Xalapa, Ver.- El supuesto vínculo del priista Tarek Abdalá Saad con integrantes del crimen organizado no es tema nuevo. Desde el 2015 se le relacionó a Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)en Tierra Blanca, asesinado el 29 de mayo.
Al priista le congelaron sus cuentas bancarias como parte del operativo “Agave Azul”, en el que autoridades de México, en colaboración con los Estados Unidos, detectaron movimientos de dinero vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con Univisión Investiga, el nombre del priista Tarek Abdalá forma parte de la lista de mil cuentas bancarias congeladas, de acuerdo con 20 solicitudes a las que dicho medio tuvo acceso de manera exclusiva.
Es la segunda ocasión en la que, al testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), le retienen su dinero por alguna investigación o denuncia. En 2018 el Sistema de Administración Tributario (SAT) embargó su patrimonio para garantizar siete créditos fiscales por 500 millones de pesos, por sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En los últimos 10 años, el político de la Cuenca del Papaloapan pasó de director del DIF estatal, Tesorero del Gobierno de Veracruz, diputado federal, testigo protegido, a indiciado por presuntos nexos con narcotraficantes.
¿Quién es Tarek Abdalá?
Abdalá Saad es licenciado en Prensa Estratégica y Relaciones Públicas por la Escuela de Programas Públicos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Antes de llegar a la función pública fue director financiero de Sheba Construcciones e Inmobiliaria.
En 2010, ya en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, preso por delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa, fue nombrado director del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), cargo que dejó en 2012, cuando fue nombrado tesorero del gobierno estatal. Al priista se le señaló como el responsable de pagar facturas que emitieron empresas fachadas o fantasmas.
Cuando inició el periodo de campañas en 2015, Tarek Abdalá renunció a su cargo como administrador de los recursos del Estado para competir por una diputación federal, cargo que le permitiría blindarse de cualquier acusación de malversación de fondos públicos, pues le garantizaba el fuero constitucional.
El Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) reporta que el priista ganó la representación del distrito de Cosamaloapan por 42 mil 926 votos.
Presuntos narcotraficantes lo acompañan en evento público
En enero del 2016, ya como diputado federal, Tarek Abdalá convocó a un evento político en Tres Valles, la inauguración de su casa de enlace valió la visita del gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como de Francisco Navarrete, que compartieron el templete.
Al mitin acudieron Juan Carlos Molina Palacios, exlíder estatal de la CNC y exdiputado local (asesinado el 9 de noviembre de 2019) Adolfo Mota, exdiputado federal (investigado por corrupción), Alberto Silva Ramos, exdirigente estatal del PRI (investigado por corrupción).
Además, Marcela Aguilera Landeta, quien era diputada local del PRI por el distrito de Tierra Blanca, y que hoy es Fiscal de Investigaciones Ministeriales, bajo las órdenes de Verónica Hernández Giadáns, recientemente nombrada Fiscal general de Veracruz.
Meses después, Abdalá Saad se desmarcó de Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca, todo eso después de que difundió una fotografía con el también empresario de medios de comunicación.
El priista justificó la gráfica al asegurar que en campaña muchas personas se le acercaban pidiéndole una foto, y descartó que Francisco Navarrete financiara su campaña, donando tortas, refrescos y cervezas, como se difundió en algunos medios de la región.
“El único sustento es una fotografía con una persona que no tengo comunicación, vínculo; nunca he hablado con él por teléfono siquiera. No sé quién es; nunca he tenido una charla con él”, aclaró en entrevista a nivel nacional.
LO INHABILITAN POR 10 AÑOS
En 2016, el entonces Contralor General, Iván López Fernández, anunció su inhabilitación, por un periodo de 10 años, por el presunto mal manejo de los recursos públicos.
La sanción se emitió luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó iniciar procesos administrativos por observaciones a la cuenta pública 2013, al detectar el mal manejo de 315 millones de pesos.
El propio Abdalá Saad admitió que el dinero, proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fue usado para pago de salarios de maestros, tareas de seguridad pública y otras prioridades del Gobierno de Duarte de Ochoa
DUARTE ENVIABA “CAJAS DE HUEVO” AL CEN DEL PRI
En julio del 2018 se hizo pública una supuesta conversación entre el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y el Tesorero estatal, Tarek Abdalá Saad. El mandatario le reclama por el retraso en el envío de mil millones de pesos al PRI nacional, previo a la elección de gobernador de 2016.
En el audio, Duarte de Ochoa reclama al funcionario que “las cajas de huevo” no habían llegado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI -entonces presidido por Manlio Fabio Beltrones Rivera- y que existía “molestia” en la cúpula partidista por el retraso “de los recursos”.
Duarte de Ochoa expresó su preocupación de que le fueran a hacer “de chivo los tamales”, por lo que urgió a Abdalá Saad a contactar al entonces Contralor Iván Fernández, para saber del paradero del dinero, presuntamente, del erario estatal.
Ese mismo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó el embargo de 500 millones de pesos de bienes para garantizar siete créditos fiscales, que derivaron de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su momento impugnó las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sin embargo, como no ofreció al SAT algún pago o bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento y retener sus cuentas.
EL DESENCANTO
El funcionario que figuraba en el principal círculo de amistades del exgobernador Javier Duarte, pasó de ser su consentido a su delator. Fue señalado como responsable del pago a empresas fantasmas, su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones por lo que antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, ofreció colaborar como testigo del caso.
El acuerdo para no ser juzgado, por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, era revelar cómo operaban secretarios y personal inferior de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, entre ellos Tomás Ruiz, Carlos Aguirre, Mauricio Audirac, Fernando Charleston, Gabriel De Antes, Carlos Hernández y Víctor Medina, en el pago a empresas fachadas que se usaron para desviar millones de pesos.
También confesó a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, que como en muchas ocasiones era Karime Macías, la esposa del exgobernador, quien decidía el destino del dinero.
La declaración de se dio a conocer como prueba en una de las audiencias del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, responsables de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En enero del 2017, el entonces Fiscal Jorge Winckler, quien está prófugo de la justicia, solicitó a la Cámara Federal iniciar el proceso de desafuero contra Tarek Abdalá, como responsable por un presunto desvío de recursos de 23 mil 150 millones de pesos del erario estatal.
Para octubre de ese año, se informó que no se era procedente el desafuero del legislador, lo que provocó el rechazo de los miembros pertenecientes de oposición. El representante del distrito de Cosamaloapan concluyó el período constitucional para el que fue electo, a pesar de las denuncias en su contra.
ygr