León, Guanajuato.- Dos gasolineras ubicadas en la ciudad de León fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación federal por la presunta venta de combustible de procedencia irregular. Con estos operativos, Guanajuato suma ya cuatro estaciones de servicio intervenidas durante marzo, de las cuales dos están en León, de acuerdo con información confirmada por el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona.
Los dos puntos asegurados en León se localizan en la colonia Arbide, sobre el bulevar Nicaragua, y en la zona de Killian II, en el cruce del bulevar Vasco de Quiroga con la calle Fray Daniel Mireles. En ambos casos quedaron colocados sellos de aseguramiento con la leyenda “Inmueble asegurado” y el número de carpeta FED/GTO/LEON/0000749/2026, como se aprecia en los sellos visibles en bombas y áreas del inmueble.
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De acuerdo con lo informado por autoridades estatales y reportes periodísticos coincidentes, la línea principal de investigación apunta a que las estaciones no pudieron acreditar de dónde provenía el combustible que comercializaban. Jiménez Lona explicó que en estos casos Pemex no reportó abastecimiento a esos puntos y los propietarios tampoco habrían demostrado que el producto proviniera de una importación legal, por lo que se abrió la indagatoria correspondiente.
Hasta ahora, la FGR no ha difundido públicamente un reporte detallado sobre volúmenes asegurados, personas detenidas o la mecánica específica detectada en estas estaciones. La información disponible indica que los inmuebles permanecen bajo resguardo mientras continúan los dictámenes técnicos y ministeriales.
Qué se investiga
Aunque en la conversación pública el caso se ha resumido como venta de “huachicol”, lo que hasta ahora han señalado las autoridades es una falta de acreditación documental sobre el origen legal del hidrocarburo. En México, la comercialización de petrolíferos requiere permisos específicos y trazabilidad del producto dentro del marco regulatorio del sector; además, el SAT mantiene controles volumétricos y validaciones sobre permisos relacionados con la cadena de suministro.
En términos prácticos, eso significa que una gasolinera debe poder demostrar de manera verificable quién le vendió el combustible, bajo qué permiso, y con qué documentación de respaldo. Cuando esa trazabilidad falla, la autoridad puede abrir investigaciones por comercialización ilegal de hidrocarburos o por esquemas asociados al llamado huachicol fiscal, es decir, combustible que entra o circula en el mercado sin cumplir plenamente con sus obligaciones legales y fiscales.
León, otra vez en la mira
El caso revive un antecedente que en León ya había generado alarma años atrás. En el recorte periodístico compartido por esta redacción se observa una portada de 2017 con el encabezado “Cierran 4 gasolineras por vender huachicol”, donde incluso se menciona que dos de ellas estaban en León. Aunque aquel episodio corresponde a otro momento y a otras investigaciones, el paralelismo vuelve a colocar a la ciudad dentro del mapa estatal de vigilancia sobre expendios de combustible.
La diferencia hoy es que el nuevo aseguramiento ocurre en un contexto de mayor presión institucional sobre la trazabilidad del hidrocarburo y sobre las redes de comercialización irregular en el país. Apenas en fechas recientes, autoridades estatales y federales también reportaron aseguramientos de miles de litros de hidrocarburo en Guanajuato y cateos relacionados con este tipo de delitos.
Cuatro gasolineras en Guanajuato durante marzo
La relevancia del caso no está sólo en León. Los reportes publicados este 19 y 20 de marzo coinciden en que ya son cuatro las gasolineras aseguradas en Guanajuato durante este mes por irregularidades vinculadas con la procedencia del combustible. Dos de ellas se ubican en León y las otras dos en otros municipios del estado, aunque hasta el momento no toda la información pública ha sido detallada de manera uniforme por la autoridad federal.
El siguiente paso será la integración de los dictámenes técnicos y ministeriales con los que la FGR determine si hubo delitos federales vinculados a la comercialización de hidrocarburos. Mientras eso ocurre, las estaciones aseguradas en Arbide y Killian continúan fuera de operación, con sellos visibles en las bombas despachadoras y vigilancia en el perímetro.
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