Reparación de daño a víctimas, una fantasía de la ley

Pachuca.— Mariana era una joven originaria del municipio de Tlahuelilpan que fue asesinada por un adolescente de 17 años; la joven fue vista por última vez en la camioneta del adolescente que fue encontrado culpable y sentenciado a cinco años de prisión -la máxima que se le puede imponer a los menores de edad.

En agosto de 2020, los padres reportaron la desaparición de la joven, días después fue localizado el cuerpo sin vida. Han pasado ya cuatro años del hallazgo y a pesar de que el joven fue sentenciado no sólo a la prisión, sino también a la reparación integral del daño, la familia (víctima indirecta) aún no recibe ningún pago por ese concepto, pero también ha renunciado a su derecho.

Cada mes, se inician un promedio de cuatro mil 500 carpetas de investigación en las que se presume la comisión de un delito, y en consecuencia existe una o más personas víctimas de un delito; sin embargo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en Hidalgo sólo tiene reconocidas un total de 37 personas a las que le ha dado la calidad de víctimas en el Registro Estatal, principalmente en temas de negligencia médica.

La Ley General de Víctimas reconoce que existen cuatro tipos de víctimas del delito: Directa, la persona que sufre en su persona las consecuencias del delito: Indirecta, que puede ser un familiar de la persona que sufrió el delito de manera directa; Potencial, persona que corre riesgo por apoyar o atender a una víctima directa; y víctimas colectivas.

¿Cómo se obtiene el reconocimiento de la calidad de víctima?

La propia ley establece que la calidad de víctimas la puede dar el juzgador mediante sentencia ejecutoriada, no necesariamente condenatoria, puede ser absolutorio, pero ya tienen el reconocimiento de víctimas, o por conocer la causa penal, o por el juez de amparo. Así como por los organismos públicos de protección, o bien la propia Comisión Ejecutiva de Víctimas.

Don Juan Alberto Salinas Ramírez es padre de una joven de nombre Dulce que hace cinco años fue asesinada y hasta la fecha no se sabe nada del responsable del delito, en ese sentido, el señor señala que no hay “delitos perfectos, sino deficiencias e incapacidad por parte de la autoridad investigadora”. Han pasado muchos años y hasta la fecha no sabe qué ocurrió y por qué su hija ya no está en este mundo.

Recuerda que el día la muerte de Dulce, él y su esposa salieron a Pachuca, pues son originarios de Zempoala, y al regresar la hallaron muerta en su recamara, “cuando regresamos como 12:30 am, mi esposa entra a la recámara de Dulce y la encuentra tirada, en la cama, impecable, con una bata de baño puesta, nada más, desnuda, sin signos de violencia ni nada, pero sin signos vitales”.

Lo que siguió después de ese momento, apenas puede contarlo, se llevaron el cuerpo de Dulce a la Cruz Roja, con la esperanza de que estuviera desmayada, “la llevamos corriendo, pero ya no iba viva”.

Desde entonces y hasta la fecha ha sido un peregrinar de la familia que lucha por esclarecer la muerte de Dulce, de quien el médico forense afirma que murió por asfixia por sofocación, incluso pudo haber sido con su almohada o un muñeco de peluche.

Don Juan Alberto y su familia, no sólo no han alcanzado el esclarecimiento de lo que le ocurrió a su hija, sino que además no están reconocidos en el Registro estatal de Víctimas.

“Han pasado cinco años. Quién hace eso de una manera magistral son asesinos seriales y hay que quitarlos de la calle, pero nadie sabe, nadie vio nada, y a una joven positiva, que estudiaba gastronomía en la universidad, trabajadora, muy ecológica, que cuidaba a sus mascotas le fue arrancada la vida sin que haya un responsable”, expresó el padre que este 26 de agosto conmemoró un año más sin su hija.

La Ley Estatal de Víctima de Hidalgo prevé un fondo para el pago de reparación de daños, pero de acuerdo con la titular Ernestina Vázquez, los cinco millones de pesos que corresponden a este 2024, aún no han ingresado a las arcas de la Comisión, pues se atravesó el proceso electoral y no se podían aplicar los recursos, y actualmente están en el trámite, pero aclaró que hasta el momento no se han concluido los procesos para reparar el daño a víctimas, sólo en dos casos, en los que se obligó a los imputados a pagar, uno de ellos, por el exceso de la fuerza pública en contra de medios de comunicación en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma y en un caso de violación.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el estado de Hidalgo 2024, la CEAV recibirá recursos por el rango de 14 millones 787 mil 688 pesos, y de ahí cinco millones de pesos es para la reparación integral del daño; para ellos se previó que fueran apoyadas alrededor de 480 solicitudes de atención psicológica y/o jurídica, o bien apoyo a víctimas de desaparición de personas, pero el Presupuesto no menciona de qué tipo es la “ayuda social”.

Cuestionada respecto de por qué es tardado el reconocimiento de calidad de víctimas y por ende la reparación integral del daño, Ernestina Vázquez explicó que al tener la calidad de víctimas, la Comisión aún requiere de mayor información con la que alimenta la plataforma, “nosotros no podemos hacer lo contrario, si llegan víctimas y muchas, pero les damos la atención; las asesoramos para que interpongan la denuncia ante el Ministerio Público porque muchas personas llegan con miedo para denunciar”.

Sobre el Fondo comentó “no se ha tocado porque es un procedimiento largo la creación del expediente; en la oficina debemos hacer un acompañamiento de trabajo social porque la ley así lo establece, así como la intervención de un comité interdisciplinario que valore si sí corresponde o no la mayoría de los asuntos son de negligencia médica, homicidio, detención ilegal de las personas y ese tipo de delitos”.

¿Para qué sirve el reconocimiento de víctima?

Para acceder a los recursos de ayuda de manera inmediata o bien al procedimiento subsidiario de reparación de daño cuando no se obtuvo reparación del daño por otra vía.

De acuerdo con la jueza de Distrito, Enriqueta Velasco, quien ofreció una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica de Pachuca, no ha habido suficiente difusión de las posibilidades de acceso a la reparación integral del daño, ya que puede ser por procedimientos civil, penal y otros. Explicó que la reparación integral significa la rehabilitación para facilitar a la víctima los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones a derechos humanos.

Comentó que por falta de pruebas ofrecidas en los procesos penales, los jueces terminan en condenar la reparación genérica que es imposible de cumplir, “porque es un problema hacerlo numérico. Casi nunca hay pruebas que acrediten la magnitud del daño. Las audiencias están carentes de contenido. Se tiene la legislación, pero no hay pruebas, de ahí que subrayó que es importante que se ofrezcan pruebas de los daños causados, ya que sí se prueban, el organismo jurisdiccional tiene la obligación de ordenar la reparación del daño”.

sjl