POZA RICA, VER. - Será hasta después de que concluya el proceso electoral, cuando las autoridades de Poza Rica atiendan la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consistente en la emisión de una disculpa pública por la violencia política cometida contra las y los integrantes del Partido Demócrata Pozarricense y trabajadores de PEMEX que resultaron víctimas de estos agravios que se registraron el 6 de octubre de 1958.
Según se informó, el pasado 3 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja de un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Luego de hacer la investigación, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos a la vida de siete personas, una de ellas menor de edad; la desaparición forzada transitoria de cinco víctimas; la violación al derecho a la seguridad jurídica de seis personas agraviadas; así como la violación al derecho a la integridad personal y al trato digno por tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de 16 víctimas.
Todas las violaciones son atribuibles a servidores públicos de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz (PJEV) y del Ayuntamiento de Poza Rica, por lo que se emitió la recomendación 137VG/2023, misma que se deriva de la acción represiva conocida como la Matanza de “Los Goyos”, cometida contra diversas personas, en el marco de las protestas por un fraude electoral perpetrado en la votación para elegir presidente municipal.
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Según un comunicado emitido por la propia CNDH, el movimiento político-social “Los Goyos” fue sistemáticamente reprimido por ser un peligro latente para los grupos de poder, representados por el cacique y político Jaime Merino, así como por el secretario de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pedro Vivanco. En virtud de lo anterior, y al acreditarse la viabilidad de la queja, la CNDH inició el expediente CNDH/PRE/2023/6979/VG, el cual quedó a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado. Para documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de 29 víctimas y de la sociedad en su conjunto, se solicitó información a las autoridades federales y locales mencionadas, y se recopilaron testimonios de los hechos narrados por sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas, además de realizar diversas diligencias presencialmente, así como en archivos históricos.
A partir del análisis de las evidencias, la Comisión Nacional concluyó que se consumaron violaciones graves de derechos humanos en agravio de militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Pozarricense e integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en el estado de Veracruz, quienes representaban una disidencia política en oposición al régimen priista en dicha región.
En aquel entonces se realizó la detención de activistas políticos previamente identificados y espiados a través del aparato del Estado, quienes fueron víctimas de imputaciones con el fin de persecución política, detenciones que en ese momento no fueron aclaradas y subsistieron en calumnias contra ellos. También se documentó la falta de procedimientos legales, ya que varias víctimas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México.
En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), SEDENA, FGEV, PEMEX y Ayuntamiento de Poza Rica, que lleven a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Estado por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en los años de 1958 a 1966 por el complejo represivo institucional, en contra del grupo político denominado como “Los Goyos” y las personas afines a su movimiento de búsqueda de la democracia.
De acuerdo con la CNDH, dicho acto deberá ser realizado atendiendo los estándares internacionales y deberá publicarse en medios nacionales de difusión y en la página web oficial de cada una de las autoridades recomendadas. Deberán, también, gestionar la preservación de los sitios de memoria enunciados en la Recomendación, en particular la actualmente denominada “Plaza Juárez”, en Poza Rica, donde deberán crear un memorial de las víctimas de la violencia política, para perpetuar la memoria de los hechos ocurridos.
Además, tendrán que colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y gestionar la inscripción de las 29 víctimas en el Registro Nacional de las Víctimas, para que procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación en términos de la Ley General de Víctimas a favor de ellas y sus familiares directos. Mientras que, la SEGOB y el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, deberán brindar a los familiares de cuatro de las víctimas la atención psicológica y tanatológica que requieran.
El Ayuntamiento de Poza Rica, deberá establecer alternativas de cambio de nomenclatura y/o desmontar monumentos o estatuas que se refieran a perpetradores señalados como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos referidos. Daniel Anaya Pazzi, director jurídico del Ayuntamiento, expresó que debido a la veda electoral que comenzará a partir del 01 de marzo no se realizará la disculpa pública recomendada por la CNDH y esperarán a que concluya el proceso electoral.
mb