Pachuca.— Ante la omisión del gobierno estatal de emitir un reglamento para la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) interpuso un juicio de amparo, pero en una parte le fue negado, por lo que ahora recurrió al Tribunal Colegiado para que revise la sentencia emitida por el primer juzgado de distrito y se obligue al Poder Ejecutivo a emitir dicho reglamento que impide que las víctimas ejerzan en plenitud su derecho a la restitución y reparación de daños.
La reclamación se funda en la omisión de sancionar, promulgar, ordenar y publicar el decreto de creación de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo, así como la omisión de prever las medidas presupuestales necesarias para la operación de esa comisión. La omisión de emitir el Reglamento de Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo, así como de su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.
Y también se reclama al Congreso de Hidalgo la omisión de crear, aprobar y transmitir al ejecutivo el decreto de creación de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo, así como la omisión de prever las medidas presupuestales necesarias para la operación de esa comisión.
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Los poderes Ejecutivo y Legislativo contestaron
Sin embargo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo negaron los actos reclamados y presentaron como pruebas el decreto de creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la creación de la ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo.
La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública argumenta que en la propia legislación se habla de la existencia de un reglamento, tanto para otorgar una compensación a las víctimas, por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el error judicial, así como los montos y la reparación integral de daños.
En la ley se señala que para ser beneficiarios del apoyo del recurso de ayuda, además de los requisitos que al efecto establezca la ley y su reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral del daño y, en su caso, la compensación.
También, el reglamento debe establecer los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.
El Ejecutivo también señaló que el monto de presupuesto destinado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo, consistente en la cantidad de 14 millones 787 mil 688 pesos, los cuales fueron destinados para la operación y funcionamiento de la comisión durante el ejercicio 2024, así como la cantidad cinco millones de pesos en el rubro de ayudas sociales a personas; sin embargo, no comprobaron que existe un reglamento, por lo que el juez de amparo otorgó la protección de la justicia federal.
Fondo sin utilizar
La Ley Estatal de Víctimas de Hidalgo prevé un fondo para el pago de reparación de daños, pero de acuerdo con la titular en una entrevista realizada en agosto de 2024, Ernestina Vázquez, los cinco millones de pesos que corresponden a este 2024, aún no habían ingresado a las arcas de la Comisión, pues se atravesó el proceso electoral y no se podían aplicar los recursos, y actualmente están en el trámite, pero aclaró que hasta el momento no se han concluido los procesos para reparar el daño a víctimas, sólo en dos casos, en los que se obligó a los imputados a pagar, uno de ellos, por el exceso de la fuerza pública en contra de medios de comunicación en el Ayuntamiento de Mineral del Monte y en un caso de violación.
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