Pachuca.— A pesar de los esfuerzos de organizaciones y refugios de animales como Grupo de Rescate Valientes Valiente y La Jauría de Balú, persisten los casos de violencia hacia los animales, la mayoría de las denuncias se realizan en Pachuca y Mineral de la Reforma, aunque se presume que hay una cifra negra en toda la entidad, de acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Maltrato contra los Animales.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primero en América Latina, en cuanto a animales en situación de calle. El 70 por ciento de los perros en México se encuentran sin hogar, y de estos, 7 de cada 10 sufren algún tipo de maltrato. Como resultado, se estima que 60 mil animales mueren anualmente a causa de la violencia y el abandono.
Y aunque Hidalgo cuenta con leyes que tipifican el maltrato animal, como sucede en 28 de los 32 estados de México y la cifra de adopciones ha incrementado de 8 a 11 por ciento —lo que refleja una mayor conciencia social—, animalistas, activistas, rescatistas, refugios y colectivos de Hidalgo en favor de los derechos de los animales señalan la urgencia de endurecer los castigos, capacitación y sensibilización de servidores públicos así como fomentar políticas para inculcar la cultura de respeto y cuidado a los animales, debido a que este tipo de maltrato es el primer nivel en la escala de violencia social.
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Crueldad extrema en Zacualtipán
Uno de los casos de violencia que rescatistas denunciaron mediante redes sociales es el de la perrita que fue colgada por su dueño hasta su muerte en La Orellana, una localidad ubicada en Zacualtipán. La denuncia se inició en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para lograr el cateo en el domicilio del agresor y poner en resguardo a seis cachorros en estado de desnutrición y un perro adulto más.
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El representante del Grupo de Rescate Valientes Valiente, quien solicitó permanecer en anonimato por seguridad, indicó que durante el cateo no se encontró el cuerpo de la perrita, sólo los lazos con los que se cometió el acto de crueldad, asimismo, fueron hallados seis cachorros. El agresor se dio a la fuga, ya que tiene al menos dos antecedentes de agresión animal, se sabe que anteriormente le había cortado las patitas a una perra y macheteado a otro en la cabeza, en este último caso los dueños decidieron no denunciar por temor a represalias.
Un tema que se ha intensificado en los últimos cuatro meses en el municipio es el envenenamiento masivo de perros y gatos que viven en la calle, incluso en domicilios particulares. El grupo Valientes Valiente recibe semanalmente el reporte de 10 perritos o gatitos envenenados; sin embargo, no se ha logrado ninguna denuncia ante el Ministerio Público.
“Tenemos la limitante por la falta de denuncias y también la nula cooperación de los servidores públicos, quienes nos dicen que hay casos de prioridad. Hay personas que ofrecen gratificación por evidencia debido a que la fiscalía nos la solicita, pero lamentablemente, por miedo o falta de certeza, la gente no coopera”.
Desde hace cuatro años que opera Valientes Valiente, ha conseguido cuatro sentencias por casos extremos de agresión y asesinato animal. En promedio al mes recibe dos denuncias de maltrato y a la semana 10 casos de envenenamiento. Considera el representante que éstos últimos se relacionan con la falta de campañas gratuitas de esterilización por parte del municipio.
“En la administración municipal anterior no recibimos apoyo para realizar campañas gratuitas, por lo que hay muchos perritos en situación de calle, y las personas que no cuentan con los recursos para solventar una esterilización con veterinarios privados optan por envenenarlos. No se había visto una situación tan marcada de asesinato como ahora. Ya pedimos apoyo al nuevo presidente Amado Pérez Hernández, para observar y realizar filtros en la venta de veneno en veterinarias y ferreterías”.
Los casos de envenenamiento se han identificado en la zona centro de Zacualtipán, el mayor número en un día fue de 30 perritos, hace dos meses, en la colonia Santa Cecilia, uno de los puntos de mayor violencia animal según el rescatista; y 15 reportes más en La Garita.
“Ya hemos tenido acercamiento con la titular de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Maltrato contra los Animales en el estado para lograr, al menos, sanciones administrativas con el municipio; sin embargo, hasta el momento seguimos sin respuesta”.
Las cifras oficiales del gobierno
La titular de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Maltrato contra los Animales en Hidalgo, Ana Lilia Martínez Hernández, informó que, hasta agosto, hubo 244 carpetas por maltrato animal, de las cuales, 33 se judicializaron y hubo vinculación a proceso de los imputados, mientras que en 4 casos hubo sentencia condenatoria.
