XALAPA, VER.- “Ángela”, una sexoservidora en Xalapa, asegura que las integrantes del gremio están siendo víctimas de abusos de policías estatales, quienes además de pedirles servicios sin paga, estarían robándoles e incurriendo en distintos tipos de abusos de autoridad.
Explica que la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo, pues sus violentadores se saben impunes. En los últimos meses, algunos integrantes de la corporación “la tomaron contra ellas” como desde hace tiempo ya no ocurría, añade.
De acuerdo con la entrevistada, quien pide que se omita su nombre, efectivos de la corporación han incurrido en allanamientos y hasta robos a domicilios.
Además, recriminó que, si optan por denunciar los casos de abuso, mayores serían las represalias contra ellas, haciendo un círculo de violencia. De esta forma hizo un llamado al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga, para cambiar los malos tratos hacia dicho gremio.
Mientras esto ocurre, el único organismo ante el cual se animan a presentar quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), permanece omisa, lamenta Ángela.
ANTECEDENTES DE ABUSOS
En su caso, la trabajadora sexual tiene incluso medidas de seguridad ordenadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras una denuncia interpuesta justamente por los abusos que ha sufrido.
“Tres veces he sufrido agresiones, una por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue cuando me pusieron medidas precautorias por parte de la Fiscalía General”, explicó.
Agregó que una familiar ha sido víctima de la Secretaría de Seguridad Pública. Narró que los elementos policiacos ingresaron a la vivienda de su familiar e hicieron destrozos.
“Entraron elementos de la Fuerza Civil y robaron herramientas. Su esposo es técnico y se llevaron todo. Nada más, entraron sin una orden de cateo”.
Ángela, quien ha sido activamente la voz de algunas compañeras para denunciar los abusos, señaló que esto fue posiblemente un mensaje para ella.
Es decir, siguiendo con las medidas precautorias que incluyen moverla constantemente de vivienda, ya había tomado la decisión de irse a vivir por un tiempo con su hermana y su cuñado. Coincidentemente en el lapso que pretendía mudarse, es que los elementos llegaron a casa de su familiar a robar sin motivo aparente.
Este hecho no solamente se reportó a la dirección de Asuntos Internos de la SSP, sino que también se ventiló en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y en la propia CEDH, aunque a la fecha no hay resolución alguna al respecto.
Pero no se trata solamente de los abusos y vejaciones que Ángela ha vivido. Tan solo este año ha conocido o sido testigo de otras compañeras que también sufren acoso.
De los dos más recientes que conoce, un caso es el de una sexoservidora constantemente acosada por los policías, pero no solo por los varones, sino también por elementos mujeres.
“La han acosado tres veces (…). Incluso una policía mujer le dijo que si no había otro trabajo o por qué estaba ahí.
“Y es cosa que no deben de hacer, porque está prohibido, es un trabajo. Ella tiene un niño con discapacidad y lo deja solo para salir a trabajar”, reprochó “Ángela”, asegurando que sus compañeras prefieren dejar pasar los acosos de los elementos y aguantar los malos tratos para no afectar su modo de subsistencia.
Explicó que, si bien habían cesado los malos tratos de los estatales, en el último año volvieron los hostigamientos.
Lo anterior se explica en que, pese a que hay diversas denuncias en Asuntos Internos, los acosos no paran ni se sancionan, por lo que esperan que, con el nuevo titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, se les permita “trabajar en paz”.
ABUSOS QUE MATAN
Elementos de la SSP en Xalapa ya han sido encontrados como responsables de la muerte de ciudadanos a quienes, sin motivo aparente, detienen, trasladan a los separos, torturan y agreden y finalmente causan su muerte.
Las recomendaciones 13-2022 y 31-2022 dan cuenta exacta de dos casos de homicidio a manos de los policías.
La primera de ellas aborda el caso de Carlos Andrés Navarro, de 33 años, quien murió el 2 de mayo de 2020 tras ser ingresado al cuartel de San José en esta capital.
La autoridad justificó que la muerte del joven había sido producto de un supuesto infarto, pues al momento de ingresarlo, supuestamente estaba agresivo y ello impidió que fuera valorado por un médico. Según la SSP, su agresividad era tal que golpeó a un elemento y ambos cayeron al suelo; el elemento quedó supuestamente inconsciente y el joven, sufrió el infarto.
En el dictamen practicado al cuerpo, se encontró que el joven recibió, en vida, más de 20 golpes de consideración entre equimosis, derrames, excoriaciones y edemas.
