XALAPA, VER.- En Veracruz, altos exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte llevan años bajo proceso por el delito de desaparición forzada. Incluso, debido al tiempo transcurrido, algunos fallecieron.
Esta semana murió en el penal de Pacho Viejo el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, a causa de un derrame cerebral tras ser detenido el 20 de septiembre del año 2017.
Sánchez Tirado ya había cumplido cinco años en prisión preventiva sin que hasta el momento se resolviera su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, la situación se repite con ex funcionarios como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita y el exfiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, incluyendo a una larga lista, principalmente de subalternos de éstos.
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Los procesos comenzaron por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz durante la gestión de Jorge Winckler Ortiz. El propio exgobernador, Javier Duarte, ha logrado frenar un proceso en su contra por dicho delito gracias a trámites de amparos ante la justicia federal.
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ARTURO BERMÚDEZ ZURITA
Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP, creó un brazo ejecutor con ex militares quienes lo mismo tenían el encargo de brindarle seguridad privada y exclusiva, que desaparecer personas según las acusaciones que arrastra por parte de la FGE.
La Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública, mejor conocida como "FIELES", es el nombre de uno de los dos grupos que trabajaron presuntamente al margen de la ley para cometer crímenes bajo la excusa de combatir a la delincuencia organizada.
El grupo paramilitar fue creado por el propio Bermúdez para desaparecer a supuestos integrantes de grupos criminales.
"Fue un agrupamiento de élite, al mando y conformado por ex militares, que fue creado por el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, bajo su mando directo", señala la indagatoria de la Fiscalía, que le endilga la responsabilidad en al menos 15 casos de desaparición forzada.
"Este segundo grupo, Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policía Estatal, ubicada en el Lencero.
"Ahí las torturaba, extraía información y después, las personas desaparecían. Tal es el caso de las 15 víctimas, de quienes, a partir de esta entrega, no se volvió a tener noticia sobre la suerte y paradero", agrega la acusación.
El primer grupo, la Fuerza de la Reacción de la División de Policía Estatal se componía principalmente de policías rasos, quienes escogían a quién levantar, interrogar, y poner a disposición de los mandos que ordenaron las desapariciones.
La investigación ministerial, que dio con la captura de 19 ex mandos y policías, reitera que lo que fue bautizado como el brazo ejecutor de Bermúdez nunca fue reconocido públicamente dentro de la estructura orgánica de la SSP, pero "contaba con un mayor apoyo institucional, es decir, mejores sueldos, mejor equipamiento y vehículos, así como con clandestinidad a nivel institucional.
"Durante su mandato, Arturo Bermúdez Zurita encumbró a distintos miembros de la Fuerza Especial en puestos de mayor jerarquía, responsabilidad y poder operativo. Tal era la confianza en este Agrupamiento, que la mayoría de sus elementos de escolta, eran miembros de la Fuerza Especial”.
Los detenidos por estos hechos fueron Benigno Neftalí Rivera; Cirilo Hernández Ceballos; José Oscar Rodríguez Franco; Miguel Jiménez López; Silvano Martínez Rivera; Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua; Oscar Paul Mendoza; Francisco Martínez Santiago y Crescenciano Domínguez.
Así como Daniel García Gutiérrez; José López Cervantes, alias comandante “Black”, comandante de la denominada fuerza especial; Carlos Baxin Ortiz.
Evaristo Sánchez Alarcón; Darío Arroyo Elizondo; Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores, quienes fueron el primer contacto con los desaparecidos.
El resto, es decir, los mandos detenidos fueron Arturo Bermúdez Zurita, Roberto González Meza y José Oscar Sánchez Tirado, eran los que ordenaban las desapariciones.
De ninguno, hay o hubo condena. Bermúdez salió el 5 de diciembre de 2018, mismos días de haber llegado el nuevo gobierno, gracias a un cambio de medida cautelar.
Aunque tuvo algunas apariciones públicas posteriores, ha mantenido un bajo perfil y no ha vuelto a ser recluido desde entonces.
