El 26 de octubre de 2019, siete comerciantes fueron desaparecidos por la policía de Ixtaczoquitlán; en ese municipio de las Altas Montañas que hoy es epicentro de desapariciones forzadas en Veracruz y alberga una fosa clandestina de donde han brotado 43 cadáveres en un año de trabajo.
Cuando los familiares de esos comerciantes fueron a denunciar los hechos con la fiscal Fabiola Melo, recibieron una respuesta ya bien conocida por Nallely Guarneros, quien denunció a la exfuncionaria por haberle pedido 29 mil pesos en sobornos a cambio de buscar a su esposo y su cuñada, Sergio y Liliana Rueda, desaparecidos desde 2019.
“A nosotros en tres días que tuvo nuestro caso solo pudo sacarnos 500 pesos para imprimir hojas”, dicen las familias. “Siempre se quejaba; que ni agua tenían, que ni hojas, ni tinta para las máquinas”.
La desaparición de los siete comerciantes se suma a otras 282 que atendió Melo en la fiscalía especializada de Córdoba entre el ocho de septiembre de 2017 y enero de 2020, cuando estuvo a cargo de la dependencia.
La policía de Ixtac fue denunciada penalmente por desaparecer al menos a 16 personas en 2019. Por el caso de los comerciantes dos policías municipales fueron detenidos el nueve de noviembre de 2019 e imputados por desaparición forzada.
“Lo primero que nos dijo al recibirnos en su oficina fue: ‘¿Son siete (desaparecidos)? No tiene madre ese cabrón, se pasó de verga”, relatan familiares de los comerciantes la reacción de Fabiola al escuchar que detrás de esas desapariciones estaba el director de la policía de Ixtac, Octavio Pérez Romero, hoy prófugo de la justicia por ese caso.
Ellos explican -desde una vivienda en Orizaba- que su caso le fue retirado a la funcionaria a los tres días de que interpusieron su denuncia y atraído por la Fiscalía de desaparecidos de Xalapa, que entonces encabezaba Martha Lidia Pérez Gumercindo.
“Con la Lic. Fabiola más que 500 pesos perdimos el tiempo”, dicen sorprendidos al saber que muy pronto podría quedar absuelta y reinstalada en su trabajo. Ellos piden el anonimato, pero cuentan su testimonio.
La Silla Rota revela en esta serie cómo miembros del sistema de justicia explotan a familiares vulnerables para aprovecharse financieramente del secuestro de personas y obstaculizan su búsqueda, comenzando con el caso de Nallely Guarneros, quien dio dinero a Melo, solo para descubrir que esa fiscal borró evidencias y entregó una carpeta de investigación casi vacía.
En este segundo capítulo, se exponen más casos de omisiones ligados a Melo. Pero, además, se revela un error básico que cometió la Fiscalía General de Veracruz al recabar la principal prueba contra ella por el caso de los hermanos Rueda.
De esta forma, la única investigación que la Fiscalía ha iniciado contra sus empleados por hechos de corrupción en agravio de familiares de desaparecidos -según solicitudes de información hechas por este medio- corre un alto riesgo de fracasar. Un caso en el que la encargada de procurar justicia en la entidad, Verónica Hernández, dijo no habría impunidad.
LOS FANTASMAS DE FABIOLA MELO EN LA FISCALÍA DE CÓRDOBA
Una fotografía hizo que el caso de los siete comerciantes se viralizara en redes desde las primeras horas en que desaparecieron: cinco de ellos fueron retratados el 26 de octubre de 2019 en la comandancia de Ixtaczoquitlán, antes de que pagaran su multa y se dispusieran a regresar a sus casas.
Con ese antecedente los familiares de Jorge Alducin, Ricardo Montesinos, Daniel García, Humberto García, Jorge Reyes y los esposos Joel Reyes y Luisa Carrera, acudieron desesperados a la fiscalía de Córdoba para interponer la denuncia, donde contaron a Fabiola Melo que incluso ya había intentos de extorsiones por llamadas telefónicas.
Eran horas vitales para recuperarlos con vida, pues eran las primeras desde la desaparición. Sin embargo, la fiscal se valió del antecedente de las llamadas extorsivas para deshacerse un tiempo del caso y los envió a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). “Nos dijo que eso parecía más un secuestro y que allá analizarían un celular”, comentan los entrevistados.
A la UECS de Córdoba corrieron las familias de madrugada, donde fueron atendidos, pero finalmente devueltos a la Fiscalía de desaparecidos por tratarse de una privación de la libertad ligada a policías municipales.
La denuncia finalmente la redactó Fabiola hasta el 30 de octubre de 2019. ‘¿Son siete (desaparecidos)? No tiene madre ese cabrón, se pasó de verga”, decía mientras tecleaba los hechos en su computadora. Las copias de ese y otros escritos las pagaron las familias. “Ella decía que trabajaban en la miseria, así que le dimos 500 pesos”.
