La discusión sobre una ley de protección a periodistas en Hidalgo volvió a encenderse y, como ha ocurrido en otros momentos, terminó por enfriarse antes siquiera de llegar al pleno. La iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo, impulsada por la diputada Tania Meza Escorza, estaba prevista para presentarse en la sesión del pasado 10 de marzo en el Congreso local; sin embargo, tras difundirse un posicionamiento firmado por diversos periodistas del estado, el proyecto fue retirado del orden del día. El episodio confirma algo que en la entidad se ha vuelto recurrente: la intención de legislar sobre la protección al gremio existe, pero el consenso sigue siendo áspero.
No es la primera vez que ocurre. En Hidalgo se han planteado en distintos momentos propuestas para crear un marco legal que proteja el ejercicio periodístico, pero ninguna ha prosperado plenamente. Las razones han sido variadas, aunque casi siempre comparten un mismo fondo: inconformidades del propio gremio respecto al contenido de las iniciativas. Por un lado, existe la necesidad evidente de contar con mecanismos que garanticen seguridad, libertad de expresión y acceso a la información; por el otro, cada intento tropieza con la desconfianza de quienes deberían ser los principales beneficiarios.
En el caso de la propuesta más reciente, los señalamientos se concentraron en varios puntos sensibles. Periodistas advirtieron que algunos artículos podrían abrir la puerta a esquemas de censura previa o a controles institucionales sobre el trabajo informativo. Particularmente, se cuestionó la redacción de disposiciones que podrían sancionar la difusión de información considerada “reservada”, así como la posibilidad de crear un padrón de periodistas administrado por la Procuraduría estatal. Para muchos, la sola idea de que una instancia gubernamental determine quién es periodista y quién no, o condicione el acceso a mecanismos de protección, representa un riesgo para la libertad de expresión.
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La intención de la legisladora parecía ser genuina. En un contexto donde las agresiones a periodistas siguen ocurriendo —recientemente se denunciaron ataques contra reporteros en Tula y Atotonilco de Tula—, impulsar una legislación de protección no solo es pertinente, sino necesario. El problema es que, en el fondo, la iniciativa no fue bien recibida por buena parte del gremio, que interpretó algunos de sus planteamientos más como mecanismos de control que como garantías de protección.
El resultado fue previsible. Ante el posicionamiento público de periodistas y la polémica generada, la iniciativa se retiró del orden del día, y con ello, la discusión volvió a quedar en pausa. Por ahora no existe una nueva fecha para su presentación ni señales claras de que el tema vuelva pronto al debate legislativo. La diputada Tania Meza dijo que, ante el rechazo del gremio, la iniciativa finalmente no fue registrada, por lo que el procedimiento quedó concluido.
Así, una vez más, la posibilidad de contar con una ley que proteja realmente el ejercicio periodístico en Hidalgo queda en el aire. El desafío sigue siendo el mismo de siempre: construir una propuesta que parta del diálogo real con el gremio, que garantice libertades y no genere sospechas de control. Hasta que eso ocurra, cualquier intento seguirá corriendo el riesgo de quedarse, otra vez, en el camino.
Mientras tanto, la legislación vigente en la materia (Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo), aprobada en 2012, continúa vigente, aunque sin reglamento.
#Contraparte | Miguel Ángel Islas Pérez, director y columnista de LSR Hidalgo. X: @miguel_aip