Pachuca.— Tras cuatro meses de permanecer fuera de sus domicilios y ser albergados en el auditorio de Colalambre, municipio de Huejutla, existe la posibilidad de que 151 personas regresen a sus hogares, esto tras la intervención de la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, a cargo de Margarita Cabrera Roman.
En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que desde hace tres semanas se mantienen mesas de diálogo entre las autoridades de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo del municipio de Huejutla, y las personas que fueron desplazadas de sus domicilios por supuestamente no querer pagar las faenas.
Al respecto, la funcionaria comentó que la salida de las familias de sus comunidades corresponde a los usos y costumbres de las personas que en sus documentos establecen el pago de faenas, a lo cual los de la agrupación Bautista (evangélicos) se negaban, pero ahora hay acuerdo y disposición de ambas partes para que por un lado paguen la deuda que se ha acumulado y por el otro, reciban el dinero en partes, y a cambio las familias puedan volver a su comunidad.
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“Se han generado diálogos para la atención del asunto que está relacionado con los usos y costumbres aplicables en la comunidad y estas acciones siempre han sido privilegiando el diálogo armónico entre las partes interesadas”, expresó la funcionaria que se limitó a dar lectura a un comunicado y no respondió las preguntas de la prensa en relación a qué consiste el acuerdo, y cuánto deberán pagar las familias evangélicas para poder regresar a sus casas.
“La agrupación Bautista y las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo del municipio de Huejutla, han demostrado su disposición para la solución del asunto, a la fecha existen grandes avances, también han mostrado la disposición de realizar y pagar sus faenas y regresar y los otros, han mostrado disposición para que los miembros realicen el pago de faenas de acuerdo a un plan de pago”, explicó.
En cuanto a las medidas de apoyo a los afectados, la directora mencionó que se les ha brindado atención a través del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, con la entrega de certificados multigrado, y se les ha proporcionado agua y alimentos por parte del gobierno estatal y municipal; lo de la educación debido a que también se les negó el acceso a las escuelas a los menores.
Desplazamiento forzado
Respecto si existen denuncias penales por el desplazamiento forzado, la funcionaria sólo se limitó a responder que es una tarea de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, sin dar mayores detalles por la violación a derechos humanos de las 151 personas que fueron desplazadas de manera forzosa.
Finalmente, comentó que Hidalgo es de las entidades que tiene conflictos derivados de asuntos religiosos, pero aseguró “que son casos aislados”.
sjl