Guanajuato.- El fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, después de una labor de 33 años dn diversos cargos dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los últimos 15 años se desempeñó como titular de dicho organismo y ha encabezado la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, el próximo 1 de enero de 2025 dejará el lugar para que otra persona sea electa para tan importante responsabilidad.
El diputado local Jorge Arturo Espadas Galván, en entrevista para Así Sucede León, señaló que este lunes en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó una iniciativa, sobre el tema de la elección del próximo fiscal, para reducir de 9 a 7 años la permanencia del titular del órgano procurador de justicia.
Manifestó que se tocó el tema de la renovación y destitución de quien ocupe el cargo de fiscal, lo que partirá de una iniciativa, que en el sexenio actual corresponde a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y con el aval del Congreso.
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Explicó que, anteriormente, en el proceso de destitución debido a alguna conducta ilícita del fiscal, el Gobierno del Estado enviaba la iniciativa y el Congreso podía incluso dejar si efecto la destitución, aunque ahora “la destitución ya no se votará, el fiscal se va”.
Sobre si ya se tienen algunos perfiles para ocupar el sitio que dejará Carlos Zamarripa, Jorge Espadas no dio a conocer nombres, sólo indicó que: “El proceso de selección iniciará el 1 de enero y tendremos 20 días para armar una quinteta y enviarla a la Gobernadora”.
A saber
Cabe recordar que el cambio del fiscal Carlos Zamarripa fue un anuncio que hizo Libia Dennise García durante su campaña en busca de la gubernatura y pocos días después de haber rendido protesta, Zamarripa hizo pública su renuncia (30 de septiembre) a partir del 1 de enero de 2025.
Es obvio que a partir del 2 de enero de 2025 habrá un fiscal provisional, en tanto se desahoga el procedimiento para el nombramiento del nuevo.
El nuevo fiscal deberá enfrentar los retos sobre las acciones de justicia ante los índices de violencia propiciados por grupos del crimen organizado.