Pachuca.— Por hacer mal uso de los recursos del programa de pensiones para adultos mayores, el exdirector general del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), Alejandro Mariel Díaz y el exdirector de Finanzas y Administración, Víctor Manuel Ortiz López, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados de manera temporal para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público durante de tres meses.
Al ahora exdirector del IAAMEH se le señala de haber recibido en sus cuentas bancarias un depósito por la cantidad de 585 mil 277 pesos, recursos pertenecientes al Instituto y que formaban parte de un remanente del Programa Estatal de Pensiones a Personas Adultas Mayores otorgadas en los años 2017 y 2018.
Al exdirector de Finanzas y Administración se le responsabiliza de haber realizado la transferencia de recursos a quien fuera su jefe, ello consta en la resolución emitida por Iram Zúñiga Pérez, magistrado titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien actuó en su calidad de Autoridad Resolutora, tras haber iniciado un procedimiento administrativo.
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A ambos exfuncionarios se les atribuye la acción de peculado, por haber utilizado recursos del erario público de manera ilegal, faltando así a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 93.
De acuerdo con la resolución del TJA, la investigación derivó de un procedimiento iniciado por el órgano interno de control del Instituto, en el que se señalaba que el Despacho Externo Servicios Contables y Administrativos Zairo S.A. de C.V., llevó a cabo una revisión a los estados financieros, y detectó que en la balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2018, en la cuenta del activo circulante, subcuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo el nombre de Alejandro Mariel por la cantidad de 585 mil 277 pesos, hecho que representa una contravención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Dichos recursos que tienen el carácter de públicos, fueron transferidos a la cuenta personal del exdirector del IAAMEH y provenían de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, anualidades en las que el organismo recibió 8,118,792 pesos y 16,328,160 pesos, respectivamente, para el programa Pensión a Personas Adultas Mayores.
En el desahogo del procedimiento administrativo, ambos exfuncionarios argumentaron que el dinero fue utilizado en renta de carpas, sillas templetes, planta de luz, sonorización, mamparas, lona de publicidad, box luch, viáticos y combustible para 13 municipios; sin embargo, la erogación no contaba con la documentación respectiva, ni con los registros de las etapas del presupuesto en relación al gasto efectuado.
El programa del cual los funcionarios realizaron transferencias a cuentas personales tenía como “objetivo fomentar el desarrollo humano de las personas adultas mayores, con la finalidad de coadyuvar a mejorar su calidad de vida, en un entorno incluyente; estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos, promoviendo la igualdad de las personas adultas mayores”, de ahí que los ahora exfuncionarios dejaron de observar los principios de legalidad, honradez, lealtad e integridad a los que estaban obligados.
La resolución señala que “su falta de vocación al servicio público, traicionar la confianza conferida por la sociedad, privilegiar su interés personal de autorizar el uso del recurso públicos y no preservar el interés superior de las necesidades colectivas, al no reintegrar el recurso financiero a la Secretaría de Finanzas Públicas”, es que se hacen acreedores de la sanción administrativa.
Cabe señalar que el sueldo que percibían como funcionarios era de 41 mil 719 y 36 mil 903, del director general y director financiero, respectivamente.
La inhabilitación para Alejandro Mariel comenzó a partir del 31 de julio y culminará el 29 de octubre de 2023; mientras que para Víctor Manuel Ortiz López, inició el 11 de mayo y terminó el pasado 15 de agosto de 2023.
Cabe señalar que durante el procedimiento, los servidores públicos devolvieron el dinero reclamado por la administración pública.
sjl