Tulum, la tierra por excelencia del turismo, mar, atardeceres, restaurantes y la posibilidad de ganar en dólares para despilfarrar en pesos en uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país. Alejados de esta zona, las comunidades de comerciantes y migrantes centroamericanos sobreviven en la periferia y en esta realidad, el nombre de Victoria Salazar debe ser nombrado, seguido de las palabras impunidad y brutalidad policial. 

Sometida en el suelo, con las manos esposadas y con la rodilla en la espalda de uno de los elementos, Victoria Salazar, mujer migrante salvadoreña y trabajadora de la zona hotelera fue asesinada a los ojos de otros policías estatales y ciudadanos que transitaban la calle. ¿El uniforme policíaco es escudo impenetrable para ejercer la brutalidad?

En conversación para La Cadera de Eva, Leslie Jiménez, Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero coloca bajo el lente una violencia estructural que atraviesa y vulnera a todas las personas, obstaculiza la justicia e instrumentaliza a los cuerpos policíacos para representan el primer acercamiento a una violencia estatal de vigilancia, castigo y control. 

“La policía, es el brazo más cercano a la violencia estatal. El uniforme tiene muchísimos significados simbólicos, permite justificar esta intromisión, a la dignidad a la privacidad, a la integridad de las personas, en aras de que no actúa como un ente policíaco o un individuo, sino como un Estado que permea en vida pública pero también, en lo privado”

Impunidad, ¿quiénes portan el uniforme y tratan con el ciudadano?

La brutalidad perpetrada por elementos de seguridad pública es una de las pandemias más invisibilizadas en la sociedad, no porque no se sepa de su existencia, sino por el grado altísimo de desinformación e impunidad en las carpetas de investigación. En un mapeo informativo, la Unesco dio a conocer que sólo del 2015 al 2020 se tiene un registro de 33 mil 750 investigaciones por homicidio, desapariciones forzadas, lesiones, tortura y abuso de autoridad, de este universo sólo el 0.5% de los casos recibe una condena.

  • 33 mil 750 expedientes
  • 373 se judicializaron
  • 172 recibieron sentencia condenatoria 

Estos datos arrojaron que en México, el 99.5% de los casos de brutalidad quedan en absoluta impunidad. En un ejercicio de reflexión la especialista Leslie Jimenez señala que es necesario entender la impunidad no sólo como la sanción, sino como la ausencia de cualquier acto de investigación que intente esclarecer los hechos que se denuncian. 

Preguntarse el porqué la ciudadanía decide no acercarse al sistema de justicia es trastocar una serie de condicionantes distintas, el temor, el prejuicio, la vergüenza e incluso, el conocimiento anunciado de que la autoridad no actuará en tiempo y forma para salvaguardar la seguridad del denunciante. 

“Radica justo en esa parte de que las personas que han vivido estas violencias policiales, tienen la sensación de temor, aunado a prejuicios, etiquetas y revictimizaciones da como resultado que no se denuncie, o en el caso de las carpetas existentes, se resuelvan al mínimo”, comenta la especialista. 

Por otra parte, otros de los pilares fundamentales de este fenómeno es que hemos normalizado la violencia policíaca y se han desdibujado los límites de sus acciones, como si se tratase de una justificación estatal donde se considera que el elemento policiaco está en su derecho de agredir, violentar, oprimir y despojar a la ciudadanía. Sobre esta línea, Leslie Jimenez apuntala que no se tiene completamente comprendido cuáles son los límites del ejercicio de la violencia. 

De acuerdo a una investigación realizada por Milenio en conjunto con la Unesco, estas son las principales carpetas de investigación que se adjudican a los policías estatales y federales: 

  • Abuso de autoridad
  • Tortura y tratos crueles
  • Tratos inhumanos o degradantes
  • Desaparición forzada

A estas alturas de la conversación con la especialista, es necesario cuestionarse, ¿cuántas veces fuimos testigos de violencia policiaca y se normalizó que era correcto porque ese es su trabajo?

Ahora bien, cuando pensamos en quiénes son las personas que portan el uniforme y cuál es la preparación que reciben para tratar con la ciudadanía, la realidad es que son personas que reciben preparaciones constantes. En Ciudad de México, incluso, existe la Universidad de la Policía en materia de Seguridad Ciudadana. 

La capacitación constante y la reiteración de los derechos humanos, es un discurso aprendido que, con insistencia, se inculca dentro de los cuerpos policiacos y castrenses, la cuestión, explica Leslie Jiménez, es que no se fomenta en ellos la conciencia de clase, social, el rol y cuál es la función que desempeñan como servidores públicos. 

Al respecto el Instituto para la Seguridad y la Democracia, señala en su portal oficial que el abuso y brutalidad existen pese a lineamientos internacionales básicos para actuar, sin embargo, al momento de cuestionar a los policías municipales y estatales en sus ejercicios, indican que no existen protocolos de detención, uso de la fuerza y cómo realizar un traslado.

Violencia estructural, misoginia, vacíos informativos y machismo alojado en las instituciones policiacas

De acuerdo con el Washington Post, la violencia se anida en las instituciones policiacas en todos sus niveles, es decir, que desde los altos funcionarios hasta los elementos operativos, son sujetos de violencia, corrupción, amenazas, hostigamiento y acoso. Cada uno de los actores que se desempeñan en estos órganos coexisten en un espacio violento y desde esta experiencia, se relacionan con la ciudadanía, mujeres, grupos vulnerables, migrantes, afrodescendientes y personas de la comunidad LGBT. 

