Guanajuato.- Un juez federal dictó una sentencia de 29 años de prisión a Adán González Ochoa, alias “El Azul” o “El Gordo Paz”, quien era operador financiero y posteriormente asumió el liderazgo del Cártel de Santa Rosa de Lima después de la captura de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”.
La Fiscalía General de la República (FGR), en su página de redes sociales, informó que, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato, obtuvo este martes 19 de marzo la sentencia condenatoria contra “El Azul”, por delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.
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También fue sentenciado este día a 19 años de cárcel su escolta, Israel Martín Arvizu Cervantes, por los mismos delitos.
De acuerdo con el expediente, el 15 de octubre de 2020, la FGR inició carpeta de investigación en contra de Adán “G” e Israel “A" por los delitos señalados, con motivo de la incompetencia declinada por el similar del fuero común.
Un día anterior, el 14 de octubre de 2020, elementos de la Agencia de Investigación Criminal estatal observaron que dos personas abordaban un vehículo sin placas de circulación por lo que iniciaron una persecución y al darles alcance revisaron el automóvil.
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En el lugar, detuvieron a Adán “G” e Israel “A”, y aseguraron un arma de fuego larga, tres teléfonos celulares, una bolsa de plástico que contenía aproximadamente 239.2 gramos de metanfetamina y un vehículo.
Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), demostró en juicio oral que los procesados pertenecen a una organización criminal dedicada a cometer delitos bajo la perspectiva de la delincuencia organizada (Cártel de Santa Rosa de Lima).
Por lo anterior, el Juez federal de la causa dictó sentencia condenatoria de 29 años de prisión en contra de Adán “G” y multa de 700 Unidades de Medida y Actualización (76 mil pesos); y de 19 años y 450 Unidades de Medida (49 mil pesos) para Israel “A”; además, se suspendieron los derechos políticos y civiles de los sentenciados, y se decretó el decomiso de los objetos de delito que les fueron asegurados.