XALAPA, VER. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha corregido al menos en 15 ocasiones modificaciones a leyes locales que fueron reformadas por el Congreso de Veracruz. El revés más reciente fue la invalidez parcial a la Ley Ganadera, que se modificó en 2021, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Las últimas dos legislaturas, la 65 y la 66 con mayoría de diputados de Morena, han sido reconvenidos por la oposición, desde Tribuna, de que algunas de sus propuestas son inconstitucionales y serían invalidadas. Sin embargo, no atendieron la recomendación y se arriesgaron a las revisiones que no pasaron el tamiz de los ministros de la Corte.
De las 15 notificaciones que ha remitido la SCJN a la Presidencia de la Mesa Directiva de la 66 Legislatura, en la que se declara la invalidez parcial o total de las modificaciones a leyes locales, 3 corresponden a cambios que promovió la actual Cámara. Las otras 12 fueron de la pasada legislatura -La 65- con mayoría de Morena, de ese grupo 8 diputados se reeligieron.
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Las leyes que no han pasado por el filtro de la Corte son: la reforma a la constitución para reconocer veracruzanos a padres de hijos nacidos en Veracruz -Ley Nahle-; la desaparición y creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev) y la intervención de la tesorería de San Andrés.
Sin embargo, hay otras modificaciones que han sido notificadas a la actual Legislatura, aunque las controversias o acciones de inconstitucionalidad corresponde a otras Cámaras. Algunas tardaron tres años para ser analizadas y resueltas.
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¿Quién dictamina las propuestas de reforma?
La ley establece que el Congreso de Veracruz se integrará por el Pleno y contará, para la conducción de los trabajos legislativos y administrativos, con órganos y unidades administrativas, como la Mesa Directiva; la Presidencia del Congreso; la Diputación Permanente; los grupos legislativos; la Junta de Coordinación Política; la Junta de Trabajos Legislativos; y las comisiones permanentes y especiales, entre otros.
El Congreso de Veracruz cuenta con 44 comisiones permanentes y 4 especiales que se encargan de dictaminar las modificaciones o propuestas de reforma a leyes, la entrega de premios y reconocimiento, entre otras actividades.
De ese universo son 3 comisiones con mayor carga de trabajo y que deben dictaminar y revisar las modificaciones que se llevan al pleno. Los grupos con mayor carga son: Justicia y Puntos Constitucionales, que debe analizar todas las reformas a la Constitución; la de Gobernación, que dictamina la modificación a algunos códigos; y la de Hacienda Municipal, que analiza todo lo concerniente a los Ayuntamientos.
La Silla Rota presenta a los diputados que integran la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales que es la que cuenta con el mayor número de revés de la Suprema Corte:
¿Quién integra la comisión?
1.- Luis Fernando Cervantes Cruz
En su perfil de Facebook, Cervantes Cruz difunde que es licenciado en Derecho por la Universidad del Golfo de México (UGM) Campus Tampico, Tamaulipas.
Fue presidente municipal de Pueblo Viejo en el periodo 2011-2013 y repitió como alcalde en el actual cuatrienio hasta el 5 de marzo de 2021. Es esposo de la alcaldesa en funciones, Valeria Nieto Reynoso.
En la actual cámara el diputado de Morena del distrito de Pánuco no ha presentado ninguna propuesta de manera individual, solo firmó una con toda la bancada en el que se busca sancionar con mayor penalidad el delito de abigeato.
Luis Fernando Cervantes Cruz, declaró en octubre del 2022 que no ha presentado iniciativas en el Congreso local, sin embargo, justificó que tiene otros compañeros que han propuesto más de 20 y no las han aprobado ninguna, porque no valen la pena.
Este 15 de agosto, el legislador aseguró que la violencia que se genera en Poza Rica se atribuye a que la gente no entiende que hay otras formas de salir adelante, y ha optado por sumarse a grupos criminales.
“Es un tema de maduración, la gente debe entender que ese camino (la violencia) no es el correcto, que hay otros caminos y lamentablemente en Poza Rica y en Álamo no han entendido”, dijo al referirse a la aparición de 13 cuerpos desmembrados.
