XALAPA, VER.- La expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI), Yolli García Álvarez, se encuentra internada en el hospital civil de Veracruz por una enfermedad coronaria que pone en riesgo su vida.
A pesar de ello, no se le permite la atención privada, denunció este día en redes sociales Salvador Romero, comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco.
El comisionado reprochó que Yolli García está presa desde hace 650 días en el penal de Pacho Viejo sin que exista de por medio una sentencia.
Actualmente, la excomisionada presidenta cuenta con una suspensión de un juez federal para reponer la audiencia donde se le vinculó a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
¡ALERTA! Yolli García Álvarez se encuentra internada en el hospital civil de Veracruz por una enfermedad coronaria que pone en riesgo su vida, sin que se le permita atención privada. Ella fue comisionada de transparencia de Veracruz y está presa desde hace 650 días sin sentencia! pic.twitter.com/nQQ9sVX3IU
— Salvador Romero III (@chavaromero) January 18, 2022
De acuerdo con la justicia federal, el juez de control Gregorio Esteban Noriega Velasco violentó el debido proceso de la exservidora, al no sujetarse al principio de oralidad que rige al sistema penal y leer la resolución donde determinó que había elementos para procesarla, en la pantalla de una computadora portátil.
A principios de año, la excomisionada llevó su caso ante la comisión especial del Senado de la República que investiga posibles abusos de autoridad, donde dijo ser presa política del gobierno veracruzano.
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García consiguió el amparo de la autoridad jurisdiccional federal en agosto de 2021, mismo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito en Veracruz el 4 de enero, donde se ordena reponer la audiencia de vinculación.
De esta manera, la exfuncionaria podría quedar en libertad, pues Gregorio Esteban Noriega Velasco deberá reponer la audiencia inicial y puntualizar su presunta participación sujetándose al principio que regula a la materia.
De esta manera, se deberá indicar cual fue su participación en los hechos, que entre otras cosas, la vinculan de acuerdo con el ministerio público, en una serie de nombramientos que realizó antes de dejar el cargo, pero sin contar con la atribución para hacerlo.
El juez primero de distrito ordenó a Noriega Velasco señalar cuál es la conducta u omisión que en particular se le imputa a la quejosa, “con la cual se establece cada uno de los hechos delictivos imputados”.
El amparo añade que el juez de control deberá precisar cuál fue la participación de Yolli García en la comisión de cada uno de los delitos referidos, "máxime que en el caso del delito de coalición el tipo penal exige la participación de varios servidores públicos”.
El juez federal fue contundente al exhibir la actuación de Noriega Velasco, exponiendo que su fallo se realizó “de manera genérica”, concluyendo que se vulneró la oralidad en el proceso penal acusatorio de Yolli García.
Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción actuó en contra de la excomisionada luego de que en su calidad de comisionada presidenta del IVAI, en sesión extraordinaria del 8 de marzo de 2019, determinó junto con los restantes comisionados la discusión y aprobación respecto del ajuste en la distribución del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 y la designación de los servidores públicos que integrarían las áreas del Órgano Interno del Control, nombramientos que en realidad son facultad del titular del Órgano Interno de Control.
En esa sesión se designó al responsable de la Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación; así como de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control; y, al responsable de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción entonces a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga solicitar su orden de aprehensión el 26 de marzo de 2020.