De acuerdo con datos que obran en la carpeta de investigación por el caso de los comerciantes, siete de ellos fueron privados de la libertad al salir de la comandancia de Ixtac por personas a bordo de vehículos particulares que eran escoltados por patrullas municipales.
El vehículo donde los comerciantes se dirigían a casa, una camioneta RAM color roja, quedó a mitad de la calle, a una esquina de la comandancia y fue trasladada a un corralón del grupo Garrido. Lo anterior, consta en videos.
Los antecedentes de Fabiola Melo en el caso, provocaron que a ella le quitaran el mando en la investigación. Días después la fiscalía central de Xalapa solicitó un cateo al corralón donde la camioneta RAM roja fue asegurada. Entonces ocurrió algo inesperado.
“Resulta que al revisar ya no estaba la camioneta donde viajaban nuestros familiares”, acusan. A la fecha, ese vehículo clave en la desaparición múltiple está perdido.
Antes de que a Fabiola le quitaran de las manos el caso de los comerciantes ya acarreaba señalamientos de familiares de desaparecidos, pero, además, cifras negras por baja efectividad que fueron toleradas por sus dos superiores: Hugo Martínez Saldaña y Martha Lidia Pérez Gumercindo.
De acuerdo con un reporte estadístico de Melo, en dos años y cuatro meses que estuvo al frente de la Fiscalía especializada de Córdoba, integró 283 carpetas por denuncias de desaparecidos. De ese total 108 quedaron pendientes de determinar. Es decir, cuatro de cada diez casos a su cargo fueron olvidados en la gaveta de su oficina.
Eso no es todo, de las 283 desapariciones que investigó Fabiola solo obtuvo una sentencia condenatoria.
Fabiola sabía del descontento de víctimas con su trabajo. El siete de agosto de 2019, contó a Nallely Guaneros que estaba preocupada pues la dirigente de un colectivo de búsqueda había realizado un chat para recabar quejas contra ella por omisiones.
-Hoy me enteré que una señora quiere romperme la madre ¿Usted cree? Hizo un chat para que los que están afiliados a su colectivo presenten quejas en mi contra, le escribió Fabiola a Nallely, quien entonces apenas cumplía 22 días buscando a Sergio y a Liliana.
-Si logra que me corran yo le llevo su asunto como su abogada, ¿eh?, decía Melo, cuando Nallely todavía confiaba en ella.
-Por favor... No me deje, no me suelte, le contestó ese siete de agosto.
-Nunca, créame, su asunto lo agarré personal porque no se vale lo que hicieron.
Una de las quejas en el chat contra Fabiola era de Ana Laura Ortega. La joven asegura que, si encontró a su hermana, Karina, en una fosa común de Tamaulipas, fue gracias al apoyo del colectivo Familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba. Pero también sostiene que si alguien prolongó su angustia y la de sus padres fue la fiscal Melo.
Ana denunció la desaparición de su hermana, Karina Ortega, el cinco de junio de 2019. Su última pista fue una llamada del siete de mayo de ese año. Meses atrás dejó dicho a su familia que se iría de Coscomatepec con su pareja a Campeche, donde buscaría trabajo en las plataformas petroleras.
Al inicio, la familia de Karina creyó que la falta de comunicación con ellos se debía a que ya trabajaba en mar abierto. Pero los días pasaron sin que les llamara, así que decidieron interponer una denuncia y difundir sus fotos en redes sociales con la frase de “Se busca”.
“La denuncia la hice con la fiscal Melo. Al principio me tomó la declaración y nos mandó a hacer pruebas de ADN, pero después todo fue muy lento. Yo iba con cita hasta Córdoba, pero cuando llegaba me decía ‘hoy no puedo, regresa el viernes’”, cuenta Ana.
En julio de 2019, a dos meses de la desaparición de Karina Ortega, Fabiola citó a Ana para compartirle información de las sábanas de llamadas de su hermana. Le dijo que ella no estuvo en Campeche el día de su desaparición, sino en Tamaulipas, en el municipio de Llera.
La fiscal dio dos opciones: “Tu hermana como que vive y trabaja ahí. ¿Mando un documento de colaboración a la Fiscalía de Tamaulipas? o pueden ir a buscarla; al fin ya saben por dónde”. Ana externó sus carencias económicas y pidió que se solicitara la colaboración.
Pasaron los meses de julio y agosto de 2019 sin noticias. “Yo le pedía copia de ese documento (de colaboración) y acceso a la carpeta de investigación, pero ella me decía que no por seguridad, porque luego nosotros publicábamos cosas en los medios”, recuerda Ana.