2.- Marlon Ramírez Marín
El político priista tiene de formación profesional: maestría en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Cristóbal Colón de la Ciudad de Veracruz.
El político fue subsecretario de gobierno en la administración de Javier Duarte de Ochoa y regidor en la administración del panista Fernando Yunes Márquez (2017-2021), actualmente es dirigente del partido Revolucionario Institucional.
Marlon Ramírez Marín es de los que suben con mayor frecuencia al Pleno, en las sesiones ordinarias, y observa que lo que se vota en el Pleno del Congreso de Veracruz es contrario a la Constitución y puede generar polémica.
El 30 de junio, el legislador cuestionó un dictamen en el que se permitía la reelección de los contralores internos del Poder Legislativo, el Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.
Los nuevos contralores están hasta 10 años, lo que es una estrategia para cuidarse las espaldas al momento de revisar el gasto del recurso, “Está muy claro que es el último año, el año de Hidalgo, y ante eso necesitan tener un pasaporte de seguridad”.
3.- Rosalinda Galindo Silva
La legisladora por el distrito de Xalapa es abogada de profesión, egresada de la Universidad Veracruzana (UV), según su síntesis curricular que publicó en la página oficial del Congreso de Veracruz.
La dos veces diputada solo ha presentado una propuesta en esta Cámara que recicló de la pasada legislatura, en la que propone que las boletas electorales sean entregadas a los presidentes de casillas dentro de un sobre bolsa de seguridad a prueba de roturas. Esa iniciativa ya había sido aprobada en la reforma electoral en 2020, pero al invalidarse la reforma, quedó sin vigencia.
Por lo anterior, Galindo Silva decidió volver a presentarla en la actual cámara. La iniciativa está en estudio desde enero del 2022.
La legisladora declaró recientemente que los ministros de la Corte, que en su mayoría cuentan con especialidad, no superan a los legisladores. El comentario surgió a raíz de su posicionamiento sobre la determinación de la SCJN de invalidar la reforma electoral del presidente.
“A nosotros no nos superan los ministros, son ciudadanos igual que nosotros y en lo personal, yo también tengo mis conocimientos”, dijo al ser cuestionada por el hecho de que los juristas exhiben sus errores al momento de legislar.
La lista de errores de la 65 Legislatura:
1.- Ley Nahle
La propuesta tenía por objetivo reformar al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, por lo anterior, se remitió a la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales con 2 diputados de Morena y 1 del PRI.
La iniciativa, presentado la diputada Magaly Armenta Olivares -dos veces diputada de Morena del distrito de Cosoleacaque- propuso reconocer como veracruzanos las y los mexicanos con hijos veracruzanos, o con una residencia efectiva en la entidad.
La reforma se invalidó de manera parcial, se quitó el párrafo por el que se reconoció a los padres de hijos nacidos en Veracruz, por ser inconstitucional. 38 diputados (Morena y aliados) votaron a favor y 11 en contra (PAN-PRI).
La oposición dijo que la fracción resultaba contraria a la constitución federal, por lo que sería invalidada; además, de que se quejaron de que era el inicio de la campaña anticipada de Rocío Nahle, secretaria de energía, a la gubernatura de Veracruz.
2.- Desaparecen Tejav y crean Trijaev
En octubre del 2022, se votó un dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en el que se pedía modificar la Constitución para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa (Tejav) para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
La iniciativa que presentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín buscaba desaparecer el Tejav, creado en 2017 en el periodo de Miguel Ángel Yunes, e integrar al Trijaev en base al trabajo de una sala superior y salas regionales, para poder acercar la justicia administrativa a los ciudadanos.
En el debate del dictamen, el diputado Jaime de la Garza observó que no había sido exhaustivos en el análisis de la propuesta; y que dejaban en la indefensión a 100 trabajadores que serían removidos de su empleo.
En los artículos transitorios se propuso liquidar a los magistrados, que se nombraron en 2017, para concluir la relación laboral con el extinto Tejav. Los ministros, al resolver la controversia 266/2022 pidieron la reinstalación de los magistrados, sin embargo, el Congreso argumentó que ellos habían renunciado por lo que se quedaba sin materia la controversia.
