esa autoridad responsable tenía que aportar y que tampoco fueron requeridas por la CEDH en el desahogo de su investigación.
Como parte de la reparación del daño a la joven, la CNDH pidió a los integrantes de la Junta de Gobierno de la UPAV, que de manera inmediata se implementen las acciones pertinentes para garantizar que se revaliden a la víctima los estudios del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Trabajo Social y se garantice su ingreso al tercer cuatrimestre próximo.
Ello, “sin obstaculizar la inscripción con el previo pago de aportación voluntaria o por cualquier otro concepto y que además, se otorgue la medida de compensación que cubra los daños que la persona sufrió con motivo de la violación a sus derechos humanos”, solicitando que no vuelvan a presentarse hechos como el que motivó la recomendación.
Las autoridades de la UPAV, además, deberán colaborar en la presentación de la queja que la CNDH interponga ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en contra de los servidores públicos responsables.
A Namiko Matzumoto se le solicitó que emita una circular dirigida a su personal, en la que se exhorte a realizar una adecuada valoración de las investigaciones que integren, con motivo de presuntas violaciones a derechos, debiendo tomar enfoques transversales en derechos humanos y de género.