Para Estados Unidos la relación bilateral con México se basa en tres puntos: economía, migración y seguridad, en los que se desarrollan una gran cantidad de temas sobre los cuales marcha la relación.
Por eso es por lo que después de la embajada norteamericana en El Cairo en Egipto, su Embajada en México junto sus Consulados trabajen unas 400 personas. Para Estados Unidos, El Cairo constituye una posición geopolítica de interés, lo mismo que sucede en su embajada en México.
Le interesa que las inversiones norteamericanas cuenten con la certeza política y jurídica necesaria, para acrecentar su dinero y que el fenómeno migratorio no llegue a niveles de invasión territorial. El llamado Plan “B” sobre la reforma electoral viene a enrarecer el ambiente.
Pero quizás para Washington lo más importante sea la seguridad, el eje sobre el cuál giran todos y cada una de las agendas temáticas y que lo conceptúan con un vínculo indisoluble a la economía y migración.
Los resultados de la elección para renovar el Congreso en Estados Unidos definirían el rumbo de la política de seguridad, sin perder de vista los grandes intereses sobre los que gira la política norteamericana.
Pero en México los temas de economía, migración y seguridad no cobran el mismo interés y relevancia.
El fenómeno de la pandemia vino a develar lo que sabíamos sobre las carencias existentes en el sector salud, pero las políticas de la presente administración no están diseñadas para superar las deficiencias y convertir al sector en el sistema nórdico que prometió el presidente López Obrador.
Sobre la economía, en realidad todavía se desconoce el tamaño del impacto para los siguientes años, producto del decaimiento como consecuencia de la falta de actividades productivas por el covid-19 que parece y repuntaría para este invierno.
El punto en donde Washington presiona a México es en seguridad. Conoce las debilidades de seguridad de las instituciones mexicanas, así como de su clase política.
La Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas verdaderamente tienen otros datos sobre la radiografía de la seguridad mexicana.
Saben que por lo menos 20% de los centros de población mexicanos está en manos de la delincuencia; sabe que las políticas de seguridad son insuficientes, mal diseñadas, mal alineadas y con algunos tomadores de decisión en seguridad están cooptados por la delincuencia y que es necesario despolitizar la seguridad mexicana.
Saben también que la transformación a que se refiere el régimen no puede lograr los cambios estructurales y secundarios del país, con unas políticas públicas que poco abonan a la redistribución de la riqueza, en política, en economía, en lo social y de seguridad de la ciudadanía.
También saben que el compromiso por combatir a la corrupción es parcial, simulada y solo tiene fines electorales.