“De las carpetas que tenemos en la Unidad como delitos, prácticamente el 90 por ciento se han judicializado, el resto están en proceso de integración. Los municipios con mayor índice de denuncias por maltrato son Pachuca y Mineral de la Reforma, pero también atendemos y canalizamos a los Centros de Control Canino en ayuntamientos los que corresponden a deberes de cuidado”.
Mencionó que con la reforma a la Ley de Protección Animal en el estado, que entró en vigor en marzo de este año, las sanciones que iban de 3 meses a un año de prisión en caso de lesión o muerte, pasó de 6 meses a 2 años con agravantes, es decir, si la lesión pone en peligro la vida, aumenta la pena, si de esas lesiones el animal murió, la pena máxima es de 4 años, no obstante, si el delito se cometió en presencia de un menor, si fue grabado y publicado o si el acto de violencia provocó sufrimiento del animal, aumenta la pena.
“Ahora ya está penada la zoofilia y también el abandono, porque tenemos muchos asuntos en Tizayuca, como está pegado con la Ciudad de México, hay muchas casas en abandono y al dejar un perro los propietarios creen que ejercen actos de posesión, pero los olvidan y no había pena, ahora con la reforma ya hay posibilidad de judicializar estos casos”.
La fiscal Martínez Hernández explicó que para judicializar un caso por agresión o muerte animal se debe realizar un señalamiento y preferentemente reunir evidencia: testigos, fotografías o videos, con esos elementos se da continuación con visitas o cateos por parte de agentes de investigación o Control Canino de los municipios.
“Este es un trabajo entre la Procuraduría, municipio y asociaciones. Nosotros nos encargamos de retirar a los animales para remitir a instancias correspondientes o a vincular a proceso buscando las penas máximas, pero cuando los espacios en Centros de Control Canino se ven superados acudimos a los refugios para el resguardo y seguimiento”.
Labor de rescatistas animales no debe ser romantizado
Alba Luisa Jiménez, activista por los derechos de los animales desde hace 17 años, compartió que la labor de los rescatistas no debe ser vista desde el romance, sino como el trabajo de voces conscientes que difunden los derechos de los animales y que maltratar a cualquier especie es el primer escalón de la escalera de violencia social, ya que quien es violento con los animales, rara vez se detiene ahí, puede continuar en otros grupos vulnerables como infancias y adultos mayores.
“El ser rescatista es una labor estigmatizada, infravalorada y la idea es que podamos ir hacia un sólo objetivo con autoridades y sociedad civil para contrarrestar la violencia contra los animales, sin embargo, se rescata uno y siete más son lastimados, se esteriliza uno y siete más nacen en las calles, o sea, es una lucha en la que avanza poco y se atrasa mucho, por eso hacemos hincapié en la necesidad de campañas de salud, de concientización social y profesionalización de servidores públicos”.
Compartió que además de las barreras que encuentran la justicia y los recursos limitados en ayuntamientos para hacer frente a las olas de violencia contra los animales, también asumen el riesgo personal como activistas y rescatistas por constantes mensajes de acoso, intimidación, agresiones verbales y amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias.
“El activismo es una labor con un desgaste emocional muy fuerte, en principio porque nosotros no tenemos los insumos y medios para ayudar a todos y las personas dan por hecho que sí y nos entregan esa responsabilidad en automático. Personalmente, en muchas ocasiones he pesado en tirar la toalla, y no porque me agote ayudar a los animales, lo que a veces frena son los mensajes de intimidación que recibo, las agresiones verbales que muchas veces llegan a la página o situaciones que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia”.
Todas las personas pueden ser rescatistas
La animalista explicó que para cambiar la vida de los animales no se requiere de un refugio o un rescate, pues el apoyo va desde llamar la atención a niños que lastiman a un perro, donaciones económicas o materiales, hasta hacer una denuncia anónima, ya que como lo indica el Artículo 24 de la Ley Estatal de Protección Animal, toda persona es responsables del bienestar animal y tiene la obligación de denunciar cualquier acto de abuso y agresión en contra de ellos.
“Luchamos porque se tenga una cultura de tenencia responsable, que se entienda que en el caso de los animales de compañía tienen un periodo de vida que va de los 11 a 17 años. Se hace hincapié a los refugios, colectivos y rescatistas independientes que cuando van a adoptar los filtros tienen que ser rigurosos y a los adoptantes en que hay que considerar la estabilidad emocional como parte importante en la adopción, así como estabilidad económica y casa propia, la idea no es ser clasista, pero hay que ser analíticos porque es como tener un hijo”.
sjl