Cincuenta años después de que oficiales de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieran en Santiago para fundar el llamado Sistema Cóndor, persisten las interrogantes y demandas de justicia sobre una de las redes represivas más letales del Cono Sur. El 25 de noviembre de 1975 marcó el inicio formal de la Operación Cóndor, un mecanismo secreto de cooperación destinado a perseguir, capturar y eliminar a opositores políticos incluso en el exilio.
La operación dejó un rastro de tortura, secuestros, desapariciones y asesinatos que trascendieron fronteras. Aunque su actividad oficial concluyó a finales de 1978, varias acciones bilaterales —especialmente con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile— continuaron hasta 1981.
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Tres pilares de una maquinaria clandestina
El Sistema Cóndor operó bajo una estructura meticulosa. En primer lugar, centralizó toda la información de inteligencia sobre supuestas actividades subversivas en una base de datos ubicada en Santiago. Además, dispuso de un canal de comunicaciones encriptado que permitió intercambios rápidos y secretos entre los regímenes militares. A ello se sumó la Oficina de Coordinación y Comando Avanzado, responsable de supervisar operaciones conjuntas.
Argentina, Chile y Uruguay también formaron la unidad Teseo, encargada de perseguir a exiliados en Europa. La red, debido a su carácter ultrasecreto, no dejó listas oficiales de víctimas. No obstante, investigaciones académicas han identificado al menos 805 personas afectadas entre 1969 y 1981, la mayoría activistas políticos y sociales o integrantes de movimientos armados de Uruguay, Argentina y Chile.
Las primeras pruebas y el despertar internacional
A medida que la represión escaló, también surgieron testimonios clave. En 1977, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta denunció ante Amnistía Internacional su secuestro y tortura en cárceles clandestinas de Argentina y Uruguay. Su relato se convirtió en una de las primeras evidencias directas de la coordinación entre los regímenes.
En 1979, el periodista estadounidense Jack Anderson reveló en The Washington Post la participación del Plan Cóndor en el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976, lo que internacionalizó el escrutinio.
La lenta marcha hacia la justicia
El fin de las dictaduras abrió una ventana para investigar las atrocidades. En Argentina, la publicación del informe Nunca Más (1984) reconoció por primera vez desde una instancia oficial la existencia de la maquinaria transnacional de terror. Sin embargo, las llamadas leyes de impunidad aprobadas en Argentina y Uruguay —sumadas a amnistías previas en Brasil y Chile— congelaron durante años los procesos judiciales.
El escenario cambió en 1998, cuando el arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet —aunque nunca juzgado por razones médicas— impulsó nuevas causas. Desde entonces, más de 100 oficiales civiles y militares han sido condenados por crímenes vinculados al Plan Cóndor en al menos 50 juicios, de los cuales 40 concluyeron con sentencias condenatorias. Entre los procesados figuran exdictadores como Reynaldo Bignone (Argentina) y Juan María Bordaberry (Uruguay), así como mandos altos y medios de distintos países.
La mayoría de los fallos se han emitido en Sudamérica: 13 en Argentina, 11 en Uruguay y siete en Chile. En septiembre de 2025, Uruguay condenó a 12 años de prisión a los exoficiales Carlos Alberto Rossell y Glauco Yannone por el secuestro y tortura de los activistas Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, además de los hijos de esta última, en Porto Alegre en 1978. Su denuncia, presentada en 1984, fue la primera interpuesta en Uruguay por crímenes del Plan Cóndor.
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Responsabilidades más allá de Sudamérica
Italia también ha tenido un papel relevante. Cinco sentencias han sido emitidas por tribunales penales italianos, incluido el fallo de octubre de 2025 que condenó a cadena perpetua al exmarino uruguayo Jorge Tróccoli por tres asesinatos cometidos entre 1976 y 1977. Según la abogada Alessia Merluzzi, el juicio permitió esclarecer el modus operandi transnacional de los represores y la planificación detallada de sus crímenes.
Una herida todavía abierta
Pese a los avances, gran parte de los delitos del Plan Cóndor siguen envueltos en silencio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado desde 2021 a que los países involucrados profundicen la cooperación para esclarecer plenamente el alcance de esta red represiva.
A medio siglo de su creación, la Operación Cóndor continúa siendo una sombra persistente en la historia reciente del Cono Sur: un mecanismo transnacional de terror cuyos efectos siguen resonando en las demandas de memoria, verdad y justicia.
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