León.- Miguel N, presunto feminicida de Milagros Montserrat, es representado por la defensoría pública. Renunció a su derecho de contratar un abogado particular y el caso lo tomó uno de oficio, pagado por el Estado.
El defensor, ante la situación complicada de su representado, ha mostrado argucias para llevar al extremo la defensa. Lo demostró de inicio cuando, al abrirse la audiencia de vinculación a proceso, recurrió al derecho a la duplicidad del término constitucional, lo que alargó 4 días más la definición del juez, que finalmente este viernes determinó que el imputado sería procesado penalmente.
Sin embargo, el abogado, cuyo nombre se mantiene bajo reserva para su protección, sorprendió tanto a la jueza Christina Rábago como al Ministerio Público, con un nuevo recurso:
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Sugirió dejar libre al detenido, bajo medidas cautelares, y que enfrente su proceso fuera de la cárcel. Entre esas medidas cautelares, estaría el no abandonar la ciudad y acudir a firmar una vez a la semana, presuntamente los lunes, que son los días en que suele cubrirse ese trámite por quienes enfrentan un proceso en libertad.
Tras salir de la sorpresa, el representante social rechazó totalmente la posibilidad. “Eso no es posible, el delito es catalogado como grave y el imputado debe permanecer bajo prisión preventiva oficiosa”, dijo el fiscal.
El defensor insistió y se formó un debate en el que la jueza escuchó los argumentos de ambas partes, más por el interés en las argucias del abogado y no interrumpirlo en su alegato, que por darle posibilidades reales.
El agente del Ministerio Público aseguró que, dados los hechos protagonizados por el presunto feminicida, asentados en un video del 10 de agosto pasado donde se observa el momento en el que comete el crimen contra Milagros Monserrat, apuñalándola en el pecho, Miguel podría ser un riesgo para los familiares de la víctima, quienes se han manifestado inseguros.
Además el fiscal aseguró que es claro el riesgo de que el acusado pueda escaparse de la justicia.
Tras escuchar los argumentos, la jueza que encabeza el caso reiteró que el proceso sería llevado con el imputado bajo prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación, para lo cual se fijó un plazo de 6 meses a partir de este 18 de agosto.