Pachuca.— La protección de derechos con la que contaba Manuel N, alcalde de Tula de Allende, al momento de ser aprehendido por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) “no tiene el alcance de decretar la inmediata libertad que insta”. Lo anterior, dentro del expediente 1235/2023 promovido ante el cuarto juzgado de distrito.
Con base en el documento, el incidente planteado por el acalde de Tula, en el que se quejaba de que la autoridad local, tanto la Procuraduría de Justicia que lo aprehendió, como el juez de control que desahogó la audiencia inicial por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, había excedido sus funciones y desacatado la orden del juez de distrito que le había otorgado la suspensión provisional.
Sin embargo, el juez cuarto de distrito negó la suspensión definitiva a Manuel N y le aclaró que la suspensión de la que gozaba y por la que entregó una garantía de 5,000 pesos, tenía el efecto de que en caso de ser llamado ante la autoridad judicial, quedaría a disposición del juez de distrito en lo que se refería a su libertad.
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Si bien se establecía que en caso de que se tratara de un delito que no estuviera en el catálogo de los de prisión preventiva, se concedía la suspensión para el efecto de que no fuera privado de su libertad, también se señalaba que esa parte quedaba condicionada a que le explicaran los motivos por los cuales es investigado.
De ahí que el juez de distrito se negó a ordenar la inmediata libertad del alcalde de Tula de Allende, al no encontrar que hubiera exceso por parte de la autoridad local: “Bajo ese contexto, hágase saber a la parte promovente que el incidente que nos atañe, no tiene el alcance de decretar la inmediata libertad que insta”. Lo anterior, dentro del expediente 1235/2023 promovido ante el cuarto juzgado de distrito.
¿De qué se le señala?
Manuel N actualmente está recluido en el Cereso de Pachuca, se le señala de haber realizado operaciones ilícitas con proveedores, al no haber licitado la compra y adquisición de servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático.
Se le imputa la mala aplicación de 66 millones de pesos, ello con base en las investigaciones que ha realizado la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra.
Cabe recordar que el alcalde fue aprehendido el pasado 14 de agosto y se apegó al periodo de 144 horas para determinar su situación, tiempo en el que permaneció en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. La promoción ante el juzgado de distrito la realizó el 15 de agosto
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