XALAPA, VER. - José Octavio Rodarte Ibarra, quien se desempeñaba como magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en Boca del Rio, fue removido del cargo por el Consejo de la Judicatura.
El togado, que ha sido señalado por otorgar amparos a presuntos delincuentes, surgió en el ámbito mediático, luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo acusó, junto a otros magistrados y jueces, de beneficiar a los responsables de actos delictivos.
En el portal del Consejo de la Judicatura ya no aparece el nombre del magistrado Rodarte Ibarra, su lugar lo ocupa la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, al lado de Antonio Soto Martínez y José Saturnino Suero.
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María Elena Leguízamo Ferrer fue notificada de su cambio de adscripción al municipio de Boca del Rio, ella se desempeñaba en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca.
A la fecha no se ha confirmado si el magistrado fue cesado de sus funciones o si solo le dieron cambio de circunscripción judicial.
Gobernador le pide a jueces no hacerse “guajes”
El 04 de octubre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una rueda de prensa para reprochar a magistrados federales de otorgar un amparo a presuntos delincuentes vinculados al asesinato del excandidato a la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez y del periodista Jacinto Romero.
En su mensaje el gobernador mencionó que la población tiene derecho a conocer que los que conforman el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito son los magistrados del poder judicial federal: José Saturnino Suero Alva, Antonio Soto Martínez y José Octavio Rodarte.
Dicho tribunal, reprochó la liberación de presuntos delincuentes en concordancia con lo determinado por los jueces federales José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez.
mb