Xalapa, Ver. - Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) planteó que autoridades a cargo de la búsqueda e investigación en casos de desaparecidos en el sur de Veracruz se coordinen con la sociedad civil y familiares para determinar la forma en que se perpetraron al menos 35 desapariciones forzadas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos implementado durante la administración de Javier Duarte.
Ante las evidencias halladas, según su Informe preliminar “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, existen elementos para suponer la participación de elementos policiales en desapariciones con dicho programa implementado el 26 de mayo de 2014.
Por ello el Instituto hizo un llamado a las autoridades para conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional que permita la búsqueda e investigación de desaparecidos.
Concretamente se requirió la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, solicitándoles la participación de las y los familiares de las personas desaparecidas y de la sociedad civil.
El objeto del grupo de trabajo, plantea el Instituto, sería identificar conexiones evidentes en desapariciones ocurridas en dicha zona del Estado en el lapso que funcionó el “Blindaje Coatzacoalcos”, mismo que dependió de la coordinación de los tres niveles de gobierno con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal y la extinta Policía Federal.
De acuerdo con el documento, difundido este miércoles por el Instituto, el 11 y 12 de mayo de 2015, durante la implementación del operativo, al menos 5 personas desaparecieron a diferentes horas y en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos.
Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, también durante la aplicación del operativo, al menos 30 personas fueron desaparecidas –nuevamente en distintas horas y lugares de la ciudad–según reportes de medios locales e información obtenida.
En algunas de estas desapariciones existen testigos, fotografías o videos que dan cuenta de que las personas desaparecidas “fueron vistas por última vez al ser detenidas por elementos estatales y desde ese momento se desconoce su paradero”.
El IMDHD refiere que derivado de estas desapariciones se han comenzado diversas averiguaciones previas tanto a nivel federal como local, sin embargo, estas se centran en las desapariciones como hechos aislados y no como un conjunto de desapariciones forzadas cometidas en la misma ciudad y bajo la implementación del mismo mando operativo de seguridad.
El Instituto destaca que tanto las comisiones de búsqueda, como las fiscalías especializadas en desaparición, tienen obligación y atribuciones para realizar análisis de contexto en estos casos, de conformidad con lo establecido en Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
De igual forma, añade el Informe, algunos organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han recomendado a las autoridades mexicanas la utilización del análisis de contexto en la búsqueda e investigación de casos de desaparición.
El documento, de 80 hojas, detalla la situación política, las características del municipio de Coatzacoalcos, la actividad de la delincuencia organizada, la alta incidencia delictiva, así como las estrategias implementadas por el Gobierno de Veracruz y el municipal implementadas supuestamente para solucionar el problema de la violencia.
Además, el informe detalla que en la mayoría de las diversas privaciones ilegales de la libertad las víctimas fueron hombres en edad productiva, generalmente de clase baja o media baja, con ocupaciones como taxistas, choferes de autobuses, albañiles y mecánicos.
“Dichas víctimas no fueron presentados ante las autoridades competentes y, en un gran número de casos, se continúa sin saber su paradero”.
En el Informe también se consigna a algunos de los casos en que elementos de la policía fueron vinculados a proceso, así como la alianza de los grupos de la delincuencia organizada con los gobiernos estatales del PRI encabezados por Fidel Herrera y Javier Duarte.
Además, destaca que cuatro organizaciones de la delincuencia organizada se han disputado, principalmente, el territorio y las rentas de mercados ilegales en Veracruz, siendo el Cártel del Golfo (CDG), los Zetas, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“En un caso citado las personas privadas de su libertad fueron liberadas; en otro, algunas de las personas fueron encontradas en fosas clandestinas en un municipio ubicado a 1 hora y media de Coatzacoalcos; en otros más las personas privadas de su libertad fueron identificadas como fallecidas derivado de enfrentamientos con elementos de la Fuerza Civil; y, en dos casos de personas de mayor poder adquisitivo –el comerciante y el propietario de bar–, sus cuerpos fueron encontrados con un narco mensaje clavado en el pecho en municipios colindantes de Coatzacoalcos. Los demás continúan desaparecidos”.