3.- Caso San Andrés Tuxtla
El 10 de noviembre del 2022, la comisión permanente de Vigilancia emitió un acuerdo por el que se ordenaba la intervención de la Tesorería Municipal de San Andrés Tuxtla, gobernado por María Elena Solano Calzada de Morena.
La idea, según el acuerdo, era hacer una revisión -hasta por dos años- del manejo de los recursos, pues había indicios de irregularidades. En esa ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió y dio trámite a la acción de inconstitucionalidad 248/2022.
La controversia buscaba declarar la ilegalidad e inconstitucionalidad del acuerdo de la comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 19 de octubre del 2022, por el que ordenó efectuar una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, correspondiente al periodo 2022 y que incluye los documentos contables, administrativos.
Las otras leyes que invalidaron y que pasaron por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales:
1.- Matrimonio igualitario
Los ministros invalidaron cambios al Código Civil que fue reformado mediante el Decreto 569, publicado el 10 de junio de 2020. Invalidaron el artículo 47: la porción que establece “su madre o su padre”, al considerar que ella se reafirmaba la exigencia de que el matrimonio debe ser celebrado únicamente entre un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas homoparentales.
El 28 de mayo del 2020, con 35 votos a favor y 14 en contra, el Pleno del Poder Legislativo avaló en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Veracruz, presentada por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. El cambio se validó en el periodo de la 65 Legislatura.
2.- Ley electoral
Se buscaba hacer una reforma a las reglas para la organización de las elecciones y reducir en un 50 por ciento el financiamiento público.
Para el mes de noviembre de 2020 la SCJN invalidó el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial el 22 de junio de 2020, por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.
El Pleno determinó que el contenido del decreto impugnado incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado y les ordenó hacer una consulta antes de hacer la reforma.
Para evitar la instrucción de los ministros, la fracción de Morena presentó una propuesta para adecuar el código electoral en el que se modificó la forma de asignar el financiamiento a los partidos políticos que hoy reciben solo el 50 por ciento. También lo validó la pasada Cámara.
3.- Ley de desaparición de personas fue invalidada en una porción
En junio de 2020 la Corte invalidó una porción del artículo 31 de la Ley Número 236 para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el 20 de marzo de 2019.
En el cambio se establecía que en la recuperación de bienes en casos de personas ausentes que reaparecen, bastaría la existencia de indicios de que la persona hizo creer su desaparición de manera deliberada con el fin de evadir responsabilidades.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el principio de no criminalización exige que las autoridades no traten a la víctima como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos denunciados.
El último revés de la Corte al Congreso y Cuitláhuac; la controversia la promovió AMLO
Este 14 de agosto del 2023 se revisó la impugnación que se hizo desde la oficina de la presidencia, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que desde el 2021, recurrió a los ministros de la Corte para revertir la reforma que validó el Congreso de Veracruz a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
La iniciativa la dictaminó la comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la 65 Legislatura. El grupo de trabajo lo encabezaba el hoy alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Jiménez, la dos veces diputada, Margarita Corro Mendoza, y Carlos Jiménez Díaz. Todos eran de la fracción de Morena.
El acuerdo se aprobó en la sesión extraordinaria del Congreso de Veracruz, el 31 de marzo del 2021, y ese mismo día cobró vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado. En la reunión de trabajo 12 diputados votaron en contra (oposición) y 27 de Morena avalaron los cambios.
Con esa modificación el Estado buscaba regular las zonas de inspección ganadera, puntos de verificación estatales en donde se revisaría el pago de impuestos, comprobación de propiedad y, de manera prioritaria, la sanidad animal.
En la sentencia del recurso 67/2021 el ministro Alfredo Ortiz Mena invalidó la normatividad al exponer que lo que se buscaba regular desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez son atribuciones del gobierno federal.
Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez han criticado el trabajo de los ministros, no obstante, la presidencia pidió la intervención de los togados para corregir la plana al mandatario veracruzano.
mb