La presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el titular de la secretaria de Salud, Manuel Matheu, firmaron un acuerdo ejecutivo para que el uso y comercialización de la pastilla de emergencia (PAE) no sea penado dentro del país ya que desde el año 2009 se encontraba vetada y no existían causales para consumirla.

De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, el argumento más fuerte con el que peleó por este derecho fue que la Organización mundial de la Salud (OMS) determinó que el uso de esa píldora forma parte de “los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva”.

Estas declaraciones están dirigidas al sector ultraconservador y “pro-vida” que abunda en el gobierno, ya que esa esfera se ha convertido en un enorme bache para el movimiento feminista hondureño y la lucha por los derechos sexuales de las mujeres.

Según información de El País, Honduras es uno de los cinco países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo está totalmente prohibida, así mismo se convirtió en el último país de Latinoamérica en permitir el consumo libre de la pastilla de emergencia.

Así mismo, la presidenta afirmó que ésta será gratuita en los centros de salud y también se conseguirá sin receta en las farmacias, como cualquier otro anticonceptivo. Como si se tratara de un deseo cumplido, el acuerdo fue firmado el pasado 8 de marzo, y, según Visitación Padilla Merlín Eguiguren, directora del Movimiento de Mujeres por La Paz, este es un gran avance para la autonomía corporal de las mujeres ya que evitará muchos embarazos no deseados.

Si bien es cierto que este es un gran avance para las mujeres hondureñas, el médico y diputado por el Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional Carlos Umaña señaló a CNN que, así como se ha aprobado la distribución y consumo de la PAE, es sumamente necesario iniciar campañas de educación sobre el uso de la pastilla para así no tener complicaciones de salud.

Un largo camino hacia los derechos reproductivos

El 1º de abril del 2009 en Honduras se votó a favor de una ley que prohibía la anticoncepción oral de emergencia propuesta por Martha Lorena Casco, fundadora del Comité Pro-Vida. El entonces presidente, Manuel Zelaya, dijo que esa norma iba contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la vetó. Desde entonces estaba prohibido el uso, venta, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia, cualquiera de estas acciones era penada con la misma dureza que el aborto.

A principios de 2021, expertas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas también criticaron la ley y condenaron “la falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluso embarazos de adolescentes" y desde enero del 2022, cuando Xiomara Castro llegó a la presidencia, había luchado por eliminar ese decreto.