El 22 de noviembre, los medios anunciaban la detención de 17 involucrados de fraude bancario a través de una empresa de Call Center ubicado en Avenida Central, en la colonia Valle de Anáhuac en Ecatepec, Estado de México.

“15 mujeres y dos hombres, implicados en fraudes bancarios fueron detenidos tras una denuncia ciudadana. Admitieron que se dedicaban a tramitar tarjetas de crédito (…) los 17, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, señala información de El Universal. 

En una entrevista para Zona Dos, los familiares denuncian que el operativo se realizó bajo circunstancias irregulares, violentando directamente los derechos de las trabajadoras del call center, además, señalan que no tenían conocimiento alguno de la detención, sino fue hasta seis horas después que la policía se comunicó para informar los hechos.

Ante esto, las familias se trasladaron al Ministerio Público para llevar alimentos y esclarecer los hechos, sin embargo, las autoridades se negaron rotundamente y dieron "portazo" a las instalaciones.

Asimismo, los familiares señalan que los empleadores, Alejandra Piña y Oscar Galván fueron liberados rápidamente tras el supuesto pago de un soborno a las autoridades, mientras que las quince empleadas, quedaron privadas de su libertad desde hace más de una semana. 

Con una fianza de $160,000 pesos, las trabajadoras han sido trasladadas al Centro de Readaptación Social, penal de Chiconautla, pese a que no existe ninguna prueba fehaciente que las involucre con el supuesto fraude; los familiares, señalan que no tienen los recursos para pagar esa fianza y tampoco existe certeza alguna de que serán puestas en libertad.

“Fuero contratadas como ejecutivas telefónicas; se dedicaban a la promoción de tarjetas de crédito por lo que no existía sospecha de que fuera algo ilícito. Realizaban tareas de emisión de tarjetas para el banco iNVEX y recibían $1,100 semanales”, señaló uno de los familiares. 

Las familias, se reunieron afuera del reclusorio para exigir su liberación, además, explicaron que este fue el primer empleo de varias mujeres que veían el call center como una oportunidad para ganar algo de dinero ante el desempleo que azota al Estado de México; primer lugar a nivel nacional con 423 mil 825 mexiquenses sin trabajo.

“Es una injusticia que estén viviendo esta desgracia por un delito que no cometieron, les tocó estar en ese lugar por la necesidad de trabajar. Son mujeres, principalmente jóvenes, víctimas de injusticia, brecha de género y falta de oportunidades, algo a lo que las mujeres de Ecatepec se enfrentan”, comentó un familiar. 

De acuerdo a información de Somoselmedio, dos de las jóvenes, se encontraban en su tercer día de capacitación cuando fueron detenidas, también, una de ellas, es una mujer mayor que requiere atención médica por hipertensión. Hoy 29 de noviembre, se definirá la condición de las quince mujeres que fueron privadas de su libertad de manera ilegal. 

Precariedad laboral, informalidad y la justicia como privilegio

El 68% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están en la informalidad, situación, que es altamente preocupante, pues carecen de acceso a múltiples prestaciones, pero además, son altamente vulnerados en cuanto a violación de sus derechos humanos fundamentales y/o laborales, señala el Centro de Investigación en Política Pública. 

Por otra parte, el acceso a la justicia tiene un tinte claro de sexismo, sistemáticamente, la justicia no parte de una manera equitativa para todxs; este poder responde a una jerarquía androcéntrica, señala la abogada Roxana Arroyo. "Todas las personas deben tener derecho a la igualdad de condiciones en el acceso, goce y ejercicio de los derechos sin discriminación por sexo, color, raza, religión", se lee en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“En un sistema como el nuestro, ¿igualdad de qué?”, cuestiona Roxana, abogada feminista, académica, investigadora en temas de derechos humanos, también explica que, el Estado debe verse en una obligación de adoptar las medidas suficientes para la justicia, pero también, priorizar la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. 

La igualdad y la no discriminación por sexo, se convierte en un consustancial de la justicia; el derecho de la mujer a la presunción de la inocencia, a ser arrestada conforme a los principios de la ley, derecho a ser juzgada con perspectiva de género, derecho a ser protegida, derecho a no ser revictimizada y derecho a tribunales competentes”, señala Roxana en ´Acceso a la justicia para las mujeres… el laberinto androcéntrico del derecho´.

En México, 48.8% de las mujeres detenidas sufren una agresión física, psicológica o sexual por parte de las autoridades antes de llegar al Ministerio Pública, siendo Colima, Estado de México y Michoacán las entidades con mayor número de denuncias, señala la ONU. 

El 68% de las autoridades realizan detenciones de manera irregular sin mostrar ordenes o su placa; 43.9% de las personas privadas de su libertad en nuestro país han sido acusadas o implicadas en algún delito que no cometieron, señala la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).