ROBERTO GONZÁLEZ MEZA
Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, salió también de prisión en la víspera de Nochebuena del 2019.
De su salida se guardó un hermetismo absoluto por parte de las autoridades de Veracruz, hasta que fue mencionado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien pugnó porque fuera investigado.
Lo anterior tras un incidente donde elementos policiacos detuvieron a un presunto sobrino del ex mando policial que no logró acreditar la procedencia de 150 mil pesos en efectivo detectados durante una revisión en un retén.
Detenido el 7 de febrero de 2018 en Quintana Roo, el conocido con el distintivo de Teniente Meza fue acusado de encabezar el grupo que perpetró las desapariciones forzadas.
JOSÉ NABOR NAVA HOLGUÍN
Ni siquiera 5 millones de pesos fueron suficientes para dar con José Nabor Nava Holguín, primero subsecretario A y luego quien sustituyera en el cargo a Bermúdez Zurita.
La indagatoria de la FGE indicó que Nabor Nava estuvo implicado directamente en las desapariciones de Jorge Leal Amaro y Liberio Hoyos Castañeda, dos de las 15 víctimas.
Ambos fueron detenidos el 14 de mayo de 2013 alrededor de las 23:29 horas, sobre la carretera Jilotepec-Naolinco, a la altura de Coacoatzintla, por los elementos de la Fuerza de Reacción, al mando de Silviano Martínez Rivera. Contaban con 20 años.
A los dos les realizaron una revisión y en sus teléfonos celulares les encontraron supuestos mensajes y números telefónicos a quienes reportaban entradas y salidas de uniformados; de acuerdo con la tarjeta signada por Silviano, confesaron trabajar para Los Zetas.
Martínez Rivera recibió, tras reportar la información, la instrucción de entregarlos a la Fuerza Especial y alrededor de las 00:51 del 15 de mayo, llegaron por ellos elementos a bordo de las patrullas SP-1995, SP-1996 y SP-1726, en "el punto", que no era otro que la academia de El Lencero.
De la detención y entrega fue informado José Nabor Nava Holguín.
ÓSCAR SÁNCHEZ TIRADO
El exdirector de penales murió la semana pasada en prisión sin que fuera condenado. Detenido en 2017, fue acusado inicialmente de la desaparición forzada de Carlos Bautista, un joven empleado en el 2015.
Posteriormente, también fue imputado junto a Bermúdez y otros mandos por la desaparición forzada de al menos 15 personas.
En la indagatoria hay un testigo protegido con clave 032/FEADPD/ZCX/2017, del 20 de diciembre de 2017, que detalla la primera vez que Bermúdez -en 2013-, molesto y gritando a los elementos, dio la orden directa de entregar a los supuestos integrantes del grupo de Los Zetas a sus hombres que tenían asignada la tarea de torturar y desaparecer, la llamada Fuerza Especial.
El testigo refiere que además de las acciones para detectar en operativos a supuestos zetas, en 2013 la Fuerza Civil tomó el control de los retenes en el estado, teniendo conocimiento de al menos ocho casos de desapariciones suscitados en dichos puestos de control.
Los dichos del testigo se suman a los vertidos por los ex trabajadores 21/FEADPD/ZCX/2017; 23/FEADPD/ZCX/2017 y 003/FEADPD/ZCX/2018, que afirman que esa era la forma de operar de la SSP, entregar principalmente a Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil a los detenidos, con conocimiento de José Nabor Nava Holguín y José Oscar Sánchez Tirado.
LUIS ÁNGEL BRAVO, CARLOTA ZAMUDIO, ROSARIO ZAMORA Y GILBERTO AGUIRRE
Luis Ángel Bravo Contreras y dos colaboradores están acusados por 13 desapariciones forzadas.
En la investigación en su contra, hay videos, fotografías, documentos firmados y además testimonios de peritos y policías ministeriales que acusan a Luis Ángel Bravo Contreras y sus colaboradores por el delito de lesa humanidad.
La Fiscalía General sostiene que tanto él como esos dos colaboradores conspiraron para deshacerse de 13 de los 19 cuerpos hallados en La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata en enero de 2016.
