XALAPA, VER.- A Vianey Hernández Lagunes, de 33 años, y a su esposo, Gaudencio Morales, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, los habrían atropellado el pasado jueves mientras se dirigían a la parcela donde trabajan.
A ella la dejaron malherida y con lesiones en las cervicales, mientras que a su marido se lo llevaron detenido. Luego, la acusaron de haberse robado un arma de cargo de uno de los elementos y la amenazaron que, en caso de no devolverla, a quienes se llevarán ahora será a los hijos de la pareja.
Todo esto mientras su esposo no aparece por ningún lado, pues desde el jueves hasta este lunes, no ha sido presentado por las autoridades, según afirma.
Te podría interesar
ACUSAN ABUSOS DE FGE
Entre lágrimas, Vianey acusó públicamente el presunto abuso de autoridad que ella y toda su familia han vivido de parte de la FGE desde el pasado jueves.
Explicó que la mañana de ese día se dirigía en una cuatrimoto con su esposo a la parcela que ambos tienen y en la que ambos trabajan sembrando maíz, plátano, café, o cualquier otro cultivo que tengan al alcance.
Te podría interesar
Mientras se trasladaban de la comunidad de El Bejuco a Bicentenario, en el municipio de Vega de Alatorre, los empezó a seguir una camioneta blanca, cuyo modelo o particularidades no recuerda. Al momento de intentar pasar un tope, el vehículo los golpeó por detrás.
Dicho proceder se repitió una vez, pero más fuerte, al grado que la cuatrimoto sufrió una volcadura y ambos salieron disparados del impacto, lo que fue aprovechado por tres elementos ministeriales -dos hombres y una mujer- para llevarse a Gaudencio, a quien desde ese día no ha vuelto a ver.
La mujer, que resultó con diversas lesiones y actualmente debe portar un collarín en el cuello, reconoció que hace cinco años su esposo fue acusado del delito de violación. Sin embargo, explicó también que tras realizarse diversas pruebas a la joven presunta víctima, se descartó que el delito se hubiera perpetrado, por lo que su esposo quedó libre luego de haber permanecido preso durante dos días.
Hernández Lagunes dijo que, de los cinco años a la fecha, su esposo jamás volvió a ser citado por autoridad alguna para declarar, ser imputado, o informado de alguna indagatoria en su contra, de ahí que desconozca si este fue el motivo por el que se lo llevaron.
Pero, agregó, quien sí lo citó en al menos una ocasión fue el padre de la supuesta víctima, quien pretendió extorsionarlo con más de 30 mil pesos para supuestamente retirar la denuncia en su contra.
“Que, porque según a él le pedían dinero para retirar la demanda, porque no podía retirar la demanda así nada más, que tenía que pagar y le mandó a pedir más de 30 mil pesos y mi esposo no se lo dio”, precisó.
Después de la desaparición de su esposo a manos de elementos ministeriales, la mujer sufrió un desplazamiento forzado de su comunidad, pues toda su familia directa y política ha sido amenazada incluso con desaparecer a los hijos del matrimonio.
Lo anterior debido a que, según los elementos de la FGE, durante la detención de Gaudencio se perdió un arma de cargo de uno de los policías, por lo que acusaron a la mujer de habérsela robado.
En ese sentido, narró que tras la volcadura donde quedó malherida, como pudo, se subió nuevamente a la cuatrimoto y se trasladó a su domicilio en El Bejuco, hasta donde minutos después llegaron nuevamente dos de los tres ministeriales, acusándola del robo.
Mientras Vianey se escondía en el interior de su vivienda, la mujer, que momentos antes había participado en el atropellamiento y captura de su esposo, ingresó sin orden alguna a su casa y revisó todos los cajones, las habitaciones e incluso el cesto de la ropa sucia.
Al no encontrar nada, la mujer policía salió a la calle y empezó a gritar que saliera de donde estuviera escondida.
“Gritaba ‘señora salga y entrégueme el arma que me robo’, a los vecinos los amenazaba; un arma que no he agarrado, no sé por qué me acusan de eso. Andaban como perros buscándome”, dijo.
Cuenta que los policías ministeriales fueron a casa de su suegra, quien hasta ese momento no sabía que ella y su hijo habían sido atropellados ni que a él se lo llevaron y a Vianey la dejaron malherida, domicilio que también registraron y no se fueron sin antes amenazar.
Posteriormente, los policías se trasladaron a la casa de los padres de Vianey donde igualmente registraron toda la casa, sin ninguna orden y sin mediar explicación de por medio.
“Les dijeron a mis padres que yo me había robado un arma, pero nunca dijeron los atropellamos, casi los matamos y les hicimos esto y el otro”.
Vianey acudió el pasado viernes a Martínez de la Torre a que fuera atendida de las lesiones que presentaba.
Mientras eso ocurría, dichos elementos volvieron a la comunidad, donde lanzaron amenazas de que, si el arma no aparecía, se llevarían a sus hijos, dos niños de 6 y 4 años.
La mujer, conmocionada, solicitó ayuda y protección para ella y sus hijos, además que su esposo sea presentado a la brevedad si es que está detenido, pues la forma en la que fue detenido “es un abuso de autoridad”.
am