PISAFLORES

Este alcalde involucrado en la Estafa Siniestra busca conservar su cargo

El alcalde de Pisaflores cuenta con un amparo y recurrió al TEEH para conservar sus derechos políticos electorales

Luis Francisco N, alcalde Pisaflores.
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Escrito en HIDALGO el

PACHUCA. - El alcalde de Pisaflores, Luis Francisco G. G., involucrado en la denominada Estafa Siniestra que señala el desvío de más de 520 millones de pesos, recurrió al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para que fuera anulado el oficio 23673/2022 emitido por el Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca en la causa penal 1509/2022.

Esto, toda vez que en el documento se informó que procedía la suspensión de derechos político electorales del munícipe, el cual deberá ser remitido al Congreso del estado para que, en su caso, confirme dicha determinación y ordene al Cabildo de Pisaflores llamar a asumir el cargo al suplente.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional local determinó que el juicio ciudadano TEEH-JDC-125/2022 era improcedente, toda vez que el simple hecho de que un juez penal indicara dicha decisión, ésta aún no era aplicada por la asamblea.

“Si bien, en la resolución impugnada se informa que ha resultado procedente la suspensión de los derechos político-electorales del accionante, lo cierto es que ello, por sí solo, no le constituye ningún tipo de afectación hasta en tanto el ayuntamiento o cualquier otra autoridad electoral materialicen la determinación de la autoridad judicial”, expone la sentencia del TEEH.

El alcalde  de Pisaflores señaló que dicha situación afecta su derecho de ejercicio del cargo, toda vez que el pasado 13 de diciembre el Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo le concedió la suspensión definitiva en el recurso de amparo indirecto 1825/2022, en donde los efectos dictados establecen que “el quejoso no sea detenido, quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno”.

Lo anterior, toda vez que la orden de aprehensión combatida se dictó con motivo de los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades, los cuales no prevén prisión preventiva oficiosa; en ese sentido, se le concedió la suspensión definitiva al edil.

“De ahí que resulta claro que no hay un impedimento material hasta este momento que restrinja el derecho político-electoral de ejercicio del cargo del actor, máxime cuando de las constancias que obran en autos se advierte que el ayuntamiento no ha llevado a cabo ningún acto para materializar la resolución impugnada”, precisa la resolución. Por lo anterior, fue desechada la demanda.

INVOLUCRADO EN ESTAFA SINIESTRA

El 20 de septiembre pasado, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer en la Huasteca el descubrimiento de la Estafa Siniestra, un esquema de corrupción llevado a cabo por la anterior administración, en el que se tenían identificados seis municipios involucrados por el desvío de 200 millones de pesos.

El 11 de octubre se dio a conocer que el desvío aumento a más de 520 millones de pesos y las alcaldías involucradas ascendían a 13; en esa ocasión se dijo que eran Yahualica, Huautla, Tlahuelilpan, Epazoyucan, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji y Singuilucan, posteriormente se confirmaron también Atotonilco el Grande, Huazalingo, Acaxochitlán, Pisaflores y Zacualtipán.

Según funcionarios, dos alcaldes hicieron la devolución de recursos: Tepeji del Río, gobernador por el priista Salvador Jiménez, regresó 58 millones de pesos de los 71 millones observados; y Singuilucan, a cargo de Marcos Miguel Taboada Vargas de Nueva Alianza, regresó 26 millones de 110 millones.

El 23 de noviembre fueron aprehendidos cuatro alcaldes: Elías S, de Yahualica; Fidel AS, de Epazoyucan; Felipe JR, de Huautla; y Luis Enrique CG, de Nopala; pero este último quedó en libertad por contar un amparo y los otros tres fueron vinculados a proceso.

Además, se dio a conocer que el alcalde de Pisaflores, Luis Francisco G. G., se encontraba prófugo y era buscado por las autoridades, así como el alcalde de Nopala, quien no acudió en al menos dos ocasiones a los juzgados penales para su audiencia y determinar su situación jurídica.

 

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