PACHUCA.- Por desviar recursos que eran para combatir la pobreza en comunidades de alta y muy alta marginación, y aplicarlos en equipo médico que además nunca ingresó al inventario municipal, el ex alcalde de Progreso de Obregón de iniciales Raúl M.R., fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado, informó Santiago Nieto titular del despacho de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo a través de la Unidad Especial encargada de la investigación de la denominada Estafa Siniestra.
En la formulación de imputación, el agente del ministerio público narró que los hechos que le son señalados ocurrieron el 03 de abril de 2020, cuando R. M. R, en calidad de presidente municipal, distrajo de su objeto la cantidad de 1 millón 620 mil pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020 (FAISM), destinado para Progreso de Obregón.
Los recursos debían ser destinados para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaran directamente el combate a la pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria del municipio. Sin embargo el recurso fue transferido a una empresa, por concepto de adquisición de equipo médico, mismo que nunca quedó reflejado en el inventario municipal.
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Derivado de ello, se inició una carpeta de investigación y con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada por elementos de la división de investigación el pasado 25 de agosto.
El imputado, fue trasladado a Pachuca de Soto, donde se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formuló su imputación, sin embargo la defensa del imputado solicitó a la autoridad judicial la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se definiera su situación legal.
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Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social consiguió el auto de vinculación a proceso para Raúl M. R., por peculado agravado, en agravio de la administración pública, en su modalidad de desvío de recursos.
Como medida cautelar el juez de control impuso la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe señalar que la investigación la desarrolla la encargada de la investigación del maxiproceso de la Estafa Siniestra.
jgp