Fue hasta inicios de septiembre de 2019 cuando su familia recibió una llamada desde la Fiscalía de Tamaulipas. Habían encontrado documentos de Karina y tres cadáveres violentados, entre ellos el de una mujer. Les pidieron que fueran pronto a realizarse las pruebas de ADN.
“Ahí nos dimos cuenta que Fabiola nunca mandó el documento de colaboración. El fiscal que llamó nos dijo que nos encontraron gracias a las fotos que teníamos en redes sociales”
“Fuimos con Fabiola y le dijimos todo, pero que nos pedían las pruebas de ADN que ella nos mandó a hacer desde un principio. Nos dijo, ‘lo que podemos hacer es que ustedes me den dinero y yo mando los resultados a Tamaulipas cuando estén listos. Ustedes paguen el envío para que sea más rápido’”, cuenta Ana Laura con el ceño fruncido.
Ella y su familia contaron su problema a Aracely Salcedo y Ana Lilia Jiménez, fundadoras del colectivo Familias de desaparecidos Orizaba-Córdoba, quienes la ayudaron a recaudar fondos para ir a Tamaulipas.
Sí era Karina, confirmaron autoridades a la familia. Les dijeron que la asesinaron junto a otros dos hombres el 12 de mayo de 2019. Que nunca hubo una solicitud de colaboración de Veracruz, y por eso su cadáver fue enviado a la fosa común en calidad de no identificado.
“Fabiola pudo habernos ahorrado unos meses de sufrimiento. Gracias a dios y al colectivo recuperamos a mi hermana. De la fiscal me quedo con la manera en que me ignoraba; viendo siempre su celular y diciéndome que regresara el viernes”, agrega Ana Laura, quien celebra la valentía de Nallely Guarneros por alzar la voz y haber denunciado a Melo.
FISCALÍA FALLÓ EN PRUEBA CLAVE; IMPUNIDAD AMENAZA
Fabiola a sus amistades les dice que está de vacaciones, que los verá pronto, así lo refieren compañeros de la Fiscalía regional de Córdoba, pero también aquellos que la conocieron en partidas de bingo en la sucursal Big Bola, en Orizaba.
Pese al mensaje de la fiscal general, Verónica Hernández, del 25 de marzo de 2020, de que no habría impunidad en los sobornos que pidió a Nallely Guarneros, la exfiscal de desaparecidos aparenta estar confiada, consiente de un error básico que sus compañeros cometieron al imputarla por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal.
Por ley, Fabiola Melo podría purgar una condena de hasta 10 años en prisión y ser inhabilitada del servicio público, sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso, que se llevó a cabo el cinco de marzo de 2020, ella y su defensa se percataron de que la fiscalía recabó de manera ilegal la principal prueba contra ella.
¿Cuál es ese error? La Fiscalía anticorrupción de Veracruz no solicitó a la Comisión Nacional Bancaria los datos de las cuentas a los que Nallely depositó el dinero a Fabiola. Un error que es similar a cuando la autoridad realiza un cateo sin pedir autorización a un juez.
De acuerdo con el proceso penal 09/2020, los fiscales simplemente acudieron a una sucursal de Banamex y realizaron un pago mínimo a las cuentas que Nallely depositó y así descubrieron que las cuentas 56006668802 y 5606724442 pertenecían a Fabiola Melo y a su hija, F. V., respectivamente.
La defensa de Fabiola, en audiencia, solicitó a un juez de Veracruz que anulara dicha prueba de la Fiscalía, debido a la manera en que fue obtenida, no obstante, el juez negó esa oportunidad a la funcionaria y la vinculó a proceso por los dos delitos de corrupción.
En consecuencia, Fabiola promovió un amparo, el número 341/2020, el cual le fue concedido el pasado tres de agosto de 2021. Un juez federal determinó que el juez de Veracruz impidió defenderse a Melo. Por esa razón, ordenó reponer el procedimiento en su contra.
La fiscalía apeló esa decisión del juez federal, lo que tiene en el limbo el caso en este momento. Sin embargo, el fallo a favor de Fabiola le permite algo más que no permanecer imputada por los dos delitos de corrupción, y es que pueda ser reinstalada en su trabajo.
Lo anterior, debido a que la Fiscalía General del Estado la despidió de manera definitiva, justificando únicamente que ella estaba vinculada a proceso y, por ello, incumplía con los requisitos de permanencia de cualquier servidor público de esa dependencia.
La Fiscalía de Veracruz denunció a Fabiola Melo por cohecho e incumplimiento de un deber legal. No así por obstaculizar una investigación. Esa figura existe en la ley general en materia de desaparición forzada de personas.
La propia Fiscalía General de la República (FGR) utilizó ese recurso para vincular a proceso a dos peritos de la extinta PGR, acusados de obstaculizar las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con un boletín del 13 de octubre de 2021.
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