“Por lo antes precisado, puede concluirse que en el momento en que V1 quedó bajo el dominio de elementos policiales de la SSP, su integridad física no se encontraba afectada. Por lo tanto, las lesiones tuvieron que presentarse después de que fue detenido y antes de morir. Es decir, durante el tiempo que estuvo bajo el resguardo material de la autoridad señalada.
“Ahora bien, no obstante que SP1, SP2, SP6 (policías estatales) y SP5 (doctora en turno) señalaron que el detenido presuntamente había ingerido drogas antes de su detención, en los dictámenes periciales de las muestras de sangre, humor vítreo y fragmento de hígado tomadas a los restos de V1 se determinó que no había en él presencia de alcohol ni de drogas”, señala la recomendación.
La otra recomendación abarca el caso de Gustavo Ortiz, quien murió el 24 de octubre luego de ser detenido en Banderilla.
En este caso hubo irregularidades desde el momento de la detención, pues los elementos estatales detuvieron al joven de 35 años por manejar un vehículo sin placas, pero sin contar con facultad para ello, pues no iban acompañados o se encontraban en operativo con la Policía Vial o Tránsito del Estado.
El hombre fue trasladado a San José y golpeado en el traslado. A la familia se le negó toda información sobre Gustavo al momento de llegar al cuartel, pese a que en ese momento incluso un elemento estaba moviendo el vehículo.
La familia fue informada posteriormente del deceso, aunque el cuerpo se lo entregaron totalmente maquillado.
“… empecé a limpiar su cara con toallas húmedas, porque estaba muy maquillado y ya lo vimos, su nariz tenía muchos rasguños, tenía morado, en sus manos tenía, así como hoyos, en su espalda tenía moretones… En el pecho muy morado…en su espalda también [sic]”.
“… al verlo pensamos que sí lo habían golpeado, en una parte tenía como tres puntitos morados, que yo no sé qué materiales ocupan los policías, pero me dijeron que eran de una descarga porque era de tres puntitos”, detallaron sus familiares.
La CEDH encontró que dichas lesiones se clasificaron como antemortem, ocasionadas por un objeto duro y romo que se desplaza a gran velocidad para impactarse en un plano estático. El diagnóstico de muerte fue hemorragia aguda masiva secundaria a contusión profunda de abdomen. Esta recomendación, no fue aceptada por la corporación.
No son los únicos casos de agresión de los elementos de la SSP a todo tipo de sector poblacional y existen algunas agresiones relevantes en contra de la comunidad LGBT+; en otros casos, se agrede a quienes los elementos consideran que tienen gustos sexuales diversos o utilizan un lenguaje, al momento de la agresión, que estigmatiza dicha orientación.
Por ejemplo, en la CEDH existe una recomendación emitida este año, la REC-08-2022, pero cuyos hechos acontecieron el año pasado, donde se comprobó el abuso de elementos contra una persona a la que acusaron de ultrajes a la autoridad y de ser “gay”.
“[…] Que el día 03 de febrero del año 2021, siendo las 12:45 de la, madrugada aproximadamente, me encontraba en el Hotel […], en Coatzacoalcos, Veracruz, me tocaron la puerta y entraron Policías Estatales, portaban el uniforme de Policías Estatales y empiezan a revisar la habitación […] me revisaron a mí, revisaron mis pertenencias todo con lujo de violencia, me decían que era gay, que me iban a matar”, narra la víctima que fue acusada también de supuesta posesión de enervantes, pero que al final salió libre para nuevamente ser golpeada por los elementos y una vez más, acusada de ultrajes a la autoridad.
Otras, como la 27-2022 y 28-2022, perpetradas contra todo tipo de ciudadanos, no fueron aceptadas pese a que también se acreditó la implicación de los elementos en graves vejaciones a los derechos humanos.
“… policías me bajaron a jalones apretándome del cuello, me esposaron, me subieron a la batea de una patrulla cuando me trasladaban al cuartel de San José, uno de los policías me golpeo dándome patadas en ambas costillas, me dio un puñetazo en la boca y de ese golpe me tiró un diente, también me hizo una cortada en el dedo medio izquierdo”, narra la víctima de la recomendación 27-2022.
En la 28-2022 se relata el caso de una desaparición forzada perpetrada contra un hombre en hechos ocurridos en 2018. La SSP no aceptó los hechos imputados a sus elementos.
Durante el 2022, la SSP acumula nueve recomendaciones por serias violaciones a los derechos humanos. Del cumplimiento de estas, no se tiene certeza a la fecha.
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