ORIZABA, VER.- Representantes de organismos empresariales de la región de Orizaba, como Canaco, Canacintra, Coparmex, Canacar y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresaron su desacuerdo con la posible instalación de una nueva caseta de cobro en la zona de Cecilio Teherán o Balastrera, municipio de Nogales, así como otra en Amatlán de los Reyes.
En conferencia de prensa realizada este viernes 17 de octubre, los empresarios informaron que el proyecto es impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y la empresa Cal y Mayor y Asociados, con una inversión aproximada de cinco mil millones de pesos bajo la modalidad de inversión mixta entre el gobierno federal y la iniciativa privada.
El contrato corresponde al esquema de modernización, mantenimiento, rehabilitación y operación (M-MRO) de un tramo de 45.3 kilómetros, con una concesión prevista por 10 años.
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El ingeniero Eugenio Raúl Rodríguez señaló que la propuesta ya había sido presentada en 2022 durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, como parte del retiro de la caseta de Fortín. Explicó que, en su momento, se realizaron estudios técnicos y se determinó que el proyecto no era viable, por lo que fue suspendido.
Impacto regional y técnico
El sector empresarial indicó que la instalación de nuevas plazas de cobro afectaría la economía de transportistas, ciudadanía e industrias asentadas en al menos 12 municipios: Nogales, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Rafael Delgado, Orizaba, Huiloapan, Tlilapan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, La Perla y Maltrata.
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También informaron que el tramo donde se pretende la ampliación cuenta con infraestructura considerada de riesgo, como ductos de Pemex, líneas e instalaciones de CFE y Telmex, el acueducto Nogales–Córdoba, drenajes pluviales y la planta de Firiob.
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Entre las zonas de riesgo mencionaron la planta de Pemex ubicada a un costado de la autopista Orizaba–Puebla, el puente ferroviario de Nogales, el Parque Industrial de Orizaba (PIVO) y los ríos Chiquito, La Carbonera, Orizaba, La Calavera, Arroyo Caliente, Totolitos y Ameyal.
Solicitud de diálogo
Las cámaras empresariales solicitaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y al Fonadin detener el proceso de licitación y convocar a una mesa de diálogo con autoridades municipales, empresas de servicios públicos, cuerpos de emergencia y organizaciones ciudadanas.
También plantearon que, en lugar de nuevas casetas de cobro, se analice la posibilidad de un nuevo trazo de la autopista Puebla–Orizaba, que atienda las necesidades de movilidad, seguridad y desarrollo regional.
lm