Fiscalía tardará 3 años más
Sin discusión ni debate en el Pleno del Congreso local, incluso sin ninguna postura por parte de los legisladores de oposición, con 26 votos a favor, se aprobó prorrogar por tres años más el proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, por lo que la nueva fecha límite para su conclusión será el 22 de julio de 2028. De acuerdo con el dictamen que leyó la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez, la solicitud se basó en la complejidad de establecer un órgano autónomo con estructura, capacidad operativa y soporte presupuestal propios. Aunque se han logrado avances, dijo, persisten retos en ámbitos legislativos, administrativos, presupuestales, operativos y tecnológicos, que requieren tiempo para consolidarse y garantizar un sistema de procuración de justicia eficaz, independiente y con perspectiva de transformación institucional. La Comisión Interinstitucional de Transición fue instalada desde el 22 de julio de 2022 y debía concretar la transición en un plazo no mayor a dos años; sin embargo, el 18 de julio de 2024 se publicó un Decreto que amplió el plazo a dos años, ahora será hasta 2028, al finalizar el actual sexenio.
Robo de vehículos
Los índices delictivos por robo a vehículos particulares van en crecimiento, de acuerdo con las áreas de investigación y recuperación vehicular en el estado, el municipio de Pachuca es el lugar donde más unidades se roban semanalmente, a pesar de los fallidos intentos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por implementar estrategias de prevención. En el mes de junio, 72 vehículos desaparecieron en la capital hidalguense, y tan solo la semana pasada 36 fueron arrebatados de sus dueños. Este es un hecho preocupante para la población de Pachuca, por mencionar alguno de los problemas que enfrentan los pachuqueños.
Inspecciones en Ceresos de Hidalgo
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con el Sistema Penitenciario, la Sedena y la Guardia Nacional, realizó inspecciones en los 13 Centros de Reinserción Social y en el Centro de Internamiento para Adolescentes como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Las revisiones, que comenzaron el 7 de julio y se realizaron de manera aleatoria, tuvieron como objetivo garantizar el orden y la seguridad dentro de los penales; las autoridades aseguraron que no se encontraron objetos que comprometieran la seguridad. Además, la SSPH desmintió versiones difundidas sobre el propósito de estos operativos.