Xalapa, Ver. – El penal denominado de “supermáxima seguridad de Papantla” fue anunciado en 2009 como el proyecto carcelario cumbre del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Pero a 11 años de ese vaticinio el inmueble se erige como un monumento a la corrupción que, además de lucir inconcluso, registra sobreprecios millonarios.
La obra del cefereso de Papantla fue mencionado en el reportaje “El delito como negocio público y privado”, publicado este 24 de mayo por el reportero Mathieu Tourliere en la revista Proceso, edición número 2273.
El reportaje detalla cómo el proyecto de García Luna —que hoy es juzgado en Estados Unidos por, presuntamente, colaborar con el Cartel de Sinaloa desde 2001 y cobrar sobornos millonarios— recibió el aval de los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El penal de “supermáxima autoridad”, expone el reportaje, tuvo una inversión inicial de 2 mil 88 millones de pesos, misma que se incrementó en más de 400 por ciento debido a retrasos. De esta forma exfuncionarios y empresarios se beneficiaron con nuevos contratos.
Una de las empresas favorecidas en junio de 2018 — con un contrato por 3 mil 959 millones de pesos para concluir la construcción de la cárcel— fue Comtelsat S.A. de C.V., propiedad de Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del periódico El Financiero.
Comtelsat fue denunciada por fraude por el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior, por un probable quebranto de más de 300 millones de pesos; la empresa es señalada de incumplir en la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia, proyecto que también fue a obra cumbre en materia de seguridad del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
PENAL DE PAPANTLA: RETRASOS Y SOBRECOSTOS MILLONARIOS
El reportero Mathieu Tourliere relata que en marzo de 2009 Genero García Luna anunció la construcción de dos penales especiales: uno para secuestradores en Guasave, Sinaloa, y otro para “reos de extrema peligrosidad” en Papantla, el cual contaría con un “módulo de súper máxima seguridad”.
Se trataba de un “complejo de 28.1 hectáreas, que prevé 2 mil 160 celdas de nivel de mediana, máxima y súper máxima seguridad, el cual se gestionó bajo un esquema de asociación público-privada (APP)·, a través de contratos de adjudicación directa, se lee en el reportaje de la revista Proceso.
Sin embargo “las obras del penal se alargaron, no se tramitó la licencia de construcción y debía quedar terminada en diciembre de 2012.En febrero de 2015 la ASF observó que el penal seguía inconcluso, con un avance del 85 por %, y detectó que del proyecto inicial derivaron 15 contratos que absorbieron 3 mil 935 millones de pesos, cerca del doble del presupuesto superior planteado”, revela Tourliere.
La construcción del penal se detuvo cinco años en la administración de Peña Nieto. Además, la empresa encargada de la obra, Tradeco Infraestructura —propiedad de Federico Alberto Martínez Urmeneta—fue inhabilitada en 2016 por la Secretaría de la Función Pública y hoy es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un juicio contra el narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
Para el 12 de junio de 2018, en la recta final del peñismo, el proyecto de García Luna fue retomado. Esta vez mediante una nueva inversión de 3 mil 959 millones de pesos —más que la inicial de 2009— a Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla SA de CV, cuyos socios son Comtelsat y Grupo Lauman, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez.
“En el consejo de administración de la empresa contratista figura Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el último año del gobierno de Vicente Fox, y quien repitió en el cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, al final de la administración de Calderón”, se expone en el texto de Proceso.
El contrato por 22 años, adjudicado por la extinta Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, plantea el inicio de las obras en julio de 2019 para que el penal esté terminado en noviembre de 2020.
“Además de la construcción, la empresa equipará el recinto carcelario con “tecnologías de última generación”, así como “vehículos y equipo mobiliario”, y proveerá diversos servicios, como el mantenimiento del centro de control, la alimentación y la salud. También prestará un “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria”, expone Proceso.
COMTELSAT Y YUNES, INVESTIGADOS POR FRAUDE
Comtelsat, una de las empresas beneficiadas con el contrato de la culminación del penal de Papantla, también recibió un contrato por mil millones de pesos en el gobierno de Yunes Linares para la adquisición e instalación de 6 mil 324 cámaras de videovigilancia en Veracruz.
En abril de 2019, funcionarios del gobierno morenista de Cuitláhuac García denunciaron ante la FGR por peculado al exgobernador, y por fraude a Comtelsat.
De acuerdo con información referida a LA SILLA ROTA, de un total de 6 mil 324 cámaras sólo recibieron funcionando mil 695, es decir solo el 28 por ciento, de lo que prometió Yunes Linares el 22 de octubre de 2017.
El sistema de videovigilancia debió concluirse el 5 de julio de 2018, de acuerdo en el contrato SSP-UA-111/17, pero el gobierno de Yunes heredó inconcluso el proyecto.
Comtelsat fue inhabilitada por tres meses por la SFP como consta en la circular no. UR-DPEP-S-0011/2016. Lo anterior, derivado de un procedimiento de investigación radicado en el expediente CI-S-PEP-004/2013, del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción. No obstante, fue contratada por la administración yunista.
Aunque Comtelsat promovió un recurso de revisión, número 22/2014, el recurso fue desechado. “En cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de mayo de 2016 del expediente citado al rubro, se emite la circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, Entidades de la Administración Pública Federal, y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Comtelsat, S.A. de C.V.”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio de 2016.
Una auditoría realizada por el Órgano fiscalizador de Veracruz (Orfis) advirtió sobre “un fraude debido al incumplimiento de prácticamente todas las cláusulas del anexo del contrato denominado "Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV", en relación al sistema de videogilinacia
A ello se agrega lo expuesto en el reportaje de Proceso. ·En mayo de 2012 García Luna otorgó por adjudicación directa un contrato de 773 millones a Comtelsat para instalar cámaras en cárceles federales; seis años después la ASF detectó que el proceso estuvo amañado y, luego de señalar irregularidades, emitió un exhorto para que se sancionara a los funcionarios que “en su gestión no vigilaron el adecuado seguimiento a los procesos de contratación”.
ygr