XALAPA, VER.- Magistrados y jueces federales emitieron un comunicado para increpar al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, por “exhibir y vulnerar” a su colega Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz, advirtiendo que sus dichos podrían derivar en “responsabilidad administrativa como penal”.
Aludiendo al mandatario estatal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dirigida por Froylán Muñoz Alvarado, censuró al ejecutivo por cuestionar la labor de la juez.
“De igual forma, ofende la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales, por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia, tales actos no solo vulneran su dignidad, sino también ponen en riesgo a sus familias, máxime si se trata de titulares mujeres como es el caso de la Jueza de Distrito Daniela María León Linarte, adscrita al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa”, señala el comunicado.
¿QUÉ DECLARÓ EL GOBERNADOR?
El jueves pasado en su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano se lanzó contra Daniela María León Linarte por “beneficiar” a Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
García Jiménez manifestó su desacuerdo con "los criterios emitidos por jueces federales” al ordenar a jueces de control del Poder Judicial de Veracruz repetir audiencias con beneficios a acusados de delitos de corrupción para no aplicarles la prisión preventiva oficiosa.
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“Es lamentable que suceda así porque no solamente resultan muy garantistas, ojalá fuera eso, la garantía del Derecho que todos tenemos a la justicia plena, sino que, es extraño, pudientes, personas de las administraciones anteriores que tienen muchos recursos y por lo que veo muchas amistades en el nivel de justicia federal”, acusó el gobernador.
García Jiménez lanzó lo anterior con relación al caso de Bernardo "N", quien fuera subsecretario de Finanzas en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, luego de que la juez ordenó que se repusiera su audiencia abriendo la posibilidad de que quedase en libertad.
“Diferimos del criterio que utilizó la jueza María León Linarte, del juzgado quince de distrito, en beneficio de Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas de la administración anterior. Vamos a estar muy atentos y como yo lo dije; que sepa la gente que en el nivel federal todavía hay algunos jueces que se exceden en favor de los presuntos culpables de corrupción”, señaló García Jiménez.
¿DE QUÉ ACUSAN A EXFUNCIONARIO YUNISTA?
Bernardo "N" fue detenido en octubre de 2019 acusado de los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Sin embargo, el 24 de noviembre resultó beneficiado con un amparo radicado en el Juzgado Decimoquinto de Distrito, luego de que Daniela María León Linarte determinó que el juez de control, Francisco Reyes Contreras, se excedió al imponer la prisión preventiva oficios por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abusos de autoridad y desvío de recursos, debido a que argumentó que aplicaba dicha medida cautelar porque estaba sujeto a otros procesos penales.
Y es que a Segura Molina se le acusa, junto a otros ex servidores públicos, de haber malversado al menos 32 millones de pesos. El mismo proceso se abrió en contra de la ex titular de Finanzas, Clementina Guerrero, así como Adrián Viccon y Francisco Virúes, todos ex trabajadores de la dependencia.
“En conclusión, se estima que el acto reclamado conculca los derechos humanos de seguridad jurídica en su vertiente de legalidad (indebida motivación), ya que el actuar del juzgado responsable no se ajusta a ninguna hipótesis legal de las contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que vulnera el principio de presunción de inocencia del imputado como regla de trato procesal, ya que se prejuzga sobre alguna posible culpabilidad en la imposición medida cautelar”, determinó la juez.
JUECES SE DEFIENDEN
En su mensaje, dirigido a la sociedad en general, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lamentó que se instruya a las autoridades de gobierno a desacatar las resoluciones de juzgadoras y juzgadores federales, advirtiendo que ello constituye “responsabilidad administrativa como penal”.
“(…) en virtud de que su cumplimiento es de orden público conforme a los artículos 17 y 107 fracción XVI de la Constitución; su incumplimiento injustificado da lugar a responsabilidad tanto administrativa como penal; por lo tanto, el alentar tal actitud sobre las decisiones jurisdiccionales, atenta contra la Constitución, la división de poderes y el Estado de derecho.
Al añadir que “ofende la exhibición pública e injustificada” de las juzgadoras federales, la Asociación reiteró el respaldo a las autoridades jurisdiccionales al emitir sus resoluciones “con independencia de cualquier tipo de presión”.
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