En ese lugar, presuntamente, eran arrojados los cuerpos de las personas que la SSP desaparecía, sin importar que fueran incluso compañeros de corporación.
La investigación refiere que el 12 de enero de 2016, David Lara Cruz, una de las víctimas se apersonó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a practicarse las pruebas de Control de Confianza, y a su salida, fue detenido por sus propios compañeros de la Secretaría sin que existiera registro de dicha intervención.
Cinco días después, el 17 de enero, la Fiscalía entonces a cargo de Luis Ángel Bravo dio inicio a la carpeta de investigación 169/2016, por la desaparición del servidor público.
El día 19 de enero se realizó el hallazgo de restos humanos en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en la Localidad de la Tinaja, en Emiliano Zapata.
El 20 de enero, un día después, peritos adscritos a la Dirección General de los Servicios Periciales, a cargo de Aguirre Garza, así como Policías Ministeriales de la Delegación Regional, a cargo de Carlota Zamudio Parroquín, se presentaron en el lugar donde estaban los 19 cuerpos y restos óseos, entre ellos el de David Lara Cruz.
Ese mismo día, Gilberto Aguirre Garza instruyó, vía telefónica, al perito criminalista que levantó los cuerpos, a solo informar oficialmente del hallazgo de seis cuerpos y ocultar los restantes, incluido el de David Lara Cruz.
El 21 de enero, Carlota Zamudio ordenó que se alterara el informe sobre la inspección en el lugar del hallazgo que habían entregado elementos de la Policía Ministerial bajo su mando, en el que reportaban 15 cuerpos y diversos restos óseos, para que solo fuera reportado el hallazgo de seis, es decir, ocultando el hallazgo de los restos de Lara Cruz y de otras 12 personas de las que, a la fecha, se desconoce su identidad.
La FGE indica que, sabedor de esa información, Aguirre Garza ordenó, el 25 de enero, a una perito en dactiloscopía que había logrado identificar a Lara Cruz, que no informara sobre los resultados, mandando a su vez a un perito criminalista que llevara el cuerpo de David Lara a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para simular que había sido encontrado en ese sitio.
El 4 de febrero, ordenó informar que el cuerpo hallado en Alto Lucero, correspondía al policía estatal; dichas instrucciones, de acuerdo con la FGE, entorpecieron la carpeta abierta con motivo de la desaparición del elemento.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero de los 12 cuerpos, que aparentemente fueron entregados a Los Fieles, para poder, ahora sí, deshacerse de ellos.
Tampoco han sido condenados y por el contrario, gozan de libertad como cambio de la medida cautelar de prisión preventiva que les fue dictada inicialmente.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
El exgobernador, actualmente preso en el Reclusorio Norte purgando una condena de 9 años por asociación delictuosa, está implicado también en la investigación de alterar y ocultar del hallazgo de 13 cuerpos en La Barranca de la Aurora.
La decisión, según la FGE, se tomó el 19 de enero de 2016 entre Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez Zurita y el propio Javier Duarte de Ochoa, tras el escándalo de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca.
La investigación indica que el entonces gobernador le llamó por el "teléfono rojo" a Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba en su oficina, en la Torre de Fuerza Civil.
El teléfono rojo, usado para conversaciones sumamente íntimas, solo sonaba ante una emergencia, citando a Bermúdez en Casa Veracruz, donde el mandatario le ordenó apersonarse de manera inmediata.
También habría citado a Luis Ángel Bravo Contreras; Duarte les recordó que había sido filtrada ese día una foto donde se veían cinco o seis cuerpos de los encontrados en la Barranca y les dio la instrucción de no reportar el resto de los 19 cuerpos.
A su vez, Bravo habría de encargarle la tarea a la entonces fiscal de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora, quien se comprometió a encargarse del caso.
Actualmente, Duarte ha perdido todos los amparos interpuestos para evitar ser procesado por estos hechos.
El pasado 7 de abril de este año, su equipo legal promovió las demandas y en agosto de este año se resolvió de última instancia, negando la protección.
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