En ese sentido, en entrevista con Alejandra Robles, internacionalista con maestría en estudios de paz y de conflicto y especialista en derechos humanos, opina que existe un fuerte pensamiento machista, patriarcal, violento, homofóbico y racista en las filas de los cuerpos policiacos y militares. 

“Es un pensamiento que se atribuye a una cuestión social, es decir, que está fuertemente arraigado en su formación. El Gobierno debería permitir, ni siquiera, chistes de homofobia, sexismo y machismo, no deberían existir cuerpos policiacos operativos con estos pensamientos”, condena la especialista. 

Por su parte, la especialista Leslie Jiménez abona en este contexto señalando la cantidad de abuso, machismo, sexismo, sexualización y hostigamiento que viven las mujeres policías al interior de estos órganos profundamente patriarcales, y la manera en que, recientemente, han sido objeto instrumentalizado para que el Estado pueda “lavarse la cara”, en sus represiones. 

“La policía ha transitado de ser estos elementos de violencia estatal a ser estos elementos instrumentalizado con fines políticos, como por ejemplo, en el 8M. Utilizaron a las mujeres policías para hacer este supuesto ejercicio democrático de “estar con las mujeres que se manifiestan”, y lo único que hacen es retomar este argumento de instrumentalización de mujeres que dentro de los cuerpos policiacos, viven la misoginia y el machismo. Una manera de que las autoridades se laven la cara”, señala Leslie Jiménez. 

Una de las consideraciones normalizadas, es despojar a los elementos policiacos de su individualidad y su ciudadanía, es decir, se deben observar como personas que también poseen derechos y es precisamente en este enunciado donde se toca una de las problemáticas más importantes: ciudadanos conteniendo, castigando y violentando a otros ciudadanos. 

Sí, son ciudadanos que tienen derechos y ejercicios, tienen esta conciencia de que portan un uniforme porque son parte de instituciones, pero también, se les debe mostrar que son ciudadanos que tratan con otros ciudadanos, esto es elemental para que el trato sea diferente. Las instituciones se jactan de decir que tienen unidades contra violencia de género y protocolos para salvaguardar a personas de grupos vulnerables pero, ¿cuentan con una preparación para saber con quiénes están tratando?, más allá del marco jurídico, más allá de la formación de los derechos, es inculcar el trato humano entre una persona y otra, eso es algo que no se fomenta, acota Leslie Jiménez Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero.

Finalmente, otros de los pilares que vulneran aún más a las víctimas de alguna agresión perpetrada por estos elementos, es la falta de información y las contrariedades de las mismas autoridades mexicanas que manejan cifras distintas, ocultan datos, modifican e invisibilizan los casos. 

Una de las disparidades más palpables de estos vacíos informativos, son los números que arrojan los Ministerios Públicos, sosteniendo que 93 denuncias por lesiones perpetradas por un cuerpo policial fueron judicializadas, por su parte, al hacer un mapeo informativo en las páginas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen un registro de 180 denuncias judicializadas.

La diferencia entre ambas instituciones es de 87 denuncias, esta falta de congruencia en los números, expone la cantidad de denuncias que quedan postergadas por parte de las autoridades mexicanas, cada órgano estatal y federal posee sus propias cifras, lo que dificulta ver con claridad qué está ocurriendo en los estados y contabilizar un número certero de víctimas de homicidio doloso, desaparición forzada, violación, extorsión, lesiones, tratos inhumanos y crueldad, esto aunado al temor a denunciar y la inacción de los órganos, se convierte en un obstáculo masivo para acceder a la justicia y en una pandemia acelerada de brutalidad policial donde el freno no existe.

El Estado protege y en el actuar, vulnera

El Estado mexicano se caracteriza por poseer un marco jurídico completo y enriquecido que podría salvaguardar la integridad y seguridad de todo ciudadano. Las leyes, las sanciones y las estipulaciones están escritas en el papel y son cobijo suficiente para que toda persona mexicana tenga acceso a la justicia y a una vida sin violencias, la cuestión radica en un ejercer entorpecido que vulnera, en este contexto, la especialista reiteró que una de los pilares fundamentales para erradicar este fenómeno violento, es la conciencia de clase e inculcar el trato humano en los elementos policiales. 

“Nuestro estado no tiene ausencia de aparatos legales, tenemos protocolos y leyes, el problema es que esto va más allá del marco jurídico y recae en el operador, a esa autoridad que juzga, oprime, detiene y ejerce. Deben dejar de observarse como operadores abstractos y entenderse como personas que participan en el sistema, más que servidores, son ciudadanos.”

Hablar de una violencia estructural, va más allá del individuo que porta un uniforme, es observar un crisol de violencias que existen en el sistema, ¿por qué nuestras instituciones justifican la violencia cuando es desplegada por elementos de seguridad?,  de manera concluyente y reflexiva, es necesario detenerse en la última intervención de Leslie Jiménez, que cuestiona la manera en que el mismo Estado mexicano desconoce la diversidad, interseccionalidad y dimensiones de quienes habitan en nuestro país.. 

“En este caso, la violencia desplegada por elementos de seguridad atiende no solamente al operador, no es la persona, es todo un sistema detrás que lo solapa, lo esconde y lo invisibiliza ¿por qué?, porque lo está haciendo detrás de un uniforme. Como se trata de una violencia estructural, se debe de ver más allá, todo esto es parte de un Estado que no comprende las dimensiones de las personas que habitan y transitan en nuestro país”