El llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentado en su fase final por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, se vende bajo una premisa políticamente rentable: recortar privilegios y excesos en nombre de la austeridad; sin embargo, detrás de esa narrativa hay decisiones que no solo tocan el bolsillo de las instituciones, sino también el delicado entramado de representación y contrapesos en el ámbito local.
El eje más visible es la reducción de regidurías —con un tope de entre siete y 15 integrantes— y la limitación a una sola sindicatura por municipio. En teoría, menos cargos implican menos gasto; en la práctica, también significan menos voces dentro de los Cabildos.
En Hidalgo, el impacto sería focalizado pero significativo: los ayuntamientos de Pachuca, Tizayuca, Tula de Allende, Huejutla de Reyes y Mineral de la Reforma (únicos en la entidad con más de 15 regidores) tendrían que adelgazar su estructura. La pregunta es si ese adelgazamiento corrige excesos o recorta espacios de representación en municipios con alta complejidad social y política.
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No es un asunto menor. Los Cabildos, con todos sus vicios, funcionan como espacios de negociación, control político y representación territorial. Reducir el número de regidurías puede traducirse en mayor agilidad en la toma de decisiones, sí, pero también en una concentración del poder en menos manos. En contextos donde la mayoría política suele ser dominante, la disminución de asientos puede terminar diluyendo la presencia de minorías.
Las claves del Plan B
A la par, el Plan B propone imponer un tope presupuestal a los Congresos locales —0.7% del gasto estatal— y reducir en 15% el presupuesto del Senado. De nueva cuenta, el argumento es el ahorro, con la promesa de redirigir recursos a infraestructura. Pero limitar financieramente a los Poderes Legislativos también abre un debate de fondo: ¿se fortalece la eficiencia o se debilita su capacidad de fiscalización frente al Ejecutivo?
El paquete incluye además elementos polémicos: permitir la revocación de mandato desde el segundo año de gobierno, facultar a la presidenta para promover el voto en procesos concurrentes, concentrar múltiples elecciones en una sola jornada, lo que podría derivar en boletas saturadas y procesos más complejos para el electorado. En los estados en que haya elección de gobernador, los ciudadanos recibirían hasta seis boletas
Así, el Plan B se mueve en una línea delgada entre la austeridad, necesaria sin duda, y la tentación de rediseñar el sistema político bajo criterios de eficiencia que podrían sacrificar pluralidad. Reducir cargos no es sinónimo automático de eliminar privilegios.
#Contraparte | Miguel Ángel Islas Pérez, director y columnista de LSR Hidalgo. X: @miguel_aip