Un super cuento chino: “Ya se acabó la corrupción, el bandidaje oficial… ya no van a seguir robando… no habrá proveedores predilectos del régimen… quienes pidan sobornos irían a la cárcel…”: AMLO, noviembre 2019.
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En el año 2019 se realizó uno experimento sobre la honestidad humana. En 40 países se entregaron más de 17,000 carteras “perdidas” a empleados para observar si intentarían contactar al dueño. Cada cartera incluía datos de contacto y, en algunos casos, dinero.
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El resultado: mientras más dinero contenía la cartera, mayor probabilidad de que las personas intentaran devolverla. Países como Suiza, Noruega y Dinamarca encabezaron las tasas de devolución. En el extremo opuesto; en México y Perú cuando la cartera tenía dinero era menos probable que se devolviera.
Este resultado conecta con un fenómeno: la confianza social y la percepción de corrupción en las instituciones públicas. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema es justo, la conducta individual tiende a alinearse con esa expectativa. Cuando predomina la idea desde el poder público “del que no transa no avanza”, el agandalle se normaliza en la vida cotidiana.
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En México, la percepción de corrupción ha sido alta durante las últimas décadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI 2023, más del 83% de los mexicanos considera frecuentes los actos de corrupción en el gobierno. La misma encuesta estima que los moches para servicios públicos representan en promedio 3,368 pesos por persona afectada, con un costo nacional anual cercano a 12 mil millones de pesos.
Si se proyectan estas cifras del INEGI a escala sexenal, el impacto es escandaloso. Entre 2006 y 2017 los pagos a servidores públicos se estiman en alrededor de 85,000 a 100,000 millones de pesos acumulados (entre 7 mil y 8 mil millones de pesos al año). Entre 2018 y 2025, el monto se mantiene en niveles similares, con estimaciones de 80,000 a 95,000 millones de pesos en “mordidas” vinculadas a trámites gubernamentales (entre 10 mil y casi 12 mil millones de pesos al año).
No obstante que el presidente López Obrador mostrando un pañuelo blanco declaró el 18 de noviembre de 2019 “Ya se acabó la corrupción, el bandidaje oficial… ya no van a seguir robando” la realidad es que, en términos anuales, los pagos informales a funcionarios públicos crecieron alrededor de 40% en los gobiernos de MORENA.
La persistencia, y el crecimiento, de estos casos tiene también un reflejo internacional. Según el Índice de Percepción de Corrupción de International publicado en febrero del 2026, México ocupa actualmente el último lugar entre los países de la OCDE y se ubica en el puesto 141 en una lista de más de 180 países evaluados.
Volvamos al experimento de las carteras perdidas: la honestidad individual no es sólo una virtud personal, sino también un reflejo del entorno institucional. Cuando los ciudadanos confían en sus instituciones, como en Dinamarca, devolver una cartera con dinero es un acto natural. Cuando la corrupción es parte del sistema, surge la lógica que muchos mexicanos repiten desde hace décadas: “el que no transa no avanza”.
Mientras esa percepción siga instalada y en pleno crecimiento en el gobierno de México, el problema de la corrupción no será solo una cuestión del poder público, será también un espejo incómodo de la sociedad que la tolera.
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Asumir que la corrupción se acaba por un discurso vacío, sin sustento y con el objetivo de “hacer verdad una mentira” que se repite cada mañana, es una utopía para evangelizar desde el poder, un cruel y ventajoso cuento chino.